Escuchar
El jefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Abarca Mora, fue elegido como presidente de la comisión especial creada para investigar la presunta corrupción entre constructoras y funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Así lo decidieron hoy los miembros de ese foro, durante la instalación del órgano en el plenario de la Asamblea Legislativa. A favor del socialcristiano votaron seis congresistas, mientras que el frenteamplista José María Villalta tuvo un voto.
Junto con Abarca, fue elegida como secretaria de ese órgano la liberacionista Paola Valladares, con siete votos.
La idea es estudiar en sede política el Caso Cochinilla, así nombrado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El foro, de siete integrantes, estará integrado también por las liberacionistas Franggi Nicolás y Paola Valladares; Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Xiomara Rodríguez, del Partido Restauración Nacional (PRN); José María Villalta, del Frente Amplio, y el independiente Jonathan Prendas.
Este lunes, 42 legisladores aprobaron la moción planteada por Nicolás y Prendas para crear un nuevo órgano legislativo especial que se dedique, específicamente, a investigar una supuesta red de sobornos creada entre constructoras como MECO y H. Solís, junto con varios funcionarios del Conavi.
La propuesta de los legisladores para abrir dicha investigación se presentó desde el pasado lunes 14, cuando el OIJ, junto con el Ministerio Público, dirigieron 57 allanamientos en diferentes puntos del país, entre ellos varias oficinas del Conavi y de las grandes constructoras, así como en otras empresas contratistas de obras viales y una oficina de la Casa Presidencial.
Como parte de las acciones judiciales, las autoridades detuvieron 30 personas, de las cuales aún 28 esperan que se les dicten las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.
La Nación dio a conocer, esta semana, que la Policía Judicial encontró 100 dádivas de diferente tipo a funcionarios de varios niveles en el Conavi, desde pagos en efectivo hasta el financiamiento de desayunos, almuerzos y consumo en bares, así como paseos a hoteles en zona norte y en la playa.
Entre los beneficios que habrían supuestamente buscado los contratistas de obra pública estaban el trámite acelerado de facturas, acceso a información confidencial, preferencia en la asignación de contratos estatales e, incluso, simulación de gastos.
Para entregar las dádivas a los empleados públicos y obtener esos favores, 11 firmas diferentes, empezando por MECO, habrían simulado gastos a través de facturas que le pagaban a la empresa Trac Pesados, de Tobías Arce Alpízar, quien al parecer se movía libremente en una serie de oficinas del Conavi, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) e, incluso, algunas municipalidades.
Entre las compañías que el OIJ identificó que contaron con los servicios de Arce, pieza clave dentro de la supuesta red de corrupción, estuvieron Dinaju S. A., Galindo Solutions S. A., Diseño, Inspección y Consultoría en Carreteras y Obras Civiles (Diccoc), Constructora FCC, Constructora Herrera, Montedes, LGC, Compañía Asesora en Construcción e Ingeniería S. A. (Cacisa), la constructora española Puentes y Calzadas y Constructora Santa Elena de Poás.
La constructora MECO fue la principal empleadora de sus servicios, a través de Trac Pesados, donde Tobías Arce y su hijo, Alex, cobraban por “gastos fantasma”, según el Organismo de Investigación Judicial.
