EscucharEl diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), pidió al presidente Rodrigo Chaves y al ministro de Seguridad, Mario Zamora, “no confundir” a la Fuerza Pública y a la ciudadanía, con sus manifestaciones de que, en Costa Rica, poseer un arma automática de guerra es una “mera contravención”, cuando en realidad es un delito penado con hasta ocho años de cárcel.
“Tener un arma de grueso calibre, o de guerra, no es una contravención, sino un delito contemplado en los artículos 89, 90 y 91 de la Ley de Armas y Explosivos, norma que, en su artículo 25, establece claramente cuáles son las armas prohibidas en nuestro país”, declaró Campos al plenario legislativo.
El congresista expresó preocupación por el hecho de que miembros de la Fuerza Pública y de la ciudadanía crean la afirmación errónea del presidente y su ministro.
“Señores, sí es delito en Costa Rica portar un arma prohibida”, agregó el integrante de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso.
El miércoles, en conferencia de prensa, el ministro de Seguridad, Mario Zamora dijo que el país carece de normativa para sancionar la posesión de armas de guerra o de grueso calibre, y que dicho delito supone una simple contravención.
Chaves lo secundó al decir que, entonces, andar con una AK47 equivale a “andar borracho en un evento público y hacer escándalo”.
El diputado Campos reprochó las expresiones del gobernante y su ministro
El diputado también rechazó las aseveraciones de Chaves y Zamora, de que es urgente aprobar un proyecto de ley que el gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa, para castigar a las personas que posean este tipo de armamento.
Explicó que el expediente legislativo 23.689 no tiene nada que ver con nuevas sanciones para la tenencia de armas de guerra, grueso calibre o que se hayan adquirido de forma ilegal.
“El proyecto de ley que está en Seguridad y Narcotráfico y del cual se está construyendo un texto sustitutivo, porque está malo, no tiene absolutamente nada que ver con las armas que le detienen a las bandas criminales de nuestro país y que, en todo caso, son producto del crimen organizado y del mercado negro”, manifestó.
“Eso no pasa por la legalidad, eso no pasa por un permiso de portación de una R-15″, agregó.
Según Campos, la propuesta del Ejecutivo plantea más controles y más sanciones, pero para las personas que tienen un arma registrada de forma legal y que cuentan con un permiso de portación, emitido por las autoridades.
La iniciativa de ley plantea elevar las penas por posesión ilegal de armas permitidas y aumentar los casos en que una persona no puede acceder a un permiso de portación.
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Sanciones establecidas en la ley
Poseer armas como las AK-47, mencionada por Chaves y Zamora, es un delito que conlleva de cuatro a ocho años de cárcel. Así lo determina el artículo 89 de la Ley de Armas y Explosivos.
La misma pena se aplica para la posesión de todo tipo de arma prohibida descrita en el artículo 25, el cual incluye las que disparan en ráfaga y las semiautomáticas con cargadores de más de 10 tiros.
El acopio de armas prohibidas también está sancionado en el artículo 90 con un castigo de tres a seis años de cárcel, mientras que el 91 impone de tres a ocho años de prisión a quien introduzca el país armas prohibidas o trafique con ellas.
