EscucharLos diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico eliminaron un artículo de un proyecto de ley del Gobierno que habría permitido a la policía política, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), participar en escuchas telefónicas.
La redacción original del proyecto incluía una reforma al artículo 10 de la Ley sobre registro, secuestro y examente de documentos privados e intervención de las comunicaciones, que habría permitido a un juez delegar “en cualquier otro cuerpo policial” la participación en escuchas telefónicas.
No obstante, los miembros del órgano legislativo consideraron inconveniente dejar abierto un portillo que permitiría la participación de la policía adscrita al Ministerio de la Presidencia en esos procesos.
Horacio Alvarado, legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), puntualizó que el jueves se eliminaron algunas “posibilidades de roce constitucional”; entre ellas, destacó la supresión del artículo que abría la posibilidad de realizar escuchas a la DIS e, incluso, a las policías municipales.
Al eliminar esa opción, las intervenciones de comunicaciones seguirán a cargo de un juez salvo en casos de excepción en los cuales, según su criterio, podrán ser delegadas en miembros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o del Ministerio Público.
Después de retirar la parte polémica, los diputados dictaminaron afirmativamente el expediente 23.690, que procura la modernización de la intervención de las comunicaciones. Esta es una de las cinco iniciativas del Poder Ejecutivo para el combate a la inseguridad.
El proyecto también propone reformar el artículo 9 de la ley vigente para ampliar el uso de las escuchas a investigaciones sobre feminicidios, extorsión y homicidios simples, y establecería que se pueden intervenir comunicaciones no solo por telefonía fija, móvil, inalámbrica, digital, sino también “por cualquier otro medio tecnológico”.
En el artículo 12, se amplía el plazo de las intervenciones hasta por cuatro meses en cada autorización (la ley vigente lo permite por plazos de tres meses, prorrogable solo dos veces), y con un plazo máximo de un año, y no de hasta nueve meses, como lo permite actualmente la legislación vigente.
“Se abre para intervenciones no solamente de teléfono fijo o comunicaciones escritas, sino también de alta tecnología que hoy existen y que podrían ser intervenidas”, indicó el diputado Alvarado.
Priscilla Vindas, del Frente Amplio, aseguró que la propuesta original del Gobierno pretendía eliminar la obligación de que hubiera orden de juez para que se realizara una intervención de las comunicaciones.
“Había ciertos señalamientos de inconstitucionalidad, que también se corrigen. Lo que estamos permitiendo es que el proyecto siga su trámite; todavía se le pueden presentar mociones”, explicó Vindas.
Agregó que el dictamen afirmativo emitido es una señal positiva de parte de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, pues sostuvo que es un órgano anuente a trabajar y dispuesto a que la agenda de proyectos sobre seguridad pueda crecer más.
