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En la discusión de mociones de ajuste al plan de empleo público, el plenario legislativo aprobó este miércoles permisos remunerados de hasta un tercio de la jornada laboral, y por un plazo máximo de un año, a los funcionarios que requieran cuidar a familiares con discapacidades, enfermedades terminales o que sufran accidentes.
El foro legislativo aprobó, con 27 votos a favor y 22 en contra, una moción de la legisladora Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), que otorga remuneración a esos permisos ya contemplados en la actual redacción de la reforma.
El artículo 40 del proyecto en discusión establecía la licencia, pero sin remuneración.
El cuido debe ser para un familiar del primer o segundo grado de afinidad o consanguinidad del empleado, lo que incluye a padres, hijos, abuelos y nietos, por ejemplo.
Este permiso remunerado estaba contemplado en la versión dictaminada en la Comisión de Gobierno y Administración el 10 de noviembre anterior.
Luego, fue eliminado por completo en la primer revisión de mociones de fondo, presentadas en por los diputados del plenario, en esa misma comisión.
Sin embargo, durante el segundo día de discusión de mociones de ajuste, se incorporó una moción de la rojiamarilla Nielsen Pérez que restituyó el otorgamiento de ese tipo de licencias, pero se dejó sin remuneración.
La moción de Vega aprobada este miércoles agrega el salario y, además, dice que el periodo de los permisos serían de hasta un año, sin que especifique si ese es tiempo calendario o solo días hábiles.
Para someter el ajuste a votación por el fondo en el plenario, primero se aprobó la reiteración presentada por Vega, con 26 votos a favor y 21 en contra.
Luego, por el fondo, aprobaron la propuesta los diez legisladores del PAC, nueve del Partido Liberación Nacional (PLN), cuatro del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); dos del Partido Integración Nacional (PIN), uno del Frente Amplio, y un independiente.
En contra votaron siete legisladores del PLN, cinco del bloque Nueva República, cuatro del Partido Restauración Nacional (PRN), dos del PUSC, uno del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) y tres independientes.
Al solicitar el apoyo a su iniciativa, la diputada Paola Vega explicó que la idea es humanizar el proyecto, pues, asegura es “muy fiscalista” y no integral en temas de derechos laborales.
”Lamentablemente nos quedamos con solo la parte fiscalista, pero con la parte de mejorar la calidad del empleo eso no pasó”, afirmó.
El plan también crea la licencia de paternidad, figura que por ahora no existe en el ordenamiento jurídico costarricense.
Para ello, otorga un permiso remunerado por un mes calendario al padre funcionario público que tuviere un hijo biológico o en adopción.
Ese beneficio empezaría a gozarlo posterior al día del nacimiento o al momento de concretarse la adopción de la persona menor de edad.
Al mismo tiempo, la reforma ampliaría en dos meses las licencias por maternidad en caso de nacimiento prematuro previo a los 37 meses de gestación del bebé, nacimiento de niños con alguna discapacidad severa o con enfermedades crónicas, y en caso de partos múltiples.
Con ese cambio, la licencia pasaría de cuatro meses actuales a seis, cuando ocurran esos nacimientos en condiciones especiales.
El plenario legislativo ha aprobado este miércoles seis mociones de reiteración de la diputada Vega, cinco de ellas dentro del marco de un acuerdo con el Gobierno que incluyó a otras fracciones, para que la legisladora retirara otras 30 iniciativas del plenario.
Al consultarle a la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, si esta última iniciativa forma parte del acuerdo, dijo: “La decisión de votar la moción 227 de la diputada Vega obedece al derecho de enmienda de las y los señores diputados”.
