Al regresar a sus labores, los diputados deberán resolver el nombramiento de dos magistrados clave en la Corte Suprema de Justicia: uno para la Sala IV y otro para la Sala III.
En el caso de la Sala Constitucional, una silla está vacante desde el 29 de octubre del 2015, cuando se jubiló el juez Gilbert Armijo, lo que ha obligado al alto tribunal a echar mano de magistrados suplentes.
En cuanto al magistrado de la Sala III, los diputados deben suplir la ausencia de José Manuel Arroyo, quien se pensionó el último día laboral de diciembre pasado. Él, además, fungía como vicepresidente de la Corte.
LEA: Congreso arrastra un año sin nombrar magistrado
La falta de acuerdo entre las nueve bancadas legislativas ha extendido la decisión sobre la Sala IV durante un año y dos meses. Ahora, a esa discusión se le agregará la de un nombramiento en el máximo juzgado que decide sobre asuntos penales.
A esto se suma el hecho de que este 2017 rompen los fuegos electorales en el Congreso de cara a las elecciones presidenciales de febrero del 2018, situación que aumenta el cálculo político de decisiones que requieren de 38 votos, mayoría calificada.
Se intentó conocer la posición de la Presidenta de la Corte, Zarela Villanueva, sobre la trascendencia de los nombramientos en tiempo electoral tanto en la política nacional como en la Corte.
Sin embargo, fue su director director de Despacho Roger Mata , quien contestó en los siguientes términos:
Clark incluso puso en duda que los actuales diputados puedan elegir a estos magistrados: “Siempre ha sido una responsabilidad grande, cualquier magistrado tiene una gran responsabilidad. Me preocupa que no logremos ponernos de acuerdo rápidamente para que logremos nombrarlos”.
Por su parte, el diputado de Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, considera que se debe hacer una reflexión profunda de los candidatos, pues a su entender, el Congreso ha fallado en la elección de magistrados en el pasado, y lanzó una crítica directa al actual cuerpo de integrantes de la Corte.
Solís reclama que los magistrados no hayan presentado una posición flexible en cuanto a la reducción de pensiones en el Poder Judicial, y cuestionó los intereses que mueven a los altos jueces.
“El juez por naturaleza debe estar por encima de los demás ciudadanos, porque juzgan. Hemos fallado, escogiendo magistrados. Es cierto que cuando se tocaron los colones (discusión de disminución de pensiones), salieron a defender sus intereses. Es un año difícil que avergüenza la gestión de la Corte Suprema de Justicia”, dijo Solís.
Para el fundador del PAC, la elección requiere de una “reflexión profunda. Yo que he creído que es una dicha que sean reelectos de por vida, estoy reconsiderando mi posición, pues esta camada de magistrados, una buena parte, avergüenza al Poder Judicial”, dijo Solís.
El año pasado, el debate por la discusión de un plan de ley para reducir las pensiones del Poder Judicial topó con una dura resistencia de altos miembros de la Corte, como la propia presidenta, Zarela Villanueva, y el presidente de la Sala IV, Ernesto Jinesta.
En junio pasado, durante una sesión de Corte Plena, Jinesta manifestó: “Estamos llamados a decirle a la Asamblea que respete nuestra independencia, que nuestras jubilaciones no se tocan, que no pueden ser pauperizadas o diezmadas, no pueden ser jubilaciones indignas para el sacrificio que supone el ejercicio de la función jurisdiccional”.
LEA: Diputados ven graves y preocupantes los ataques de magistrados a recortes en pensiones
Para Solís, este precedente no se debe pasar por alto, a pesar de que el Poder Judicial hizo público el acuerdo de que se iban a apartar de la discusión legislativa sobre el recorte a las pensiones de ese poder.
En el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la designación reviste una responsabilidad extraordinaria, en vista de que los futuros designados deberán, a su vez, tomar decisiones sobre la elección de quien ocupará la presidencia y la vicepresidencia de la Corte.
“Son personas que tendrán gran responsabilidad no solo en sus respectivas Salas, sino también como parte del gobierno del sistema judicial, por lo que deben ser garantía de independencia y de aplicación objetiva del derecho”, aseveró el jefe de fracción del PUSC, Gerardo Vargas.
Cada partido, dependiendo de su posición ideológica y de su visión de Estado, ampliará la pugna entre los legisladores para lograr el número mínimo de 38 votos con que se elige un alto juez por un periodo de 8 años.
En el caso de Otto Guevara, jefe de fracción del Movimiento Libertario, el tema ideológico debe ser tomado en cuenta a la hora de elegir.
“Para la Sala IV debería ser una persona con estudios y práctica en derecho constitucional. Incluso debería ser liberal para balancear ideológicamente la Sala. Para la III, debería ser una persona que considere que hay que aplicar mano dura contra la delincuencia y que tome en cuenta los derechos de las víctimas”, recalcó Guevara.
