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Cuarenta diputados aprobaron, este jueves por la tarde, un proyecto de ley que les da una bonificación extra a los empleados del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), que en su conjunto costaría ¢3.000 millones.
Así lo hicieron a pesar de que el interventor del banco, Marco Hernández, advirtió de que la medida resultaría "ruinosa" para la entidad financiera, pues ese dinero nunca se contempló dentro de la reserva creada para cubrir la cesantía de los trabajadores.
La bonificación equivale a cuatro salarios adicionales, aparte de las prestaciones de ley.
A favor del plan estuvieron 14 de Liberación Nacional (PLN), 10 del Partido Acción Ciudadana (PAC), 5 del Frente Amplio, 5 de la Unidad Social Cristiana (PUSC), 3 independientes, 1 de Renovación Costarricense, 1 de Alianza Demócrata Cristiana (ADC) y 1 de Restauración Nacional.
En contra estuvieron Ottón Solís, del PAC, y los libertarios Natalia Díaz y Otto Guevara.
El proyecto también permite que los empleados de Bancrédito tengan acceso inmediato al dinero guardado en su fondo de retiro, para el cual ellos cotizaban el 1% del salario y el banco el 10% cada mes. Sin este plan, ese dinero habría pasado al régimen obligatorio de pensiones.
No obstante, en el artículo 5, se incluyó una bonificación adicional.
Antes de la votación, Otto Guevara, reiteró una moción con la que intentaba eliminar ese artícul, donde se establece precisamente la bonificación a modo de indemnización porque, al cierre de la entidad bancaria, se deja sin trabajo a los funcionarios del Bancrédito.
El criterio del libertario se basó, precisamente, en el criterio del interventor del Bancrédito.
“La razón que me motiva a esta moción es la llamada de atención que hace el interventor de Bancrédito por el costo que esto tendría en las finanzas públicas”, dijo Guevara en el salón plenario.
Aprobar la propuesta sería "ruinoso" para Bancrédito, advirtió el interventor el 22 de febrero.
Hernández había dicho: "De llegarse a la aprobación de este proyecto de ley, implicaría una carga que elevaría de sobremanera el pasivo laboral y para lo cual el banco no tendría la liquidez para su pago oportuno”.
“Además, resulta evidente que el cargar a la entidad esa bonificación, también impactaría de manera significativa el patrimonio de la entidad bancaria intervenida y aumentaría los niveles de pérdida ya registrados”, afirmó el interventor.
El congresista del Movimiento Libertario aseguró que no tenía objeciones en que se haya ejecutado el fondo de garantía y que estaba satisfecho con el pago de todos los extremos laborales para los exfuncionarios de la entidad bancaria.
Bancrédito cerró su operación comercial el 25 de mayo del 2017 por acuerdo del Consejo de Gobierno, luego de que la institución afrontara un progresivo deterioro financiero por tres créditos millonarios que enfrentaron problemas de pago.
El proyecto, denominado Ley de protección y defensa de las personas trabajadoras del Banco Crédito Agrícola de Cartago, fue presentado e impulsado por los legisladores cartagineses de varias agrupaciones políticas.
Se trata de los legisladores Paulina Ramírez Portuguez y Julio Rojas Astorga, del PLN; Emilia Molina Cruz y Marco Vinicio Redondo Quirós, del PAC; Jorge Rodríguez Araya, del PUSC; Francisco Camacho Leiva, del Frente Amplio, y Mario Redondo Poveda, de la ADC.
“Estoy muy agradecido con mis compañeros diputados y diputadas, porque se hizo justicia, valió la pena la lucha que se ha dado en la Comisión de Cartago”, dijo Rodríguez Araya a través de un comunicado de prensa.
Específicamente, la idea de la iniciativa es que tenga prevalencia el pago de los derechos laborales para los empleados del banco, conforme se vaya liquidando el patrimonio.
También se establece que la entidad y la gerencia, específicamente, establezcan un plan para ayudar a conseguir un trabajo para los empleados.
Guevara criticó la decisión de cerrar el banco y de buscar cómo ayudar a los empleados. Achacó una "carga ideológica" al gobierno de Luis Guillermo Solís.
“Todavía osan pedir el voto para las próximas elecciones”, apuntó el libertario.
La liberacionista Paulina Ramírez dijo que, con esa ley, se garantiza el pago de los derechos laborales a los empleados, y añadió que se les devuelve a los funcionarios de la entidad su fondo complementario de pensión institucional.
“Es dinero que les pertenece, pero que los empleados afiliados posterior a febrero del 2000 están inhabilitados legalmente para alcanzarlo”, añadió Ramírez.
El calculo de los ¢3.000 millones que costaría la bonificación a Bancrédito lo hizo el interventor con base en el salario promedio de los 769 empleados que serían los posibles beneficiarios.
El salario bruto mensual de esos colaboradores, a diciembre del 2016, equivalía a ¢750.000. En promedio, a cada uno de los trabajadores le correspondería una bonificación de ¢3 millones.
