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Los diputados aprobaron este lunes, en primer debate, una reforma que permitirá acceder a un segundo bono de vivienda a las familias que tienen un miembro con discapacidad.
La iniciativa del legislador Pablo Abarca, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), recibió la aprobación unánime de 42 legisladores.
Básicamente, la reforma introduce un inciso b en el artículo 50 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, en el que se establece el derecho para estas familias de acceder a un segundo bono.
La redacción señala que el beneficio se aplicará cuando un miembro tenga una “condición de discapacidad, debidamente certificada, que amerite remodelar, ampliar o mejorar la vivienda para mantener o mejorar su calidad de vida”.
En ese texto, se establece que el monto del segundo bono se definirá de acuerdo con la necesidad de cada caso, pero no podrá ser mayor al monto que se le dio a dicha familia en un primer bono de la vivienda.
La certificación de que la familia tiene un miembro que requiera de dicho subsidio estará en manos del Servicio de Certificación de la Discapacidad.
La reforma fue tramitada en la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad.
Según Abarca, la idea de proyectos como este es “tomar decisiones que impacten positivamente en la sociedad costarricense”.
“Este proyecto es una muestra clara de solidaridad y compromiso con los sectores más necesitados, los cuales, mediante una ayuda del Estado, encuentran la única oportunidad de contar con una vivienda digna”, dijo el rojiazul.
Ya en el 2000, se había reformado la legislación para poder darle el bono de la vivienda, por segunda vez, a las familias “que por catástrofes naturales o producidas por siniestro, caso fortuito o fuerza mayor hayan perdido la vivienda construida con los recursos del bono”.
En el razonamiento para promover la iniciativa, Abarca estableció que, con el tiempo, se han detectado casos particulares de familias cuya necesidad, por la existencia de algún miembro con discapacidad, se requiere adecuar esa vivienda que se haya construido originalmente con recursos donados por el Estado.