En tanto, el diputado de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), Mario Redondo, puso énfasis en la urgencia de no dar largas a estos nombramientos.
"Creo que el Congreso no debe postergar esas decisiones, claves las dos. Yo deseo que sean designadas personas objetivas, de alto nivel, conocedoras del derecho y de nuestra realidad", dijo el congresista.
Otro factor que incide en la decisión, es el debate interno en la Corte Suprema de Justicia por la elección de quién ocupará la presidencia del Poder Judicial a partir de mayo, cuando se vence el nombramiento de la magistrado Zarela Villanueva.
En proceso.
De momento, los diputados deben seguir el proceso de elección de ambos magistrados. En cuanto a quien deberá ir a la Sala IV, los diputados tienen camino avanzado, pues la Comisión de Nombramientos de la Asamblea emitió desde el 8 de febrero pasado un dictamen que recomienda tres nombres para suplir a Armijo.
Los recomendados son los siguientes:
- Patricia White Curling, abogada de 54 años, con 18 de trabajar en el Poder Judicial y especialista en administración pública.
- Román Navarro Fallas, abogado de 53 años, doctor en Derecho Público de la Universidad Carlos III de Madrid (España); y
- Rosa María Abdelnour Granados, abogada de 58 años, doctora en Derecho y quien ya se ha desempeñado como magistrada suplente de la Corte.
En lo que corresponde a la vancante de la Sala III, el proceso está apenas por iniciar, pues la Corte aún no envía la notificación y solicitud de nombramiento al Congreso, una situación prevista para las próximas semanas.
En el caso de la Sala Constitucional, el nombramiento se arrastra desde el 29 de octubre del 2015, cuando los diputados recibieron una nota de la Corte en que se pedía elegir a un magistrado que supliera al juez Gilbert Armijo, que se acogía a su jubilación.
Desde entonces, ese alto tribunal quedó a expensas de votar los asuntos con un magistrado suplente.
En cuanto al magistrado de la Sala III, los diputados deben suplir la ausencia de José Manuel Arroyo, quien además, fungía como vicepresidente del Poder Judicial, y se acogió a su jubilación el último día laboral de diciembre pasado.
La falta de acuerdos entre los diputados de las nueve bancadas legislativas incrementa la incertidumbre, pues si en un año y dos meses no han podido llegar elegir a un magistrado, el acuerdo necesario para elegir a dos, lo vuelve aún más difícil.
A esto se suma el hecho de que este 2017 rompen los fuegos electorales en el Congreso de cara a las elecciones presidenciales de febrero del 2018, situación que aumenta el cálculo político en cada decisión.
Un tercer elemento que complica la decisión, es el intenso lobby que se hace desde la Corte Suprema de Justicia, donde de por medio, está la elección de quien ocupará la presidencia del Poder Judicial a partir de mayo, cuando se vence el nombramiento de la magistrado Zarela Villanueva.
Un perfil difícil de llenar.
La decisión sobre quién será el nuevo titular tanto de la Sala III como IV, lleva a los diputados a una discusión sobre el perfil a llenar.
Cada partido, dependiendo de su posición ideológica y de su visión de Estado, ampliará la pugna entre los legisladores para lograr el número mínimo de 38 votos con que se elige un alto juez por un periodo de 8 años.
Para la jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Maureen Clark, las circunstancias apuntadas sobre el calendario electoral, la posición ideológica, y la falta de acuerdos demostrados en esta área hasta ahora, harán que este 2017 sea un año complicado para negociación.
Clark incluso puso en duda de que los actuales diputados puedan llenar las vacantes de la Corte.
“Siempre ha sido una responsabilidad grande, cualquier magistrado tiene una gran responsabilidad. Me preocupa que no logremos ponernos de acuerdo rápidamente para que logremos nombrarlo”, dijo la verdiblanca.
“Entre más pronto que sea ese nombramiento, mejor para el funcionamiento normal del Poder Judicial y para los acuerdos que se logren en la Asamblea”, añadió.
Por su parte, el diputado del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, considera que se debe hacer una reflexión profunda de los candidatos, pues a su entender, el Congreso ha fallado en la elección de magistrados en el pasado, y lanzó una crítica directa al actual cuerpo de integrantes de la Corte.
Solís reclama que los magistrados no hayan presentado una posición flexible en cuanto a la reducción de pensiones en el Poder Judicial, y cuestionó los intereses que mueven a los altos jueces.
“El juez por naturaleza debe estar por encima de los demás ciudadanos, porque juzgan. Hemos fallado, escogiendo magistrados. Es cierto que cuando se tocaron los colones (discusión de disminución de pensiones), salieron a defender sus intereses. Es un año difícil que avergüenza la gestión de la Corte Suprema de Justicia”, dijo Solís.
