El diputado Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), aseguró haber recibido “cualquier cantidad” de mensajes de comercializadores de armas y organizaciones que le piden quitarle apoyo al plan para limitar la posesión de esos artefactos.

Así lo aseveró Sánchez, la tarde de este martes, durante una conferencia de prensa que ofreció en compañía de varios miembros de su fracción legislativa.

El congresista relató que, solo el día en que la comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó la iniciativa, recibió en su teléfono celular cerca de 200 mensajes de chat de grupos que adversan el proyecto.

No obstante, sostuvo que él no ha sido el único diputado que ha recibido ese tipo de presiones.

De hecho, se han realizado reuniones en oficinas de otros parlamentarios de la Comisión, donde han asistido hasta 20 grupos diferentes interesados en evitar que la reforma se apruebe.

Sánchez retomó datos suministrados el pasado lunes por el ministro de Seguridad, Michael Soto, cuando visitó la comisión de Seguridad y Narcotráfico para abogar por limitar la tenencia de armas.

Cada año, recordó el representante del PAC, en el país se roban entre 700 y 900 armas.

Originalmente, la comisión había decidido reducir de tres a una la cantidad de armas permitidas por persona. Sin embargo, el pasado lunes, tras escuchar al ministro Soto, los diputados acordaron echar marcha atrás y volver a permitir tres artefactos.

Defiende tenencia

Durante la conferencia de prensa, Julio Mata, de la Asociación de Tenedores de Armas, le indicó al diputado que ni el PAC ni Seguridad han podido demostrar que haya relación directa entre la tenencia de armas legales y los homicidios en el país.

“Tampoco pudieron negar que al que más le han robado armas es al Estado, al Arsenal Nacional, armas y municiones. Eso consta en las publicaciones de los periódicos. La cantidad de armas que les han robado es alarmante, contra las armas sustraídas a particulares”, dijo Mata.

Agregó que la responsabilidad de fiscalización y control sobre las armas es del Estado y que si la Dirección General de Armas y Explosivos quiere fiscalizar dónde está un arma, solo tiene que llamar a su dueño.

De las 250.000 armas que están registradas hoy en Costa Rica, el 57% pertenecen a particulares y el resto de personas jurídicas y del Estado.

Datos de Seguridad indican que hay 5.270 armas inscritas a nombre de 285 empresas de seguridad privada que dejaron de funcionar y cuyo paradero se desconoce.

Según el ministro Michael Soto, el mercado ilícito se alimenta del mercado lícito. En el 2017, 435 homicidios se dieron con arma de fuego, o sea, el 72%.

“De las 435 personas asesinadas ese año con armas de fuego, 29 eran mujeres, 26 eran menores de edad. 316 eran personas jóvenes, entre los 15 y los 35 años”, citó Enrique Sánchez, con datos del Poder Judicial.

El 92,36% de los homicidios se cometieron ese año con armas permitidas, o sea, pistolas y revólveres; 7,64% se hicieron con armas ilegales, como AK-47, mini Uzi, por ejemplo.