EscucharNogui Acosta, ministro de Hacienda, advirtió de que los diputados están poniendo en riesgo la capacidad del Gobierno de pagar las obligaciones de la deuda pública, si concretan los recortes que empezaron a aprobar en el rubro de intereses del Presupuesto del 2023 para trasladar los recursos a programas sociales.
“Podríamos estarnos enfrentando, eventualmente, a la posibilidad de que no tengamos recursos para pagar intereses en 2023″, aseguró el ministro.
Un bloque de ocho diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio (FA) y Nueva República (PNR), aprobaron el martes, en la Comisión de Hacenderos, redirigir ¢81.300 millones del servicio de la deuda a asociaciones de desarrollo, municipalidades, viviendas de interés social, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Poder Judicial.
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Los diputados realizan los recortes pese a la advertencia del Departamento de Análisis Presupuestario (DAP) del Congreso de que intereses y amortizaciones de la deuda pública deben quedar completos en el Presupuesto, a pesar de que el Gobierno pueda subejecutar las partidas.
“La decisión de dónde rebajar no es una sugerencia técnica nuestra, sino una decisión política. Técnicamente, el Presupuesto Nacional debería de traer el servicio de la deuda íntegro, así debería ser. Ahora, sí es cierto que las partidas de intereses se subejecutan en el año”, indicó José Rafael Soto, del DAP.
Las bancadas de oposición alegan que el movimiento entre partidas no afecta el tope de la regla fiscal, al no representar un nuevo gasto, al tiempo que restituye recortes ejecutado por Hacienda en los presupuestos de las instituciones.
Sin embargo, Acosta explicó que el presupuesto de ¢12,2 billones del próximo año se elaboró cuando los intereses no habían subido como lo han hecho ahora, además de que la Asamblea no ha aprobado la emisión de eurobonos que buscaba, precisamente, tasas más bajas en el exterior.
Agregó que los recortes en las diferentes partidas de las instituciones, para cumplir con la regla fiscal, se realizaron de forma equitativa.
“Aquí hay dos temas importantes. Por un lado, la gestión de los presupuestos es responsabilidad de cada una de las instituciones. Por eso no es de recibo decir que el OIJ (Organismo de Investigación Judicial) se va a quedar sin plata. La Corte debería hacer un análisis de prioridades y definir qué va a financiar. Lo mismo pasa con el Ministerio de Cultura, de Justicia y demás carteras.
“La realidad está determinada por la regla fiscal y el nivel de endeudamiento del país. Por tanto, este ejercicio que están haciendo los diputados me parece que no lleva ninguna lógica porque, si las tasas de interés van subiendo, con los recortes estamos poniendo en riesgo la capacidad de pago del Gobierno”, señaló Acosta.
Entre las mociones aprobadas, una de ¢10.000 millones va dirigida a las asociaciones de desarrollo, otra por el mismo monto a programas de vivienda social y ¢9.800 millones a las municipalidades para inversión en la red vial cantonal.
También, se avaló una moción para cortar ¢26.000 millones de los intereses de la deuda y trasladarlos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Entre los argumentos del diputado del PLN, Gilbert Jiménez, proponente de los recortes al pago de intereses, es que esta partida se subejecuta cada año.
De lo presupuestado en este rubro, Hacienda no pagó ¢146.000 millones en 2019, ¢289.000 millones al año siguiente y ¢237.000 millones en 2021, de acuerdo con la DAP.
La partida de intereses del 2023 solicitada por el Gobierno era de ¢2,5 billones y los recortes equivalen a un 3,2% de este monto.