Para el fundador del PAC, la elección requiere de una “reflexión profunda. Yo que he creído que es una dicha que sean reelectos de por vida, estoy reconsiderando mi posición, pues esta camada de magistrados, una buena parte, avergüenza al Poder Judicial”, dijo Solís.
Cabe recordar que el debate por la discusión de un plan de ley para reducir las pensiones de los jerarcas del Poder Judicial el año pasado, topó con una dura resistencia de altos miembros de la Corte, como la propia presidenta, Zarela Villanueva, y el presidente de la Sala IV, Ernesto Jinesta.
En junio pasado, durante una sesión de Corte Plena, Jinesta manifestó: “Estamos llamados a decirle a la Asamblea que respete nuestra independencia, que nuestras jubilaciones no se tocan, que no pueden ser pauperizadas o diezmadas, no pueden ser jubilaciones indignas para el sacrificio que supone el ejercicio de la función jurisdiccional”.
Para Solís, este precedente no se debe pasar por alto. Esto a pesar de que en una declaración del Poder Judicial a finales de junio, la Corte hizo público el acuerdo de que se iban a apartar de la discusión legislativa sobre el recorte a las pensiones de ese poder.
En el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la designación reviste una responsabilidad extraordinaria, en vista de que los futuros designados deberán, a su vez, tomar decisiones sobre la elección de quien ocupará la presidencia y la vicepresidencia de la Corte.
“Son personas que tendrán gran responsabilidad no sólo en sus respectivas Salas, sino también como parte del gobierno del Sistema Judicial, por lo que deben ser garantía de independencia y de aplicación objetiva del derecho”, aseveró el jefe de fracción del PUSC, Gerardo Vargas.
En el caso de Otto Guevara, jefe de fracción del Movimiento Libertario, el tema ideológico debe ser tomado en cuenta a la hora de elegir.
“Para la Sala IV debería ser una persona con estudios y práctica en derecho constitucional. Incluso debería ser liberal para balancear ideológicamente la Sala. Para la tercera debería ser una persona que considere que hay que aplicar mano dura contra la delincuencia y que tome en cuenta los derechos de las víctimas”, recalcó Guevara.
En proceso.
De momento, los diputados deben seguir el proceso de elección de ambos magistrados. En cuanto a quien deberá ir a la Sala IV, los diputados tienen camino avanzado, pues la Comisión de Nombramientos de la Asamblea emitió desde el 8 de febrero pasado un dictamen que recomienda tres nombres para suplir a Armijo.
Los recomendados son los siguientes:
- Patricia White Curling, abogada de 54 años, con 18 de trabajar en el Poder Judicial y especialista en administración pública.
- Román Navarro Fallas, abogado de 53 años, doctor en Derecho Público de la Universidad Carlos III de Madrid (España); y
- Rosa María Abdelnour Granados, abogada de 58 años, doctora en Derecho y quien ya se ha desempeñado como magistrada suplente de la Corte.
En lo que corresponde a la vancante de la Sala III, el proceso está apenas por iniciar, pues la Corte aún no envía la notificación y solicitud de nombramiento al Congreso, una situación prevista para las próximas semanas.
A su regreso, los diputados enfrentarán el nombramiento de dos magistrados clave en el funcionamiento de la Corte: uno para la Sala IV y otro para la Sala III.
En el caso de la Sala Constitucional, el nombramiento se arrastra desde el 29 de octubre del 2015, cuando los diputados recibieron una nota de la Corte en que se pedía elegir a un magistrado que supliera al juez Gilbert Armijo, que se acogía a su jubilación.
Desde entonces, ese alto tribunal quedó a expensas de votar los asuntos con un magistrado suplente.
En cuanto al magistrado de la Sala III, los diputados deben suplir la ausencia de José Manuel Arroyo, quien además, fungía como vicepresidente del Poder Judicial, y se acogió a su jubilación el último día laboral de diciembre pasado.
La falta de acuerdos entre los diputados de las nueve bancadas legislativas incrementa la incertidumbre, pues si en un año y dos meses no han podido llegar elegir a un magistrado, el acuerdo necesario para elegir a dos, lo vuelve aún más difícil.
A esto se suma el hecho de que este 2017 rompen los fuegos electorales en el Congreso de cara a las elecciones presidenciales de febrero del 2018, situación que aumenta el cálculo político en cada decisión.
Un tercer elemento que complica la decisión, es el intenso lobby que se hace desde la Corte Suprema de Justicia, donde de por medio, está la elección de quien ocupará la presidencia del Poder Judicial a partir de mayo, cuando se vence el nombramiento de la magistrado Zarela Villanueva.
Un perfil difícil de llenar.
La decisión sobre quién será el nuevo titular tanto de la Sala III como IV, lleva a los diputados a una discusión sobre el perfil a llenar.
