Los diputados aprobaron este lunes, en segundo debate, la reforma a la Ley de Aduanas, iniciativa que busca una agilización de los procesos aduaneros para la importación y exportación, facilitando el comercio internacional.
El plan habilita a la Dirección General de Aduanas a cerrar por 15 días naturales, previo procedimiento sancionatorio, los negocios que mantengan inventarios de mercancías para venta, distribución o comercialización que no cuenten con los documentos aduaneros de respaldo.
Con la nueva ley, las empresas que incumplan las normas aduaneras serán sancionadas con una multa equivalente al valor aduanero de las mercancías carentes de respaldo, siempre que no se esté ante un delito de contrabando.
Los funcionarios que participen en actividades de contrabando también serían sancionados con una suspensión del puesto por 10 días.
El proyecto forma parte de la agenda acordada en el 2021 con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El texto también busca dotar a la Administración Aduanera del uso de dispositivos tecnológicos de última generación para controlar el ingreso y salida de mercancías del país.
Además, se elimina el requisito de la presentación de la declaración aduanera de exportación emitida por el país de origen de las mercancías, debido a que muchos países no emiten dichas declaraciones. Así, se evitan complicaciones a la hora de que los productos pasen por las aduanas nacionales.
Para el caso de las exportaciones nacionales se seguiría emitiendo la declaración de exportación como se ha venido realizando.
Asimismo, el plan facilitará el pago diferido de los impuestos aduaneros, ya que se contará con la posibilidad de pagar los tributos después de ingresar las mercancías a suelo costarricense, cuando se trate de importación de materias primas y bienes de capital.
Además, el texto crea la posibilidad de autocorregir la declaración única aduanera (DUA) y se consolida, dentro del plan aprobado, la figura de operador económico autorizado.
El operador es una persona certificada por la Dirección General de Aduanas, que acepta someterse voluntariamente al cumplimiento de los requisitos y condiciones para la aplicación de las medidas de aseguramiento de la cadena logística de las mercancías, el control, la agilización y la facilitación del comercio.
Al respecto, el diputado Jorge Dengo, del Partido Liberal Progresista (PLP), indicó que, pese que apoya el plan, teme por la constitucionalidad de la creación de la figura de este operador, debido a que se les establecen una serie de responsabilidades similares a las de los importadores.
“Podría trascender el régimen de responsabilidad que se tiene en estos casos, es como si a un notario público se le asignara responsabilidad total por las funciones que asiste en su función pública, que no es el caso; hay sanciones disciplinarias y otro tipo de responsabilidades”, comentó Dengo.
La nueva ley impondrá el intercambio de información aduanera entre los usuarios y la Administración, para que las gestiones se puedan realizar por medios electrónicos, utilizando la firma digital.
Por otra parte, permitirá hacer importaciones temporales de mercancías con contratos de arrendamiento y opción de compra, incluyendo medidas para que el sector importador pueda hacer declaraciones simplificadas y acumuladas.
Giberth Jiménez, legislador del Partido Liberación Nacional (PLN), intervino previo a la votación de este lunes, para solicitarle al Ministerio de Hacienda que mejore los controles cruzados mediante la reforma, para poder aprovechar los nuevos recursos que se generarán al atacar la evasión en importaciones.