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David Gourzong, diputado de Liberación Nacional (PLN), sugiere que el Estado debería incrementar los salarios del sector público mediante el pago de anualidades y actualizaciones por el costo de vida, una vez que el Gobierno supere la actual crisis fiscal.
El limonense es integrante de la Comisión de Gobierno y Administración, donde se discute el proyecto de reforma al empleo público.
Ese plan establecería un salario global para todos los empleados de las instituciones que sea competitivo por sí solo, sin necesidad de los pluses que hoy disparan el gasto por factores como la antigüedad, como ocurre con las anualidades.
“Es que aquí, en esta ley, nosotros lo que deberíamos de establecer son condiciones para que los salarios sean los correctos y que, después de que el país se recupere, pues la cosa vuelva a la normalidad del aumento por inflación y por anualidades”, expuso el verdiblanco.
La anualidad es un pago extra sobre el salario base por cada año laborado. Es un incentivo salarial con un efecto acumulativo que crece conforme pasa el tiempo.
Cuando se le pidió ahondar en su planteamiento sobre anualidades, Gourzong dijo: “No serían pluses, sino el costo de la vida. ¿Usted se imagina en 12 años, que es lo que se proyecta aplicar con esa regla fiscal, qué va a pasar con la devaluación?”.
A partir del 2022, el sueldo de los trabajadores del Estado quedará congelado, según la regla fiscal, hasta que la deuda del Gobierno disminuya.
La regla indica que, cuando la deuda pública supere el 60% el producto interno bruto (PIB), no se le otorgarán a los empleados aumentos por costo de vida en los salarios base, mientras el país no baje de este umbral.
A octubre de este año, la deuda pública alcanzó el 70,9% del PIB, según el ministerio de Hacienda, por lo que el congelamiento se aplicaría en el 2022.
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La brecha entre los salarios de los sectores público y privado alcanzó su punto máximo en el mes de julio.
El sueldo medio en el aparato público subió prácticamente a ¢1,2 millones en julio, mientras que en el sector privado era de poco menos de ¢558.000, de acuerdo con datos del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
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El viernes pasado, el jefe de fracción del PLN, Luis Fernando Chacón, atribuyó a dos diputados de su bancada, Roberto Thompson y Karine Niño, oponerse a la reforma al empleo público.
Chacón alega que sus copartidarios aparecen de último momento, de forma ‘arbitraria y desinformada’, criticando la iniciativa; Niño se molestó porque el jefe de fracción le pidió al Gobierno convocar el proyecto en la agenda de sesiones extraordinarias del Congreso.
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Siempre sobre este proyecto, Gourzong dice creer que debe implementarse el nuevo esquema a los actuales empleados públicos, pero propone que, a aquellos que ganen por debajo del futuro sueldo global, se les dé la opción de emigrar voluntariamente. Aunque reconoce que el cambio podría disparar el gasto público si se hace en corto tiempo.
“Yo apuesto a la línea de que los que están ganando menos, al igual que los empleados nuevos, pasen al salario global y los que están ganando más se les congele el salario, hasta que el salario global los alcance”, expuso.
La versión de texto actual dictaminada en la comisión de Gobierno y Administración, establecería salario global para actuales y futuras contrataciones.
Para los actuales que ganen por encima del nuevo esquema, se le congelaría la remuneración y emigrarían al global cuando este los alcance.
A quienes ganen menos, se les ofrece la opción de pasar voluntariamente el nuevo régimen en un periodo de seis meses posterior a la entrada en vigencia de la norma.
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Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) les advirtió a los diputados que el texto actual golpearía las “precarias finanzas públicas” del país en el corto plazo.
Al aplicar la iniciativa en 30 instituciones del Gobierno Central, el gasto aumentaría en salarios públicos entre un 1% y un 5%, en momentos de fuerte déficit fiscal, dijo el ente contralor.
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A Gourzong se le señaló esa consecuencia de su idea y respondió: “Bueno, bueno, habrá un disparo del gasto, pero se va a hacer porque sería injusto tener funcionarios públicos que no se le estaría pagando lo razonable”.
“Sacrificaríamos a los empleados actuales que tienen experiencia y a los empleados nuevos que vienen 100% preparados y que califican para el puesto, entonces entran ganando el salario global”.
“Deberían tener la prerrogativa de poder acogerse al salario global. Si no quieren, pues, entonces, pueden quedarse con el salario actual y seguir con los pluses.
“Por supuesto que aquí a nadie se le va a bajar, pero si a nadie se la va a bajar, a los que están ganando menos, se les debería subir”, insistió.
Gourzong alega que tampoco es necesario regular ni prohibir las convenciones colectivas en algunas instituciones públicas, en materia salarial, aunque la Sala IV ha encontrado numerosos abusos en estos acuerdos.
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La iniciativa, propuesta por el Gobierno, se dictaminó con 6 votos a favor, incluido el de Gourzong, y 3 en contra el pasado 10 de noviembre.
El limonense cree que sin su voto el proyecto se habría descarrilado, pese a que aún sin su respaldo el texto habría avanzado.
“Si yo no hubiera querido entrarle al tema voto en contra y se archiva. Pude haber votado en contra, cerramos esto y no estaríamos hablando en este momento. Yo estoy en la línea de que haya una discusión de fondo y si tenemos consenso que el proyecto debería avanzar”, finalizó.
