EscucharLos diputados aprobaron este martes, en primer debate, un proyecto propuesto por Rodrigo Arias, presidente del Congreso, para prohibir la naturalización a quienes hayan sido condenados, en los últimos 10 años, a más de tres años de prisión en Costa Rica o el extranjero. El delito debe ser de carácter doloso y la pena debe haber sido impuesta en sentencia firme.
De acuerdo con el texto propuesto, se reformarán los artículos 15 y 18, vigentes en la actual Ley de Opciones y Naturalizaciones (N.° 1155). El artículo 15 tendrá un inciso adicional, donde se establecerá esta prohibición. La nueva redacción estipula, además, que la conducta ilícita por la cual se condenó a la persona debe ser reconocida como tal dentro de la legislación costarricense.
Asimismo, en aquellos casos en los que la persona extranjera que busque la nacionalización tenga procesos penales pendientes (dentro o fuera de Costa Rica), se tomarán medidas legales que permitan suspender el trámite de solicitud de naturalización hasta que se cuente con una sentencia firme y definitiva, ordenada por los tribunales de justicia respectivos.
El texto del proyecto excluye de esta prohibición a aquellas personas extranjeras reconocidas como refugiadas, apátridas y asiladas, siempre y cuando los antecedentes penales que tengan sean previos al otorgamiento de estas categorías.
Por su parte, la reforma del artículo 18 consiste en prohibir la naturalización de quienes la hayan obtenido de forma fraudulenta a través de la violación de los requisitos que dispone la ley.
Dicha iniciativa recibió el apoyo de los 42 diputados presentes en el plenario legislativo. Estuvieron ausentes Kattia Rivera Soto y Sonia Rojas, del Partido Liberación Nacional (PLN); Yonder Salas y Olga Morera, del Partido Nueva República (PNR); y Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio, destacó que la redacción del texto sufrió mejoras significativas antes de ser sometido a votación.
Mencionó, por ejemplo, que en un principio la iniciativa planteaba eliminar la nacionalidad por el simple hecho de que una persona tuviera una acusación sin sentencia. Ahora, para perder el estatus, la persona debe estar condenada con sentencia en firme por un delito doloso cometido en los últimos 10 años.
El segundo debate y definitivo del proyecto está programado para el 8 de agosto.
