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Con 48 votos a favor y uno en contra, los diputados aprobaron este jueves el segundo presupuesto extraordinario de la República, para el 2020, en primer debate.
Este expediente (el número 22.080) destinará ¢90.000 millones para los bonos Proteger y para los subsidios que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) destina a las familias golpeadas económicamente por la crisis del coronavirus.
A su vez, el proyecto incluye ¢45.800 millones para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de los cuales ¢3.000 millones servirán para pensiones del Régimen No Contributivo (RNC), o sea, para adultos mayores en pobreza.
El resto de la partida para la CCSS se destinará a compensar la caída en los ingresos de esta institución por la reducción en la base mínima contributiva, el monto mínimo a partir de la cual un trabajador puede asegurarse.
El único voto en contra fue del independiente Erick Rodríguez Steller, mientras que el también independiente Dragos Dolanescu se negó a votar.
Este presupuesto extraordinario reconoce una caída neta de ¢1,07 billones en los ingresos del Gobierno Central debido a la crisis económica.
Ante ello, el Ministerio de Hacienda propuso reducir el gasto público en ¢328.000 millones y financiar la diferencia con deuda pública.
No obstante, a última hora, los diputados disminuyeron el recorte en casi ¢18.000 millones mediante dos mociones; una de estas aumentó la deuda pública en casi ¢17.000 millones para restituir transferencias al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y a asociaciones de desarrollo.
La otra le devuelve casi ¢1.000 millones a las municipalidades de cantones con producción bananera, bajo el argumento de que el impuesto a la exportación de banano no ha caído.
Con ello, los recortes quedaron en ¢307.000 millones, lo que obligará a Hacienda a buscar ¢682.000 millones mediante endeudamiento para cubrir los gastos.
También, se utilizará el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por ¢217.000 millones.
El plenario alcanzó muchos más votos de los requeridos para pasar este presupuesto, después de que la Corte Plena alegara que el proyecto afectaba su funcionamiento por recortarle ¢5.000 millones, equivalentes al 1% de los gastos del Poder Judicial.
Ese criterio exigía un mínimo 38 votos al Congreso para apartarse de la posición del Poder Judicial.
Antes de dar el primer debate, los legisladores hicieron ajustes en los recortes al Poder Judicial, acordados entre la presidencia de la Corte y el Ministerio de Hacienda, pero manteniendo la reducción presupuestaria en ¢5.000 millones a esa institución.
También, se ajustó la moción que ordena a las instituciones subejecutar en un 10% todas las partidas, excepto la de remuneraciones, para excluir de esa obligación a las municipalidades y las entidades cuyos presupuestos ya se recortaron en este proyecto.
