EscucharLos diputados aprobaron este lunes una moción para acelerar la discusión del proyecto de ley que busca trasladar $270 millones ociosos del fallido fondo de avales a la ampliación del tramo vial entre Barranca de Puntarenas y Limonal de Guanacaste, en la ruta 1.
La dispensa de trámites fue aprobada de forma unánime por 42 legisladores, luego de que el gobierno la solicitó una semana atrás. Esta dispensa permite que expediente legislativo 24.420 llegue directamente al plenario de la Asamblea Legislativa, donde se le pueden hacer las modificaciones necesarias y aprobarlo.
El préstamo original con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por $300 millones, tenía el objetivo de financiar un fondo de avales que para las empresas afectadas por los efectos económicos de la pandemia de covid-19 pudieran acceder a créditos bancarios.
Un monto de $270 millones se iba a usar para ese fin, mientras que los $30 millones restantes a abonar la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
No obstante, la parte grande se mantiene ociosa porque el gobierno nunca implementó la operación de ese fondo. El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró que finalmente la pandemia pasó y el Sistema Bancario Nacional dio apoyos suficientes a las empresas.
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La petición del gobierno es usar $220 millones para la construcción del tramo Barranca-Limonal, porque ese proyecto quedó desfinanciado al trasladarse los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la construcción de la carretera a San Carlos.
La condición del BID, para pasar los fondos a la zona norte, es que se diera un acuerdo nacional que permitiera no afectar a largo plazo el financiamiento del tramo de la ruta 1.
Con los otros $50 millones del BCIE, el gobierno espera financiar los puentes peatonales de la ruta 32 y otras obras de “conservación vial del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi)”, en algunos cantones de Guanacaste, Puntarenas, Alajuela y Limón.
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Aunque la votación fue unánime, el jefe del Frente Amplio (FA), Antonio Ortega, aseguró que su apoyo fue de buena fe, luego de recibir una carta de Nogui Acosta en la que asegura que ya se trasladó una parte de los recursos para el pago de la deuda estatal con la CCSS.
Ortega enfatizó que están a la espera de conocer que Hacienda traslade el total de los $30 millones reservados para ese pago.
El frenteamplista Jonathan Acuña enfatizó que, para marzo de este año, ya se habían pagado $33 millones en el pago de intereses al BCIE, por haberse tardado dos años en decidir qué hacer con el crédito de fondo de avales.
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“Si pensaban usarlo para otra cosa, se tardaron dos años. Primero querían usarlo no para reactivación económica ni para infraestructura, sino para financiar gastos corrientes”, reclamó el frenteamplista y cuestionó la decisión política de haber engavetado ese crédito.
La jefa oficialista, Pilar Cisneros, adujo que no se utilizaron esos recursos antes porque esperaban un criterio de la Procuraduría General de la República (PGR), que finalmente les aclaró que no podían utilizar ese dinero antes de que se derogue la ley que creó el fondo de avales.
Ella apuntó que ya Hacienda le pagó ¢8.000 millones a la Caja y que está pactado otro abono, para finales de julio, de al menos ¢28.000 millones.
