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Con el apoyo unánime de 45 diputados, el Congreso aprobó este miércoles una declaración de censura por las actuaciones del régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, contra la paz y la democracia en Nicaragua.
El Congreso manifestó su solidaridad con el pueblo del país vecino y todas las organizaciones de la sociedad civil “que luchan por recuperar la paz y buscar soluciones a la crisis social y de gobernabilidad que vive ese país”.
Los legisladores también instaron al Gobierno de Nicaragua para que utilice el diálogo y la concertación como única vía para la resolución de diferencias y conflictos en un marco de paz, libertad y democracia.
La iniciativa fue impulsada por la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Los diputados señalaron que el régimen Ortega-Murillo ha incurrido, sistemáticamente, en graves violaciones al orden constitucional y democrático que “constituyen a su gobierno en una visible dictadura”.
En su declaración, denunciaron persecución política, decisiones judiciales arbitrarias, inestabilidad institucional y social, así como violación a los derechos constitucionales políticos y democráticos del pueblo nicaragüense.
Igualmente, reclamaron la persecución a organizaciones religiosas y el retiro arbitrario de la nacionalidad a ciudadanos nicaragüenses “que hoy se encuentran refugiados en distintos países bajo el terrible status de apátridas”.
El régimen de Daniel Ortega, en el poder desde 2007, ha aplicado fuertes represalias contra sus críticos, particularmente quienes participaron de las protestas antigubernamentales del año 2018.
El pasado lunes, el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), sufrió la cancelación de su personería jurídica en Nicaragua, por el Ministerio de Gobernación de ese país.
Al mismo tiempo, sus bienes fueron confiscados por las autoridades, bajo el alegato de supuesto incumplimiento de las obligaciones de ley.
Tras las protestas del 2018, el Incae fue la sede del segundo intento fallido de diálogo nacional que se realizó en el 2019, entre delegados del gobierno y representantes de la sociedad civil.
En agosto, las autoridades cerraron la jesuita Universidad Centroamericana de Nicaragua, luego de que un tribunal ordenó la confiscación de sus bienes y fondos tras acusarla de ser un “centro de terrorismo”.
A inicios de año, Ortega también expulsó y despojó de su nacionalidad a más de 300 opositores, al declararlos “traidores de la patria”. Además, les inhabilitó de por vida a ejercer cargos públicos.
