Los diputados acordaron este jueves aumentar en casi ¢17.000 millones la deuda pública para deshacer parte de los recortes que el Gobierno planteó en el segundo presupuesto extraordinario de la República del 2020.

La moción en ese sentido fue aprobada con 37 votos a favor y 12 en contra.

En junio, la oposición había rechazado un segundo ajuste de gastos al considerar que la reducción del gasto planteada por Zapote era irrisoria.

La situación obligó al Ministerio de Hacienda a replantear el presupuesto extraordinario, sobre todo luego de que la Contraloría General de la República certificó una caída de casi ¢1,2 billones en los ingresos del Gobierno Central a causa de la crisis.

En julio, Hacienda regresó con una nueva propuesta que incluía una reducción de gastos por ¢328.000 millones para lograr un recorte neto de ¢196.000 millones, pues también es necesario destinar recursos a los bonos Proteger y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El plan fue dictaminado positivamente en la Comisión de Asuntos Hacendarios, pero, en el plenario, las cosas cambiaron.

Este jueves, después de horas de negociaciones, los diputados disminuyeron el recorte en ¢17.000 millones para restituir ¢2.800 millones a las asociaciones de desarrollo y ¢14.000 millones al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), aunque Hacienda sostiene que el Banhvi dispone de un enorme superávit de dinero no gastado.

Los diputados no otorgaron una fuente alternativa de recursos.

Para que el Gobierno pueda efectuar dichos gastos, tendrá que ir a endeudarse de la forma más cara para el Estado, en el mercado interno. Así lo dice la moción 34 que presentaron los diputados, luego de fuertes desacuerdos entre fracciones y a lo interno de ellas.

El miércoles, los legisladores también le habían restituido ¢930 millones a las municipalidades de cantones productores de banano, luego de que el Ministerio de Hacienda reconoció que los ingresos por el impuesto a la exportación de banano no se han reducido.

Con las modificaciones aprobadas, los diputados dejan los recortes totales en ¢307.000 millones y la rebaja neta en ¢175.000 millones.

A favor de la moción que aumentó la deuda pública votaron:

En Liberación Nacional (PLN): Luis Fernando Chacón, Carlos Ricardo Benavides, Wagner Jiménez, Karine Niño, Roberto Thompson, María José Corrales, Daniel Ulate, Paola Valladares, Luis Antonio Aiza, Jorge Fonseca, Gustavo Viales y Franggi Nicolás

En Acción Ciudadana (PAC): Luis Ramón Carranza y Welmer Ramos

En la Unidad Social Cristiana (PUSC): Erwen Masís, Rodolfo Peña, Pablo Abarca y Shirley Díaz

En Restauración Nacional (PRN): Eduardo Cruickshank, Xiomara Rodríguez, Carlos Avendaño, Floria Segreda y Mileidy Alvarado

En el bloque independiente Nueva República: Carmen Chan, Harllan Hoepelman, Jonathan Prendas, Nidia Céspedes, Marolin Azofeifa e Ignacio Alpízar

En el Republicano Social Cristiano (PRSC): Otto Roberto Vargas

En Integración Nacional (PIN): Walter Muñoz y Patricia Villegas

En el Frente Amplio (FA): José María Villalta

Independientes: Zoila Volio, Erick Rodríguez, Dragos Dolanescu e Ivonne Acuña

En contra de la moción votaron:

En el PLN: Ana Lucía Delgado, Silvia Hernández y Yorleny León

En el PAC: Enrique Sánchez, Catalina Montero, Nielsen Pérez, Víctor Morales Mora, Paola Vega, Carolina Hidalgo y Laura Guido

En el PUSC: María Inés Solís y María Vita Monge

La fracción de Liberación Nacional (PLN) vivió una disputa interna en torno al tema, pues las diputadas liberacionistas en la Comisión de Hacendarios habían recomendado mantener los recortes, mientras que Acción Ciudadana (PAC) alegó que no existen fondos para restituir partidas.

El 45% del recorte planteado por el Gobierno corresponde a partidas de obras públicas y equipamiento, mientras que otro 17,5% corresponde a transferencias corrientes, dinero que el Gobierno le traslada a otras instituciones públicas y asociaciones de desarrollo para cubrir gastos operativos, lo que incluye salarios y compras de bienes y servicios.

