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Los diputados aprobaron un conjunto de proyectos de ley, en segundo debate, este martes, entre los que destacan la reforma a la Ley de Tránsito para quitar la licencia por tres años a los conductores que participen en piques.
Además, ratificaron en definitiva la modificación para que, por ley, la elección del jerarca de la Fiscalía General de la República se realice de forma pública. La Corte Suprema de Justicia efectuó votaciones públicas en las últimas dos selecciones.
Destaca también la iniciativa para exigir a los jerarcas del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Ministerio de Hacienda un informe anual sobre la situación macroeconómica del país.
Sobre el nuevo castigo para los choferes picones, el proyecto tuvo una votación unánime de 48 legisladores, y conlleva una sanción en sede administrativa, sin acudir a los tribunales, como ocurre actualmente.
Solamente se requiere un parte o un reporte de infracción levantado por la Policía de Tránsito para aplicar la sanción. Actualmente, solo se contempla la pérdida de la licencia si se acumula la pérdida de 12 puntos, para quienes estén en carreras clandestinas de ese tipo.
Además, hoy la suspensión de la licencia es solamente por un año, mientras que la nueva legislación la extiende a tres años.
A la par de la sanción por participar en los piques, que es inmediata, también se introduce una prohibición expresa de conducir vehículos en competencias de velocidad en vías públicas.
Elección pública de fiscal general
Adicionalmente, el plenario aprobó en forma definitiva la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público, ley 7442, con la cual se establece que el fiscal o fiscala general de la República será elegido en forma pública.
Esa misma modificación implica que se impide la reelección indefinida del jerarca de la Fiscalía. La reforma consolida una práctica que ya han llevado a cabo los magistrados de la Corte Plena, tal como sucedió en el caso de la designación de Carlo Díaz, el 31 de octubre del 2022, y a la exfiscala Emilia Navas, en marzo del 2018.
El principal objetivo es cumplir los principios constitucionales de publicidad y rendición de cuentas, y tuvo el apoyo unánime de los 46 congresistas presentes en la votación.
Finalmente, 45 legisladores aprobaron de forma unánime, en segundo debate, el proyecto que obliga al Ministerio de Hacienda y al Banco Central de Costa Rica (BCCR) a emitir el informe anual al Congreso.
La propuesta fue presentada por Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP) y busca que los jerarcas de ambas instituciones dirijan a la población un balance del último año calendario.
El informe deberá incluir la situación macroeconómica del país, las perspectivas económicas, los objetivos y las medidas de política fiscal y monetaria, para luego participar en una interpelación de los congresistas.
