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Los diputados aprobaron en primer debate, el mediodía de este martes, un proyecto que amplía el plazo de reducción de la jornada laboral para empleados de la industria turística y que, en el último momento, incluyó a los sectores artístico, cultural y de transporte público,
Dichos sectores fueron incorporados gracias a una moción presentada, al final del trámite, por los diputados María Inés Solís, Pedro Muñoz y Rodolfo Peña, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Karine Niño y Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN).
También, se incluyó una propuesta del legislador José María Villalta, del Frente Amplio (FA), para establecer mecanismos entre el patrono y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que permitan fiscalizar el cumplimiento de las regulaciones en materia legal.
Además, permite que dicha cartera realice inspecciones de oficio al centro de trabajo.
El proyecto establece, principalmente, la extensión de la reducción de jornadas por hasta 12 meses, en periodos de tres meses extensibles solo con la autorización del Ministerio de Trabajo.
Trabas y atrasos
El expediente 22.405 lo presentó la socialcristiana María Inés Solís. Se pretendía aprobar antes de que empezara abril, pero el plenario se ha dedicado a evacuar más de 350 mociones presentadas a la reforma sobre empleo público, lo que atrasó su avance.
La prórroga incluso sufrió un traspié este lunes, cuando se preveía su aprobación, porque faltaron 20 congresistas a la sesión y el plenario requiere 38 personas presentes para sesionar; pero solo había 37.
El argumento de los diputados es que el sector turismo es el más afectado por la pandemia de la covid-19.
La medida de reducción de jornada laboral para empleados del sector privado se aplica desde marzo del 2020, y establece que para que un patrono pueda solicitar el beneficio, se deben mantener los efectos de la pandemia.
La última prórroga de esa medida se había aprobado a inicios de enero, para que rigiera durante el primer trimestre del año. El beneficio, sin embargo, venció a finales de marzo.
Entre los comercios que podrían aplicar la reducción figuran hoteles, hospedaje no tradicional, operadores turísticos, agencias turísticas, transportes turísticos, empresas de alquiler de autos, empresas de guías y de aventuras.
También aplica para ventas de artesanías, balnearios, casinos, tiendas en aeropuertos, aerolíneas locales o internacionales, transporte náutico y embarcaciones de pesca deportiva, así como marinas y atracaderos turísticos.
El texto le asigna la potestad a Trabajo para ampliar la lista de actividades a otras que también estén relacionadas con el sector turístico y que necesiten mantener la reducción de las jornadas.
A quienes se les autorice la reducción de la jornada, no podrán establecer horarios laborales fraccionados a las personas sujetas a la reducción, ni pagar horas extra a grupos de trabajadores que no tengan la jornada reducida.
En cuanto al resto del proyecto de ley, se mantiene la normativa vigente para acceder al permiso de reducción de jornada.
Lo anterior significa que una empresa debe comprobar la disminución de al menos un 20% de los ingresos brutos, atribuible a la pandemia del coronavirus para solicitar el beneficio, a cambio de evitar despidos.
En el caso de empresas con disminución de un 60% de sus ingresos brutos, la reducción de la jornada podrá ser hasta de un 75%.
Para entregar las prestaciones e indemnizaciones laborales, el salario que se debe considerar es el anterior a la reducción de jornadas, excepto para otros cálculos de derechos laborales, como vacaciones o aguinaldo.
En el caso de trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia, no se les aplicará esta medida.
¿Es necesario el beneficio para los empresarios autobuseros?
La inclusión de los autobuseros en el proyecto generó discursos de la oficialista Paola Vega, quien enfatizó que esa medida aumentó sus razones para votar en contra del proyecto.
“Estamos legislando sin datos y sin sustento técnico que nos permita generar política pública con base en confirmaciones y un sustento. No sabemos si esto ha tenido un efecto positivo en la calidad de vida de la gente ni a quién ha impactado más o menos”, manifestó.
Vega criticó la falta de esos datos y la falta de la inspección laboral al Ministerio de Trabajo. También, alegó que hay algunos “tagarotes que se benefician de ese proyecto de ley”.
“Se está aprobando otro beneficio aquí para el sector autobusero. No paramos aquí de darle beneficios a ese sector, que lleva años incumpliendo la ley y se niega a implementar el cobro electrónico”, indicó la oficialista.
Agregó Paola Vega que ese sector es el “financista principal de partidos políticos, como el que tengo al frente (PLN) y que sigue incumpliendo con garantizar un transporte público moderno y de calidad”.
“Están muy bien apuntados. El hecho de financiar campañas de verdad les ha puesto un marco de protección, en el Ejecutivo y el Legislativo. Cómo vamos a permitir eso sin datos, sin sustento y sin información, si están laborando con horarios normales. Hace rato que ya la pandemia no les limita las rutas, ni horarios ni nada”, enfatizó Vega.
“¿No les da lástima que las personas que trabajan como choferes de buses son muchas veces las más explotadas?”, preguntó Paola Vega.
Consultado sobre quién pidió incluir a los empresarios de transporte público, el liberacionista Roberto Thompson explicó que él firmó la moción en apoyo a la propuesta de su compañera de bancada, Karine Niño.
“A mí nadie me habló desde afuera. Conversé con doña Karine y estuve de acuerdo en firmarla”, indicó.
Ante la pregunta de si los empresarios de buses han tenido que reducir su personal o necesitan reducir los salarios de sus empleados, a pesar de mantener la frecuencia del servicio de transporte, Thompson respondió que sí tuvo a la mano información sobre la reducción en el número de pasajeros y la afectación del sector.
“Sí la he visto. Es una medida temporal, una extensión de algo que ya se había aprobado en su momento”, indicó.
Este medio intentó conversar con la diputada Niño, pero al cierre no se había podido conversar con ella.
En tanto, el socialcristiano Pedro Muñoz adujo que él solo firmó la moción porque, al ser vecino de curul de María Inés Solís, la firmó en el mismo momento en que ella lo hizo.