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En tanto, un 14% del recorte recae en remuneraciones, un 15% al pago de intereses y un 9% a la compra de bienes y servicios.

‘Un partido no debe esconder la basura debajo de la alfombra'

La ruptura liberacionista se reflejó en los extensos discursos sobre la moción antes de que se aprobara, con Yorleny León, Silvia Hernández y Ana Lucía Delgado explicando su oposición, mientras que Roberto Thompson y Karine Niño defendieron el planteo.

León, también presidenta de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, dijo que trata siempre de ser disciplinada con la fracción, pero que “no siempre se logran acuerdos”.

Explicó que “desertó de la línea de partido” por el trabajo de Hernández y Delgado en Hacendarios, además de que por meses los diputados de oposición, ella incluida, han hecho llamados a la contención del gasto y que esa fue la razón para improbar el presupuesto extraordinario anterior.

“Un partido no debe esconder la basura debajo de la alfombra ni patear el tarro. Ahora hay al menos algo que recortar; en los próximos meses, podrían venir otros presupuestos con un margen más estrecho”, dijo.

Thompson, en cambio, alegó que algunos se vieron “obligados” a modificar el presupuesto porque dice que “no cumple con lo prometido” por el presidente Carlos Alvarado.

“Se sacrificaba a sectores importantísimos, particularmente los más vulnerables. Eso nos llevó a plantear observaciones al proyecto. Creemos necesario recuperar algo de los recursos, el desarrollo comunal es fundamental no solo en la atención de la emergencia, sino también en las principales necesidades de las comunidades”, dijo.

Alegó que esas modificaciones tienen sentido “si partimos de que para nosotros la atención social de las familias más vulnerables y el dinamismo de la economía depende de los recursos con que cuenten”.

Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC), rechazó que la discusión fuese sobre vulnerabilidad social; dijo que el tema es la eficiencia.

“No es una institución que no tenga recursos para construir vivienda ni que dependa de esta plata para hacer su trabajo. El Banhvi tiene altísimo superávit y tiene colocado en instrumentos financieros más de ¢20.000 millones que podría utilizar para estas inversiones”, apuntó.

Guido también votó en contra de esa proposición, porque obliga al Estado a endeudarse para buscar esos dineros.

El frenteamplista José María Villalta arguyó que el endeudamiento ya había sido autorizado por el plenario antes y que, según él, no se autoriza un nuevo endeudamiento, sino que no se impacta a esas instituciones como se haría con los recortes.

“¿Qué partidas se financian con deuda y cuáles con ingresos corrientes?, lo ha dicho la Contraloría, no se puede determinar a priori. Eso igualmente puede ser impactado con los préstamos de apoyo presupuestario que se están discutiendo y hemos aprobado varios”, argumentó Villalta.

Aprobado en primer debate

Luego de aprobar dicho aumento de la deuda pública, los diputados le dieron primer debate al expediente 22.080, Segundo Presupuesto Extraordinario de la República, con 48 votos a favor y uno en contra.

Aparte de los recortes, que ahora son por ¢307.000 millones, el presupuesto extraordinario incluye ¢90.000 millones para los bonos Proteger y otros subsidios para las familias afectadas económicamente por la pandemia.

Por otro lado, el proyecto incluye ¢45.800 millones para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de los cuales ¢3.000 millones servirán para pensiones del Régimen No Contributivo, o sea, adultos mayores en pobreza.

La caída en los ingresos después de los recortes presupuestarios queda en ¢1,07 billones, de los cuales ¢682.000 millones se tendrán que financiar con deuda pública.

También, se utilizará el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por ¢217.000 millones.

Antes de dar el primer debate, los legisladores hicieron también otros ajustes en los recortes al Poder Judicial, acordados entre la presidencia de la Corte y el Ministerio de Hacienda, pero que mantiene la reducción presupuestaria en ¢5.000 millones.

También, se ajustó la moción que ordena a las instituciones subejecutar un 10%, para excluir de esa obligación a las municipalidades y las entidades cuyos presupuestos ya se recortaron en este proyecto.