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Los diputados dictaminaron, este martes por la noche, una versión de la Ley de Extinción de Dominio que permitiría al Estado decomisar bienes de origen dudoso, particularmente ligados a ocho tipos de delitos.
La nueva redacción de la iniciativa fue impulsada por los Pablo Abarca y Gustavo Viales, de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y de Liberación Nacional (PLN), respectivamente, y recibió el apoyo del también liberacionista Jorge Fonseca; de Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional (PRN), y de Zoila Volio, de Integración Nacional (PIN).
El jefe de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Mora, votó en contra de la iniciativa, porque aseguró que no está de acuerdo con que se limiten tanto los delitos en los que se podría aplicar dicha iniciativa.
Según el nuevo texto, los delitos sobre los que se centraría la aplicación de la incautación de bienes de origen dudoso son narcotráfico, legitimación de capitales, tráfico ilícito de armas y explosivos, terrorismo y su financiamiento, trata de personas, explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes y tráfico ilícito de órganos.
El PAC señaló que la propuesta sustitutiva no cita explícitamente conductas como corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública, así como el contrabando o los delitos tributarios.
La extinción de dominio, tal como la define la iniciativa legal, consiste en que el Estado pueda incautar todos los bienes y derechos “adquiridos sin causa lícita aparente, como consecuencia de actividades ilícitas de los afectados".
La aplicación de esta herramienta no es penal, aunque se tenga que dar por sentencia, sino que se trata de un “proceso jurisdiccional autónomo”, sin contraprestación ni compensación para el afectado.
El director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Guillermo Araya, también lamentó que la iniciativa excluya una gran cantidad de actividades delictivas, incluso relacionadas con nuevas formas de romper la ley, como los ciberdelitos o delitos sexuales de diversa naturaleza, incluyendo la pornografía infantil.
Araya añadió que esos cambios en la iniciativa debilitan la propuesta original e, incluso, estarían derogando la Ley sobre capitales emergentes.
El director del ICD alegó que la iniciativa estaba originalmente enfocada en la lucha contra el crimen organizado, en general, y no solo en el narcotráfico y otros. “Toda ganancia ilícita que genere un delito debe ser extinguida, no podemos diferenciar, porque no estamos enfrentando la delincuencia común”, dijo.
“El objetivo nacional e internacional de este proyecto es la persecución del crimen organizado, que no solo se nutre del tráfico de drogas. La legitimación de capitales tiene 21 delitos precedentes, hay muchos delitos pero se está delimitando demasiado”, dijo Araya.
Uno de los impulsores de la nueva versión del texto, el socialcristiano Pablo Abarca, aseguró que la idea es enfocarse en perseguir los bienes generados por el tráfico de drogas, particularmente.
“No puedo estar de acuerdo con el texto que propuso la Corte (propuesto por OIJ, Fiscalía e ICD). Es necesario que se establezca seguros en la ley y una serie de válvulas de escape constitucionales en el proyecto. No coincidimos (le dijo a Víctor Morales) en que el marco de acción tiene que ser amplio, tiene que delimitarse”, afirmó Abarca.
El legislador socialcristiano apuntó que esa amplitud podría quedar a lo que se sueñe un fiscal y que “tiene que quedar en un marco verdadero, no es una ocurrencia, ni una cosa que quede en el aire”.
Según Abarca, él no es un diputado que pueda permitir que se revisen actuaciones de hace 40 años; dijo que 10 años es suficiente, porque la iniciativa anterior no tenía un plazo de prescripción de la acción para la incautación de bienes originados en actividades ilícitas.
El rojiazul también criticó que la propuesta de las policías judicial y antidrogas no tuviera la posibilidad de recurrir la incautación y alegó que ya en muchos países en los que se aplica la extinción de dominio se tuvo que dar marcha atrás.
“No quisiera ser yo responsable de ninguna de estas leyes sumamente estrictas”, dijo.
Zoila Rosa Volio, del PIN, coincidió con Abarca en que la iniciativa sea aplicada principalmente al narcotráfico y alegó que al meter otros delitos se “contamina esta ley”.
El restauracionista Eduardo Cruickshank apuntó que la propuesta original le daba “pavor” y que él no la habría votado a favor.
El jerarca del ICD enfatizó que existía otra propuesta, desechada por los diputados, generada en una comisión técnica conformada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y el ICD.
“Hacerlo a través de esa comisión era ponerle el espíritu de calle, de operatividad, del día a día, tener una norma eficaz, eficiente y contundente contra el crimen organizado. Por eso, desde la parte operativa, se mantuvo esa posición. Desafortunadamente se apartaron de esa propuesta, y la aprobada carece de esa experiencia, la calle que tienen en el OIJ y el Ministerio Público”, comentó Araya.
Agregó que no aplica el argumento de que todos los demás delitos excluidos tiene un castigo penal, porque la Ley de Extinción de Dominio “no es penal, sino la persecución de la ganancia generada por actividades ilícitas, solo la parte económica y financiera”.
El diputado Víctor Morales Mora aseguró que presentará mociones de fondo en las etapas siguientes de la tramitación del proyecto, con el objetivo de retornar a la propuesta original, de aplicarla sobre cualquier bien o dinero que tenga un origen dudoso.
“Ese texto que sometimos a discusión hoy es una versión restringida, que reduce y limita el concepto de actividad delictiva de una manera que no es apropiada. Es una lista de delitos más reducida que la original”, dijo el vocero oficialista.
