Escuchar
Con 35 votos a favor y siete en contra, el plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves dispensar de todo trámite un proyecto de ley que libraría del IVA, por un plazo de seis meses, a los productos de la canasta básica, los alquileres de casas y comercios, así como los servicios de agua y electricidad.
Se trata del expediente 21.444, el cual también introduciría el beneficio para la venta de reses vivas, maquinaria, equipo, materias primas, servicios e insumos necesarios para la cadena de producción de bienes de la canasta básica.
Este plan no prevé una fuente alterna para sustituir los fondos que el Gobierno dejaría de percibir por la moratoria.
Los siete votos en contra fueron del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), el cual apoyaba otra propuesta del Ejecutivo, de moratoria de un año, pero restituyendo fondos mediante la eliminación de la exoneración de impuesto de renta que reciben los empleados públicos en el salario escolar.
IVA en turismo
En una seguidilla de mociones aprobadas, los legisladores también acordaron dispensar de trámites parlamentarios cuatro proyectos más, todos para aplazar el cobro del impuesto sobre el valor agregado (IVA) a varios bienes y servicios.
Con aprobación unánime de 42 congresistas, se aprobó darle trámite acelerado al expediente 21.934, el cual plantea postergar la vigencia del IVA para el sector turismo por un año más, para que se mantenga en cero hasta julio del 2021.
Este 1.º de julio, turismo empezó a pagar un 4% y, a partir del próximo año, pagaría un 8% durante un año, para luego llegar a la tarifa general del 13% en el 2022.
La propuesta de Thompson es que el 4% se aplique a partir de julio del 2021, el 8% en julio del 2022 y la tarifa general a partir de julio del 2023.
Recuperación económica
Aunque se dispensaron de trámites cinco iniciativas legales, no todas tienen el ambiente para aprobarse en el plenario.
Además de las dos anteriores, se aprobó allanar el camino al plan de Restauración Nacional sobre recuperación económica, el expediente 21.963, el cual faculta al Ejecutivo para que, en caso de declarar un estado de emergencia o que el país esté en recesión, pueda exonerar totalmente del IVA los arrendamientos que paguen las mipymes, durante un año a partir de la declaratoria de emergencia.
Lo mismo aplicaría para el impuesto que se cobre sobre el suministro de electricidad, tanto residencial como para mipymes, durante estado de emergencia o recesión económica.
Esta dispensa también recibió el voto negativo de siete diputados del PAC.
La iniciativa restauracionista agrega una nueva exoneración, que no existe en la ley vigente, para el consumo de energía eléctrica comercial, industrial, agrícola o para servicios cuando sea inferior a los 560 Kw/h.
De igual forma, el proyecto de Carlos Avendaño y Xiomara Rodríguez agrega una exoneración del IVA para el consumo de agua inferior a 60 metros cúbicos, cuando sea para uso comercial, industrial, agrícola o de servicios.
También, establece que la exención será total cuando el país esté en emergencia o recesión económica.
Finalmente, este plan restauracionista implica la definición de cuatro fases para la atención de una emergencia, a través de una reforma a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.
Actualmente, el artículo 30 de esa ley solo prevé tres fases para la atención de una emergencia nacional: respuesta, rehabilitación y reconstrucción.
El proyecto del PRN agrega una cuarta fase: recuperación económica, que se describiría como un periodo durante el cual las personas y las empresas puedan beneficiarse de las exoneraciones descritas en la ley del IVA.
Planes para beneficiar al sector construcción
En el caso del sector de la construcción, el plenario avaló dispensar de trámites un proyecto de la independiente Ivonne Acuña y otro del jefe liberacionista, Luis Fernando Chacón.
En el caso de la propuesta de Acuña, busca aplazar la entrada en vigencia del IVA a los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil por un año más, luego de que este entrara a regir este 1.° de julio.
Según esa iniciativa, durante los próximos 12 meses aplicaría una exención total y, a mediados del 2021, se cobraría un 4%; luego, a partir del 2022 se cobraría un 8% y, en julio del 2023, ya se aplicaría la tarifa general del IVA, o sea, un 13%.
El beneficio solo aplicaría para los servicios que, a la entrada en vigencia de la Ley del IVA y durante los tres meses posteriores a esa fecha, contaran con los planos debidamente visados por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
La otra iniciativa, promovida por Luis Fernando Chacón, cambia totalmente el transitorio quinto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con el objetivo de hacer un cobro escalonado del IVA a los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción durante el periodo julio 2020-junio 2021 y en adelante.
En este caso, propone que todos los proyectos registrados ante el CFIA entre el 1.º de julio del 2020 y el 30 de junio del 2021 van a estar exonerados del impuesto en ese mismo periodo.
A partir de julio del 2021 empezarán a pagar un 4% y a partir de julio del 2022, un 8%.
Los proyectos registrados entre julio del 2021 y junio del 2022, pagarán un 4% del impuesto durante ese periodo y un 8% a partir de julio del 2022.
En tanto, los proyectos que se registren entre julio del 2022 y junio del 2023, van a pagar una tasa del 8%.
Todos los proyectos tendrán que pagar el 13% a partir de julio del 2023.
Aunque esos expedientes legislativos fueron dispensados de trámites este jueves, deberán esperar la discusión y aprobación en el plenario para la semana del 13 de julio, pues el Congreso se decretó vacaciones para la semana del lunes 6 al viernes 10 de julio.
