Este lunes, sin estar frente a frente más que por medios virtuales, los diputados acordaron aprobar un proyecto de ley que permitirá financiar 10.000 nuevas pensiones para adultos mayores en pobreza, mediante el giro del dinero ahorrado con el más reciente recorte a las pensiones de lujo.

Este martes, sería aprobado el proyecto de ley 21.759, el cual originalmente destinaría esos ¢12.000 millones a los programas del gobierno para la lucha contra la pobreza.

Ahora, los recursos serán entregados a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que aumente la cobertura de pensiones del Régimen No Contributivo (RNC), el cual hoy otorga ¢82.000 mensuales a 120.000 adultos mayores.

Originalmente, la iniciativa también pretendía hacer un uso más racional del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), eliminando los destinos específicos. Sin embargo, esa parte será eliminada.

Ahora, el proyecto parte de que los ¢12.000 millones provenientes de la contribución solidaria cobrada a las pensiones de lujo solamente se pueden utilizar en el mismo objetivo: financiar pensiones.

Para hacer esa modificación en el expediente legislativo 21.759, los diputados ya acordaron una moción de fondo que, a través de un texto sustitutivo, no solo cambia el título del proyecto sino su objetivo primordial.

Dicha moción se tendrá que aprobar antes de votar, este martes, el primer debate del proyecto de ley.

El Régimen No Contributivo cubre a personas que no cotizaron durante su vida laboral y que, al llegar a la vejez, se encuentran en condición de pobreza, por no tener recursos suficientes para afrontar sus necesidades.

Ubaldo Carrillo, director de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ya había elevado la petición de que ese ahorro del gobierno en pensiones de lujo se destinara exclusivamente a las pensiones de los más pobres.

El jefe del Partido Restauración Nacional (PRN), Eduardo Cruickshank; el subjefe del Partido Liberación Nacional (PLN), Jorge Fonseca; y la vocera del Partido Acción Ciudadana (PAC), Nielsen Pérez, confirmaron por separado el acuerdo para darle primer debate al proyecto.

“Ya eso se consensuó con Restauración. Estamos de acuerdo. La pega era que se tomaban recursos del rebajo de la contribución solidaria, la ley impulsada por Xiomara Rodríguez, y se destinaban al combate de la pobreza, pero la Sala Constitucional dice que esos recursos deben usarse en materia de pensiones”, explicó Cruickshank.

Fonseca apuntó que había un buen objetivo de desviar esos recursos para un buen fin, pero que se debía respetar la resolución constitucional. “No hubo mayor oposición a que salga, pese a que no es el fin para el que se quería”, agregó el vocero liberacionista.

En febrero, el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Juan Luis Bermúdez, le dijo a La Nación que el financiamiento de los programas de combate a la pobreza son prioritarios, porque ya el presupuesto de las pensiones para los más pobres se había fortalecido en el 2018.

No obstante, el argumento de Carrillo es que, actualmente, hay 40.000 adultos mayores pobres en el país que no reciben una pensión y que, para cubrir las pensiones de esas personas se requiere de ¢40.000 millones al año, porque una pensión del RNC demanda aproximadamente ¢1 millón al año.

Este lunes, Bermúdez apuntó que el impacto de la pandemia del covid-19 tiene un efecto tanto en los ingresos salariales de las familias, por lo que afectaría de forma más intensa a las familias en pobreza, jefeadas por mujeres, con niños y niñas a cargo, y con personas adultas mayores o con discapacidad.

También, apuntó que hay una afectación que se trasmite “por vía institucional” en la disminución de fuentes de financiamiento del Fodesaf y del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) que él preside.

“Esta amenaza a la liquidez de los programas sociales brinda especial relevancia a aquellas iniciativas legislativas que puedan garantizar fuentes de recursos complementarios, como el Plan Proteger (para darle hasta ¢1 billón al Gobierno) y el de fortalecimiento de las pensiones del RNC con los recursos generados por la contribución de las pensiones de lujo”, aceptó.

Desacuerdo sobre proyecto Pagar

En cuanto al proyecto de ley Pagar, que le daría acceso al Gobierno a ¢226.000 millones por los superávits de 11 instituciones públicas, las fracciones sostienen desacuerdos que atrasarían la iniciativa por lo menos una semana más.

Cruickshank manifestó que ha habido preocupación por la oposición de varias instituciones a la iniciativa, como el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

“Nos preocupábamos de que las instituciones no lo avalen, pero algunas han venido cambiando de criterio y ahora la mayoría está de acuerdo. No tenemos ningún inconveniente en que, si la institución está de acuerdo en que le quiten esos recursos, así se haga”, comentó el jefe restauracionista.

El liberacionista Jorge Fonseca explicó que el ICT sí tendría posibilidades de quedar excluido del proyecto, pues se ha considerado la necesidad de recursos que tendrá la entidad para fortalecer el sector turismo cuando pase la crisis por la pandemia del covid-19.

“Se requiere cómo ayudar a ese mismo sector. Lo que se dice es que quitarle esos recursos al ICT condenaría al sector turismo. Fonatel dice lo mismo, pero se está valorando que una sí saldría y la otra no”, indicó el verdiblanco.

Pablo Abarca, socialcristiano que preside la Comisión de Turismo, manifestó que el ICT casi que autofinancia todos sus servicios y no generan un gasto al Presupuesto Nacional, sino que la industria genera su propio recurso.

“Al estar apagada la industria, también el ICT y lo que se proyecta es que la crisis por el covid-19 les va a costar lo que tienen se superávit. Si se toca, luego habría que presentar un plan de gastos extraordinario para no echar gente ni cancelar la promoción turística”, dijo Abarca.

El oficialista Víctor Morales Mora reconoció que la discusión sobre el proyecto Pagar se complicó por la posición del ICT y de la Sutel sobre el acceso del Gobierno a recursos del Fonatel y de los suyos propios.