EscucharLos diputados aprobaron este jueves, en definitiva, el Presupuesto Nacional del 2022 de ¢11,5 billones, pese a las advertencias de la Contraloría General de la República (CGR) de que el proyecto incumple con la regla fiscal en el gasto corriente.
Con 38 votos a favor y seis en contra, el plenario legislativo avaló en segundo debate el plan de gastos que se financia en un 53% con ingresos corrientes y en un 47% con deuda pública.
El plenario registró 13 votos afirmativos de Liberación Nacional (PLN), ocho de Acción Ciudadana (PAC), cinco de Nueva República (PNR), cuatro de Restauración Nacional (PRN), tres de la Unidad Social Cristiana (PUSC), uno de Integración Nacional (PIN),uno del Republicano Social Cristiano (PRSC) y tres independientes.
En contra votaron el socialcristiano Pedro Muñoz, el liberacionista Jorge Fonseca, el frenteamplista José María Villalta, el fabricista Harllan Hoepelman, la independiente Paola Vega y Walter Muñoz, del PIN.
El miércoles, antes de esta votación, la Contraloría envió un oficio al Congreso para advertir, de nuevo, de que el plan incumple el tope de crecimiento establecido en la reforma fiscal con respecto al gasto corriente.
El gasto corriente, que incluye remuneraciones, transferencias, pago de intereses de deuda y servicios, crece en un 2,23% en comparación con presupuesto inicial del 2021, aunque la regla fiscal estableció un tope del 1,96%.
A nivel global, añadió la Contraloría, el plan de gastos sube un 1,79%, con lo que sí cumple la regla, porque decaen en un -4,86% los rubros destinados a obras públicas, es decir, a gasto de capital.
El dinero para obras se reduce en ¢25.600 millones, pero el de salarios, intereses, transferencias y servicios subió en ¢179.000 millones. La advertencia la hace la CGR sobre la propuesta inicial realizada por Hacienda.
El Ministerio de Hacienda sostuvo que el Presupuesto cumple con la regla de manera general. Lo que existe es una diferencia de criterio, aseguró el jerarca de esa cartera, Elian Villegas.
El artículo que regula la aplicación de la regla fiscal, añadió el ministro, tiene cuatro escenarios. Los tres primeros que el país ya superó, se refieren a un límite al gasto corriente. El cuarto que se aplica cuando la deuda pública supera el 60% del producto interno bruto (PIB) y define un tope sobre el gasto total, independiente de su distribución en el gasto corriente y de capital.
Cambio de criterio
Sin embargo, la Contraloría señaló que Hacienda modificó los parámetros que rigen la formulación presupuestaria, lo cual va en contra de las leyes de Administración Financiera y de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Explicó que, el 26 de marzo de 2021, Villegas comunicó al presidente de la República, Carlos Alvarado, a los diputados, a la CGR y a otras instituciones públicas que el tope del crecimiento debía aplicarse por igual al gasto corriente y al de capital.
No obstante, el 4 de noviembre, el ministro modificó lo subrayado meses atrás e indicó que el tope del 1,96% debe aplicarse al gasto total, “independientemente de cómo se distribuyan el gasto corriente y de capital”.
Para el ente contralor, en vez de “aclarar” lo comunicado en el mes de marzo, lo cierto es que Hacienda “modifica los parámetros que rigen la formulación presupuestaria después de haberse emitido las directrices presupuestarias señaladas” por la regla fiscal.
Además, apuntó que la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos dispone que los “lineamientos deberán publicarse a más tardar el 31 de marzo del año que precede al ejercicio de que se trate y serán de aplicación obligatoria”.
Por consiguiente, la Contraloría dijo que solo tomará como válido lo indicado por Hacienda en el mes de marzo y así lo considerará en la verificación del cumplimiento de la regla fiscal.
Ana Lucía Delgado, diputada presidenta de Hacendarios, solicitó por escrito a Hacienda una aclaración, con el fin de tener una base para que se ejerzan las modificaciones y los controles.
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