Cada partido, dependiendo de su posición ideológica y de su visión de Estado, ampliará la pugna entre los legisladores para lograr el número mínimo de 38 votos con que se elige un alto juez por un periodo de 8 años.
Para la jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Maureen Clark, las circunstancias apuntadas sobre el calendario electoral, la posición ideológica, y la falta de acuerdos demostrados en esta área hasta ahora, harán que este 2017 sea un año complicado para negociación.
Clark incluso puso en duda de que los actuales diputados puedan llenar las vacantes de la Corte.
“Siempre ha sido una responsabilidad grande, cualquier magistrado tiene una gran responsabilidad. Me preocupa que no logremos ponernos de acuerdo rápidamente para que logremos nombrarlo”, dijo la verdiblanca.
“Entre más pronto que sea ese nombramiento, mejor para el funcionamiento normal del Poder Judicial y para los acuerdos que se logren en la Asamblea”, añadió.
Por su parte, el diputado del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, considera que se debe hacer una reflexión profunda de los candidatos, pues a su entender, el Congreso ha fallado en la elección de magistrados en el pasado, y lanzó una crítica directa al actual cuerpo de integrantes de la Corte.
Solís reclama que los magistrados no hayan presentado una posición flexible en cuanto a la reducción de pensiones en el Poder Judicial, y cuestionó los intereses que mueven a los altos jueces.
“El juez por naturaleza debe estar por encima de los demás ciudadanos, porque juzgan. Hemos fallado, escogiendo magistrados. Es cierto que cuando se tocaron los colones (discusión de disminución de pensiones), salieron a defender sus intereses. Es un año difícil que avergüenza la gestión de la Corte Suprema de Justicia”, dijo Solís.
Para el fundador del PAC, la elección requiere de una “reflexión profunda. Yo que he creído que es una dicha que sean reelectos de por vida, estoy reconsiderando mi posición, pues esta camada de magistrados, una buena parte, avergüenza al Poder Judicial”, dijo Solís.
Cabe recordar que el debate por la discusión de un plan de ley para reducir las pensiones de los jerarcas del Poder Judicial el año pasado, topó con una dura resistencia de altos miembros de la Corte, como la propia presidenta, Zarela Villanueva, y el presidente de la Sala IV, Ernesto Jinesta.
En junio pasado, durante una sesión de Corte Plena, Jinesta manifestó: “Estamos llamados a decirle a la Asamblea que respete nuestra independencia, que nuestras jubilaciones no se tocan, que no pueden ser pauperizadas o diezmadas, no pueden ser jubilaciones indignas para el sacrificio que supone el ejercicio de la función jurisdiccional”.
Para Solís, este precedente no se debe pasar por alto. Esto a pesar de que en una declaración del Poder Judicial a finales de junio, la Corte hizo público el acuerdo de que se iban a apartar de la discusión legislativa sobre el recorte a las pensiones de ese poder.
En el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la designación reviste una responsabilidad extraordinaria, en vista de que los futuros designados deberán, a su vez, tomar decisiones sobre la elección de quien ocupará la presidencia y la vicepresidencia de la Corte.
“Son personas que tendrán gran responsabilidad no sólo en sus respectivas Salas, sino también como parte del gobierno del Sistema Judicial, por lo que deben ser garantía de independencia y de aplicación objetiva del derecho”, aseveró el jefe de fracción del PUSC, Gerardo Vargas.
En el caso de Otto Guevara, jefe de fracción del Movimiento Libertario, el tema ideológico debe ser tomado en cuenta a la hora de elegir.
“Para la Sala IV debería ser una persona con estudios y práctica en derecho constitucional. Incluso debería ser liberal para balancear ideológicamente la Sala. Para la tercera debería ser una persona que considere que hay que aplicar mano dura contra la delincuencia y que tome en cuenta los derechos de las víctimas”, recalcó Guevara.
En proceso.
De momento, los diputados deben seguir el proceso de elección de ambos magistrados. En cuanto a quien deberá ir a la Sala IV, los diputados tienen camino avanzado, pues la Comisión de Nombramientos de la Asamblea emitió desde el 8 de febrero pasado un dictamen que recomienda tres nombres para suplir a Armijo.
Los recomendados son los siguientes:
- Patricia White Curling, abogada de 54 años, con 18 de trabajar en el Poder Judicial y especialista en administración pública.
- Román Navarro Fallas, abogado de 53 años, doctor en Derecho Público de la Universidad Carlos III de Madrid (España); y
- Rosa María Abdelnour Granados, abogada de 58 años, doctora en Derecho y quien ya se ha desempeñado como magistrada suplente de la Corte.
En lo que corresponde a la vancante de la Sala III, el proceso está apenas por iniciar, pues la Corte aún no envía la notificación y solicitud de nombramiento al Congreso, una situación prevista para las próximas semanas.