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Con 30 votos a favor y 22 en contra, los diputados aprobaron una moción, dentro del proyecto de regulación de huelgas, que permitirá suspender el pago de salarios a los sindicalistas durante este tipo de movimientos.
El plenario aprobó una moción de reiteración del legislador Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la cual establece que los contratos laborales se suspenden las huelgas, por lo que los trabajadores no están obligado a laborar y los patronos no están obligados a pagar los sueldos.
Según la redacción aprobada, si luego la huelga es declarada legal por un juez, porque obedeció a un incumplimiento del patrono, este deberá pagar en retroactivo los salarios correspondientes a los días de huelga.
El texto agrega que esa última disposición no aplica para servicios esenciales, pues en estos las huelgas son ilegales.
Actualmente, aunque una huelga sea declarada ilegal, los sindicalistas no reciben sanción alguna cuando los jueces de Trabajo se pronuncian.
Los jueces les dan a los huelguistas 24 horas para regresar a laborar antes de que se apliquen rebajos salariales, lo que no suele suceder.
El proyecto original del diputado Carlos Ricardo Benavides, de Liberación Nacional (PLN), establecía que, si la huelga es declarada ilegal, el patrono podría rebajar los salarios en forma retroactiva desde el día en que solicitó la declaratoria a un juzgado.
Los votos a favor provinieron de:
-10 diputados de Liberación Nacional (PLN): Carlos Ricardo Benavides, Silvia Hernández, Wagner Jiménez, Roberto Thompson, Luis Fernando Chacón, Luis Antonio Aiza, Ana Lucía Delgado, Jorge Luis Fonseca, Gustavo Viales y Yorleny León
-7 de la Unidad Social Cristiana (PUSC): Pedro Muñoz, Erwen Masís, María Inés Solís, Pablo Abarca, María Vita Monge, Aracelly Salas y Rodolfo Peña
-6 de Acción Ciudadana (PAC): Laura Guido, Nielsen Pérez, Enrique Sánchez, Carolina Hidalgo, Welmer Ramos y Catalina Montero
-4 del bloque fabricista Nueva República (PNR): Harllan Hoepelman, Ivonne Acuña, Marulin Azofeifa y Jonathan Prendas
-1 del Republicano Social Cristiano (PRSC): Otto Roberto Vargas
-1 de Integración Nacional (PIN): Zoila Rosa Volio
-1 del independiente Erick Rodríguez Steller
Los votos en contra provinieron de:
-7 de Restauración Nacional (PRN): Carlos Avendaño, Mileidy Alvarado, Floria Segreda, Melvin Núñez, Eduardo Cruickshank, Giovanni Gómez y Xiomara Rodríguez
-4 del PLN: María José Corrales, Paola Valladares, Aida Montiel y David Gourzong
-3 del PAC: (Luis Ramón Carranza, Mario Castillo y Paola Vega)
-3 del bloque fabricista PNR: Carmen Chan, Ignacio Alpízar y Nidia Céspedes
-2 del PUSC: Óscar Cascante y Shirley Díaz
-1 del PIN: Patricia Villegas
-1 del PRSC: Dragos Dolanescu
-1 del Frente Amplio: José María Villalta
Este cambio fue aprobado durante la discusión de mociones de reiteración. El plenario prevé someter el texto a primer debate este mismo martes.
El diputado Carlos Ricardo Benavides, presidente de la Asamblea Legislativa, afirmó que, en el sector público, los sistemas de pago normalmente no van a permitir que se suspenda el pago de salarios.
“Lo que va a suceder es que, aunque no se quiera pagar, se va a pagar. En los sistemas de la función pública no es fácil”, alegó.
Por tanto, el plenario aprobó por unanimidad, con 50 votos, una moción suya que agregó al artículo 379 del Código de Trabajo lo siguiente: “En caso de que el jerarca determine que resulta más conveniente para satisfacer el fin público, se podrá acordar la reposición parcial o total del tiempo no laborado, para cuyo efecto dicho jerarca emitirá una resolución razonada que especificará la forma en que se llevarán a cabo las labores, sus responsables y los mecanismos de supervisión de dicha reposición”.
En este proceso de mociones de reiteración, los diputados también tomaron las siguientes determinaciones:
Huelgas de 21 días en educación:
Entonces, la educación continuaría en una categoría llamada servicio estratégico, en la que se permiten huelgas hasta por 21 días naturales consecutivos o 10 días discontinuos.
Se permiten huelgas contra políticas públicas:
Asimismo, se protege el derecho de realizar, fuera de horas laborales, marchas, concentraciones, mítines u otras manifestaciones sin ninguna restricción tanto de personas organizadas como de independientes.
El debate previo sobre salarios
Durante el debate, Pedro Muñoz afirmó que su propuesta no era una novedad, pues la suspensión de salarios ya está establecida en el artículo 386 del Código de Trabajo, el cual establece que los patronos serán condenados a pagar los salarios correspondientes a los días de huelga si el movimiento se debió a un incumplimiento de su parte.
"Hemos tenido aplicaciones antojadizas y arbitrarias de la ley, incluso claramente en contra de la ley. Mi moción busca justicia, legalidad y cumplimiento del ordenamiento jurídico.
“Esta aplicación errónea de las normas dicha ha producido desasosiego, injusticia, muertes y una huelga en educación que duró tres meses con un daño irreparable para nuestra juventud”, agregó Muñoz, quien sostuvo que los tribunales han dejado ese artículo 386 en letra muerta.
La liberacionista Yorleny León dijo que, con esta moción, ella no falta a la palabra que le dio a los sindicatos con los que sostuvo negociaciones.
“Esta moción nunca estuvo en esa mesa de negociación con los sindicatos, porque se propuso después”, afirmó.
Por su parte, la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, se pronunció en contra al afirmar que “se quiere sacrificar a los trabajadores de piñeras, de empresas agrícolas, manufactureras, que les pagan día a día”.
"Los del privado no pueden estar un mes en la calle, como sí lo hace el sector público. Yo como militante del PAC no puedo votar esto y pongo en duda mi apoyo al proyecto si conlleva esto.
“Esto vulnera los derechos de la gente más humilde de este país, es la gente que se vería afectada. Apoyando esta moción perversa del PUSC lo que se hace es violentar un proceso de convención colectiva y, segundo, sacrifica a los más pobres, sé que no les importa porque solo vienen a representar a clientes de sus bufetes”, dijo.
“La Sala IV ha sido clara, el rebajo solo se puede dar después de que se declare ilegal una huelga”, continuó Vega.
Catalina Montero, del PAC, fue en un sentido contrario a su compañera de fracción. Ella afirmó que es una decisión y un derecho del trabajador declararse en huelga, pero no tienen opción las personas que tienen cita de salud o los niños que necesitan ir a la escuela.
Tenemos que hacer una diferenciación, hay más partes involucradas en esta decisión.
Está el derecho a la huelga, al trabajo, a la educación, a la salud, a transitar libremente por las calles, de poder llegar al centro de estudio y al centro de salud. No se está limitando el derecho a huelga, ya lo dijo la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Si yo decido irme a huelga, no se me va a pagar, a menos que se declare esa huelga legal.
Erwen Masís declaró que “esta Asamblea tiene vocación reformista” y que no se sorprendan los costarricenses por los cambios que están haciendo, incluso en este proyecto sobre las huelgas.
Por su parte, Paola Valladares, del PLN, votó en contra y afirmó: “Esto no es y nunca ha sido Liberación Nacional, un parlamento que venga a legislar para unos pocos. Esto es coacción”.
Shirley Díaz y Óscar Castante, del PUSC, también se pronunciaron en contra.
