EscucharContra la posición del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos asignaron ¢84.000 millones de tres créditos internacionales para abonar a la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La cifra equivale a 40% de los recursos de los préstamos, que superan los ¢210.000 millones.
Originalmente, la administración de Carlos Alvarado adquirió estos empréstitos para financiar el programa de transición hacia una economía verde, denominado Plan de Descarbonización de Costa Rica. Sin embargo, la administración de Rodrigo Chaves optó por utilizar los recursos para cubrir las necesidades de recursos ordinarios del Presupuesto Nacional.
Del total del dinero, ¢154.400 millones corresponden a dos créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), uno por ¢128.750 millones y otro por ¢25.750 millones. Los restantes ¢55.620 provienen de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
El expediente con los créditos fue dictaminado positivamente el martes 23 de enero en la Comisión Económicos, por lo que están a la espera de ser votados en primer debate en el plenario.
Aunque inicialmente se pretendía destinar 30% a la CCSS (unos ¢63.000 millones), una moción de ajuste presentada por Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Sofía Guillén, del Frente Amplio, aprobada el martes, planteó asignar el 40% de los recursos, es decir, cerca de ¢84.000 millones.
Una segunda propuesta del diputado oficialista Waldo Agüero, para que la suma para la seguridad social fuera de solo el 10%, fue descartada en la comisión.
Esta propuesta ha generado controversia, ya que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, se opone a asignar más del 10% a la CCSS, argumentando que un porcentaje mayor podría poner en riesgo el financiamiento del gasto general del gobierno.
Según el jerarca, girar tal cantidad de recursos a la Caja afectaría pagos de salarios, inversiones en infraestructura y el pago de intereses de la deuda pública, entre otros rubros. “Si fuese para pagar a la CCSS los aportes corrientes, no importaría”, agregó Acosta.
La propuesta de las legisladoras condiciona el desembolso de los recursos restantes al Gobierno, unos ¢126.000 millones, a que se concrete el abono a la CCSS. La deuda estatal con la seguridad social asciende a ¢3,3 billones, según la Caja, pero el Gobierno refuta ese monto.
Acosta comentó que el año anterior se destinaron ¢564.000 millones para la Caja, y se hizo un arreglo de pago por ¢51.000 millones para el Seguro de Salud, además de que se irán definiendo abonos para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
La diputada Monserrat Ruiz explicó que los recursos provenientes de los empréstitos son de libre disposición para el Gobierno, según lo dijo Acosta en una comparecencia en la comisión en julio del 2023. “Este empréstito es un premio que se otorga al país por cumplir el plan de descarbonización del gobierno de Carlos Alvarado, por lo cual es de libre disposición”, aseguró la liberacionista.
Sin embargo, en una comparecencia, el ministro Acosta explicó que el objetivo de Hacienda es usar los recursos para financiar el Presupuesto Nacional, buscando cambiar la fuente de financiamiento de deuda interna a externa, que suele ser más económica. Este enfoque busca reducir los costos asociados con el endeudamiento del gobierno.
La diputada Ruiz subrayó la importancia de abordar la deuda estatal con la seguridad social, destacando que no es un asunto menor, ya que afecta directamente a la salud de los costarricenses.
En respuesta, el Ministro de Hacienda enfatiza que el dinero no es de libre disposición.
