EscucharEl Área Técnica del Consejo de Transporte Público (CTP) avaló en el 2021 una propuesta legislativa para aumentar de 15 a 20 años la antigüedad de los autobuses, siempre y cuando la medida se mantuviera solo durante la emergencia nacional por covid-19 para aliviar el impacto económico sufrido por los autobuseros. No obstante, los diputados están cerca de aprobar un proyecto de ley que elevaría la antigüedad de las unidades de forma permanente.
En aquella época, mediante un oficio emitido el 22 de junio del 2021, el Área Técnica del CTP expresó su visto bueno y señaló que la iniciativa se reforzaría con el envío de las unidades de transporte público a revisión técnica.
“Siendo este último el órgano competente para certificar que, cada seis meses, las mismas cuentan con las condiciones de operación en confort y seguridad para seguir brindando el servicio, siempre y cuando, claro está, sea transitoria dicha ampliación de vida útil, mientras exista la emergencia nacional por covid-19″, reza el informe.
Dicho criterio fue solicitado por el Área Jurídica del CTP, el cual tenía reservas con respecto a la seguridad de las unidades en caso de que se aplicara la medida.
“En nuestro criterio, sí es importante que la instancia técnica facultada, emita sus observaciones y consideraciones respecto al componente de seguridad vial y el impacto que podría ocasionar el aumento al tope máximo de antigüedad de las unidades de ruta regular”, instó la entonces directora de Asuntos Jurídicos, Sidia Cerdas, quien hoy ostenta la dirección ejecutiva de la entidad.
A pesar del pronunciamiento técnico, una reciente moción aprobada por la Junta Directiva del CTP instó a los actuales legisladores a aprobar “a la mayor brevedad posible” el proyecto de ley número 22.530 que propone ampliar la vida útil de las unidades de servicio público hasta los 20 años, de forma permanente.
La moción fue presentada por Gilberth Ureña, representante de los taxistas en la Directiva, y avalada el pasado 22 de agosto. Doce días antes, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, había derogado el decreto de emergencia emitido por el anterior gobierno por la crisis sanitaria.
El pasado 13 de setiembre, el proyecto obtuvo un respaldo mayoritario en la comisión legislativa de Asuntos Económicos, donde alcanzó un dictamen afirmativo de subcomisión. Solo se opusieron los congresistas Sofía Guillén, del Frente Amplio, y Waldo Agüero, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Plan ayudaría a pequeñas empresas y al usuario
Kattia Rivera, jefa de bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), dijo que respalda la iniciativa en el foro de Económicos, pensando en las pequeñas empresas familiares o cooperativas con dificultades económicas que podrían cerrar y, en consecuencia, afectar el servicio a los usuarios.
Aseguró que más del 50% de las empresas autobuseras son pequeñas, con un promedio de cinco unidades cada una, y arrastran problemas económicos desde antes de la pandemia.
“En este momento hay más de 70 líneas de servicio que se cerraron. Hay cantones donde no tienen servicio interdistrital, entonces, en el momento uno puede pensar en ese pequeño o mediano empresario”, justificó la legisladora.
Añadió que antes de la pandemia las empresas autobuseras realizaban en promedio dos millones de viajes, aunque no precisó en qué periodo de tiempo. Ahora, sostuvo, esa cifra se redujo a menos de la mitad, lo que principalmente afecta a mujeres que utilizan el servicio.
“Mi preocupación inmediata es si en este momento se les aplica el canon o se les obliga a que las unidades queden fuera, el principal afectado será el usuario”, argumentó Rivera.
En todo caso, dijo, el proyecto contiene un transitorio que otorga el beneficio por una única vez, mientras las empresas terminan de ajustarse. “Lo otros es tener en cuenta que las que no han pagado el canon no reciben ese aumento de tarifas”, sentenció Rivera.
Propuesta del PUSC
La iniciativa surgió en la legislatura anterior, en junio del 2021. El entonces diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Erwen Masís, propuso aumentar la antigüedad de los buses bajo el argumento de que la caída en la demanda de servicio durante la pandemia ocasionó pérdidas económicas a los empresarios.
El plan de “Ley para la protección del sector autobusero nacional ante la crisis sanitaria, social y económica provocada por el covid-19″ reformaría el artículo 46 de la Ley 7.600 para que se lea así: “El Consejo de Transporte Público y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no permitirán la circulación de autobuses de ruta regular en el servicio público, después de transcurridos 20 años de su fabricación”.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) advirtió, desde octubre del año pasado, que la propuesta podría darle menor calidad a los usuarios, por más dinero. El entonces regulador general, Roberto Jiménez, señaló que las unidades más viejas requieren más mantenimiento y repuestos, por lo que esos gastos se trasladarían a las tarifas.
Según datos de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), alrededor del 10% de la flotilla de autobuses de ruta regular, unas 450 unidades, tienen 15 o más años de antigüedad, por lo que en este momento no pueden circular.
Informes de Aresep apuntan que alrededor de 200 unidades que superan la antigüedad máxima están en Metrocoop (Hatillo y Alajuelita), Autotransportes Pavas, Trancesa (Sabana-Cementerio), Rápidos Heredianos y Alfaro. Para el próximo año, esa cifra se duplicaría.
