Los diputados de oposición aumentaron la presión contra el nombramiento del fundador del PAC, Ottón Solís Fallas, como representante del país ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con sede en París.
Este lunes, los opositores tomaron tres medidas tendientes a exigir la destitución de Solís al presidente de la República, Carlos Alvarado, quien no cede en su posición bajo el argumento de que él tiene “un criterio propio de lo que debe ser esa representación”.
El principal argumento de los partidos de oposición es de legalidad. Exponen que el artículo 4 de la ley de adhesión a la OCDE indica que el Consejo de Gobierno debe designar al representante del país ante la Organización “por iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior (Comex)”.
Sin embargo, en la sesión del martes 6 de junio, el Consejo de Gobierno rechazó la propuesta del ministro del Comex, Andrés Valenciano, y en su lugar acogió el nombre de Ottón Solís, de 67 años, quien fue sugerido por el propio presidente Alvarado.
Valenciano, quien votó en contra de nombrar al fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC), solicitó mantener en el cargo al actual representante Manuel Tovar, para aprovechar su conocimiento acumulado.
Bajo ese panorama, 40 diputados aprobaron este lunes una moción para solicitar al presidente dejar sin efecto el nombramiento de Solís.
La iniciativa fue propuesta por Pablo Abarca, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
A favor votaron 14 legisladores de Liberación Nacional (PLN), seis del PUSC, siete del Partido Restauración Nacional (PRN), dos del Partido Integración Nacional (PIN), uno del Partido Republicano Social Cristiano, uno del Frente Amplio y nueve independientes.
En contra de la propuesta se manifestaron los diez congresistas del Partido Acción Ciudadana (PAC) y la socialcristiana María Vita Monge.
Si bien esta moción ya fue aprobada, no es la única que forma parte de la presión contra Ottón Solís. Este lunes también quedó presentada una moción de censura contra los ministros del Consejo de Gobierno que votaron a favor de designar en la OCDE al fundador del PAC, a partir del 19 de julio.
Hasta hace una semana, Solís era representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La moción de censura no fue votada de inmediato porque, por reglamento legislativo, no se puede tramitar en los cinco días siguientes a su presentación, ni después de 10 días desde su presentación.
El planteamiento lo anunció la jefa del PLN, María José Corrales, y lleva al menos 21 firmas de legisladores de Liberación, PUSC, Restauración e independientes.
Para censurar ministros de Estado, la Constitución Política exige los votos favorables de dos tercios del plenario, o sea, 38 congresistas.
En total, serían censurados 22 miembros del gabinete de Carlos Alvarado. Solo se excluye de la lista al jerarca de Comercio Exterior.
Adicionalmente, los diputados enviaron al congelador la aprobación en segundo debate del crédito de $1.778 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que estaba previsto para votarse este lunes, después del receso de medio año.
Para ello, el plenario aprobó una moción de posposición, de la agenda legislativa, que no incluyó el financiamiento internacional. El expediente solo podrá ser reincorporado cuando exista voluntad política para ello.
Poco antes de las 3 p. m., al cabo de una reunión con el candidato presidencial José María Figueres, dos integrantes de la fracción del PLN argumentaron que, ante el nombramiento de Ottón Solís, no existían los 38 votos necesarios para sellar el crédito que dará pie a un saneamiento de las finanzas públicas.
Así lo confirmaron los diputados Carlos Ricardo Benavides y Luis Fernando Chacón.
“La fracción tiene una posición unánime en el sentido de que se trata de un nombramiento ilegal. No puede prosperar en tanto se incumplió el artículo 4 de la ley de adhesión, donde es claro que el Consejo de Gobierno solo puede nombrar con base en la iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior (Comex)”, indicó Benavides.
Agregó que el gabinete no puede autoproponer un candidato y “hacer lo que le da la gana en contra de la ley”.
Benavides enfatizó en que el PLN tiene la convicción de hacer todo lo que esté a su alcance, desde el punto de vista político, para señalar esa ilegalidad y que el Gobierno reconsidere, para que “tome el acuerdo correspondiente”.
El préstamo con el FMI, “por lo que han manifestado distintas agrupaciones, no tiene los votos”, manifestó el expresidente legislativo. Agregó que se tiene que valorar, incluso en los próximos días, “si existe ambiente para esa votación”.
“Probablemente, no sea lo más prudente poner en riesgo esa votación, porque creemos que los votos no estarían”, apuntó Benavides.
Por su parte, cerca de las 8 a. m., en el cantón de Sarchí, Alajuela, el presidente Alvarado insistió en que “el presidente es electo para tener criterio” y el suyo es que Ottón Solís asuma el puesto.
Sobre la posibilidad de que los diputados congelaran el segundo debate del crédito del FMI, el mandatario planteó que “los diferendos políticos no deben estar de por medio de algo que per se es bueno para el país”.
No obstante, diputados de varias fracciones insisten en que la designación del fundador del PAC como embajador en el organismo es un grave error político y que priorizarán su agenda legislativa, mas no la del Ejecutivo.
En defensa de la posición del presidente, el diputado del PAC, Enrique Sánchez, insistió en que el artículo 4 de la ley de adhesión a la OCDE solo se puede entender como una recomendación.
Por su parte, la jefa de fracción oficialista, Laura Guido, alegó que la moción de censura contra los miembros del Consejo de Gobierno sería inconstitucional porque la Constitución pone como excepción a la censura o interpelación a ministros “los asuntos en tramitación de carácter diplomático”.
En tanto, la oposición insiste en que los ministros aceptaron entrar a conocer ese nombramiento sin que correspondiera a iniciativa del Comex.
Parte del reclamo es que Ottón Solís haya dicho, en varios medios, que el presidente le había ofrecido el puesto semanas atrás, “dejando en evidencia que la iniciativa del nombramiento nunca fue del Ministerio de Comercio Exterior, como en derecho corresponde”.
Los diputados de la oposición también enfatizaron en que los ministros de Gobierno no pueden alegar desconocimiento de la ley.
Específicamente, la sanción política sería para los ministros de la Presidencia, Geannina Dinarte; Relaciones Exteriores, Rodolfo Solano; Hacienda, Elian Villegas; Seguridad Pública, Michael Soto; Justicia, Fiorella Salazar; Educación Pública, Guiselle Cruz; Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, y Economía, Victoria Hernández.
También serían censurados los jerarcas de Agricultura, Renato Alvarado; Salud Pública, Daniel Salas; Trabajo, Silvia Lara; Cultura y Juventud, Sylvie Durán; Planificación, Pilar Garrido; Ambiente y Energía, Andrea Meza; Vivienda, Irene Campos, y la ministra de Ciencia y Tecnología, Paola Vega.
Cierran la lista de ministros eventualmente censurados los de Comunicación, Agustín Castro; Turismo, Gustavo Segura; Deporte y Recreación, Karla Alemán; Desarrollo Humano e Inclusión Social, Juan Luis Bermúdez; de la Condición de la Mujer, Marcela Guerrero, y de Niñez y Adolescencia, Gladys Jiménez.