En un tiempo récord de dos días después de su presentación, los diputados aprobaron un proyecto de ley que permitirá a varias instituciones públicas usar las plazas que queden vacantes durante este 2021.

La iniciativa apenas llegó a la Asamblea Legislativa este lunes y modifica una norma que, de haberse mantenido, obliga a todas las entidades cubiertas por el Presupuesto Nacional a cerrar las plazas que queden vacías.

El proyecto aprobado exime de esa obligación a la administración de la Asamblea, al Poder Judicial, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Seguridad, de manera que se les permite utilizar las plazas vacantes durante todo el año.

En el caso del MEP, la excepción es para el caso de docentes, en específico las plazas del Título II del Estatuto de Servicio Civil sobre carrera docente.

Para el resto de ministerios y órganos desconcentrados del Gobierno, la norma 12 del Presupuesto 2021 permanece vigente.

No obstante, la discusión para acelerar el proyecto se centró en la fuerte pérdida de plazas docentes que tuvo el Ministerio de Educación Pública y que, según advirtió la ministra, Guiselle Cruz, afecta a una gran parte de la población estudiantil.

En la última versión del proyecto, que se introdujo a través de una moción de fondo aprobada de forma unánime, se permitió que también los cuerpos policiales puedan hacer uso de sus plazas vacantes.

La única forma de utilizarlas sería por aval de la Autoridad Presupuestaria.

También se permite usar las plazas de los cuerpos policiales dispuestos en el artículo 6 de la Ley General de Policía, que son guardia civil, guardia de asistencia rural, policía de control de drogas, la de fronteras, la de migración, la de control fiscal, la DIS, la de Tránsito, la penitenciaria y la policía escolar y de la niñez.

Además, se exime de esa obligación al Servicio Nacional de Guardacostas.

Permiso especial por tres meses

En el párrafo final de la norma reformada, se establece una especie de permiso especial por el primer trimestre del 2021.

Según el texto, “las plazas vacantes estarán habilitadas para su uso, sus códigos no serán eliminados y no se requerirá autorización de la Autoridad Presupuestaria para su utilización”.

Ese portillo aplicará para todos los órganos incluidos en el Presupuesto Nacional, incluyendo ministerios y sus órganos desconcentrados, Asamblea y Poder Judicial, Contraloría General de la República y Defensoría de los Habitantes.

Eso sí, todos los órganos incluidos en el Presupuesto tendrán que remitir un informe sobre su manejo de plazas vacantes en el primer trimestre de este año.

La pregunta: ¿quién tuvo la culpa?

Antes de que se aprobara una moción de fondo y se modificara la norma, varios diputados protagonizaron un intercambio, porque el socialcristiano Pablo Abarca reclamó que la oficialista Laura Guido le endosó la culpa por la redacción original de la norma cuestionada.

Abarca pidió guardar “la cordialidad en el debate”, pero le recriminó a Guido haber difundido en chats, sobre todo regionales (ambos son de Turrialba), que ella haya dicho que él era el autor de la redacción negativa de la norma 12.

Agregó que si hubiera sido él, estaría “muy orgulloso de ser el autor”, pero negó que lo fuese. Eso sí, Abarca enfatizó que la culpa al fin y al cabo era de todo el plenario, por haber aprobado esa versión de la norma.

Cuestionó que se le quiera achacar esa culpa por alguna razón.

Cuando le respondió, Guido se justificó diciendo que en todo momento a ella la refirieron con él para negociar esa norma de ejecución presupuestaria y enfatizó que, en muchas actas, abundan las advertencias que hizo el PAC sobre los peligros de esa propuesta.

“No quiero hacer perder más tiempo a este plenario con un pleito del cantón. Me parece que no es de interés del plenario ni tiene importancia en el debate nacional”, agregó.

Guido reconoció que Abarca tiene razón, en el sentido de que “las responsabilidades en un parlamento no son individuales, sino colectivas”.

“Este nivel de irracionalidad no sería ley de la República hoy y no tendríamos a 24.000 estudiantes afectados en su derecho a la educación, si hubiesen escuchado las advertencias que hicimos”, dijo la oficialista.

Terció en el choque José María Villalta, del Frente Amplio, para decir que lo positivo es que se corregiría en parte la “insensatez y la irresponsabilidad de la norma incluida en el Presupuesto”.

Aclaró que él no estuvo nunca a favor de esa norma y sus efectos negativos, por lo que dijo que Abarca “trata de hacer operación embarre a todos los diputados y decir que es responsabilidad de todos”.

El segundo debate del proyecto quedó fijado para este jueves.