EscucharA la luz de los últimos señalamientos de supuesta penetración del narcotráfico en instituciones públicas y la política, conocidos como Caso Azteca, diputados de la comisión legislativa especial que investiga este tipo de denuncias admiten que se quedaron cortos en sus indagatorias. Los congresistas lamentan que no se haya convocado a representantes de los partidos políticos para indagar su posible relación o no con sospechosos de narcotráfico, y que tampoco se ampliaran las comparecencias con funcionarios de las municipalidades.
En cambio, el 28 de setiembre, con seis votos a favor y uno en contra, la Comisión especial sobre supuesta penetración del narco en la política aprobó cerrar la investigación y pasar directo a la etapa de redacción de informes, sin aprobar nuevas entrevistas a personas que puedan aportar datos.
De momento los diputados del foro, creado el 15 de abril a raíz de la visita del legislador verdiblanco Gustavo Viales a la casa de un supuesto líder narco, en San Joaquín de Flores, Heredia, elaboran informes que serían votados por el fondo el 30 de noviembre, cinco meses antes de que se agotara el plazo máximo para hacerlo.
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Sin embargo, Otto Roberto Vargas, diputado del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), reconoce que “no llegamos a investigar ningún problema de fondo”, por lo que el foro “nunca cumplió con su cometido. (...) Todos aprovecharon la oportunidad para denigrar a su adversario y llevar agua para su molino. Ciertamente la comisión no era sala de juicio ni nosotros jueces de la República, ni teníamos la posibilidad de condenar a nadie. Podíamos hacer una recomendación de tipo política, pudimos haber hecho más”, lamentó el republicano.
El 7 de setiembre, una moción de la restauracionista Floria Segreda para desconvocar la comparecencia de cuatro alcaldes, generó un pleito entre el independiente Erick Rodríguez Steller y el diputado oficialista Luis Ramón Carranza. El primero estaba a favor y el segundo en contra. Ambos se enfrascaron en ataques personales. Carranza le pidió a Rodríguez “conectar la lengua con el cerebro”. Este le respondió que “usted no me viene a decir cómo hablar” porque “yo soy abogado y economista y usted es periodista nada más”.
La moción finalmente aprobada abortó los interrogatorios de los alcaldes Jorge Alberto Cole (PLN), de Osa; José Bernardino Rojas (PLN), de Buenos Aires; Freiner Lara (PUSC), de Golfito; y Steven Barrantes (PLN), de Coto Brus. Ese día, los diputados también libraron de interrogar a dos sospechosos de tráfico de drogas y lavado de dinero, así como de cuatro alcaldes.
Los convocados eran Alejandro Cartín Ramírez y Robert Soto Rivera, señalados de integrar una supuesta banda que entabló contactos con diversos políticos en busca de ayuda para sus negocios, entre estos el legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Óscar Cascante. El caso es conocido como Turesky.
Carranza, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), proponente de la comisión, criticó que el espíritu para el cual fue creada “nunca se cumplió”. “Teníamos una mayoría de diputados evitando cualquier proceso que tocara a los partidos políticos”, señaló.
El rojiamarillo lamentó que no se haya permitido interrogar a funcionarios de la Municipalidad de Corredores para que ampliaran sobre la aparición de un puente fantasma en una finca de Darwin González Hernández. Este último fue arrestado por la Policía Judicial el 6 de abril bajo el cargo de liderar una organización dedicada al tráfico nacional e internacional de drogas, así como al lavado de dinero.
Sobre esta denuncia específica compareció el alcalde Carlos Viales, quien presentó documentos oficiales para asegurar que la municipalidad no estuvo involucrada en dicha construcción, con lo cual una mayoría del foro se dio por satisfecha.
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Jorge Luis Fonseca, del Partido Liberación Nacional (PLN), reconoció que “el camino de esa comisión se desvió porque al final terminó en enfrentamientos personales entre los diputados”. Hay un cumplimiento parcial del mandato del plenario”, matizó el verdiblanco.
Defensa en solitario
Solo la independiente Zoila Rosa Volio defendió la labor del grupo que ha dirigido. En su opinión, tenían un mandato limitado. “No sé si usted sabe pero el objetivo ya fue cumplido. Es investigar las denuncias sobre el financiamiento del narcotráfico a algunas campañas de alcaldes y regidores de la zona sur. Era un objetivo específico.
“Es como la cancha que nos marcó en el plenario y no podemos salir de ahí. Muchos creen que era investigar el narcotráfico en la política, pero había un marco definido“, reiteró la presidenta de la comisión.
En realidad, el mandato del foro especial era mucho más amplio. Tenía el objetivo de indagar las denuncias sobre supuesta penetración del narcotráfico en municipalidades de la zona sur y otros territorios, posibles vínculos con el financiamiento a los partidos políticos y el favorecimiento de las autoridades a esos grupos delictivos, de acuerdo con la moción aprobada por 49 diputados del plenario.
Además, Volio justificó que, por ser un foro político y estar los casos en investigación judicial, no se podían ampliar las indagatorias.
No obstante, Carranza reprochó esa afirmación. “El caso Cochinilla también está judicializado y no se ha impedido que alguien comparezca en la comisión especial”, comparó el oficialista.
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A pesar de los enfrentamientos entre legisladores, la comisión recibió a funcionarios del Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), diputados y exdiputados, un ministro, un alcalde, una embajadora y un expresidente de la República, entre otros.
Los legisladores resaltaron algunos avances en esas discusiones. De las comparecencias de los jerarcas jerarcas judiciales y de seguridad, por ejemplo, se detectaron vacíos en la legislación, cierta descoordinación entre la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y el OIJ, citó Volio.
