EscucharLos diputados de la Comisión de Asuntos Económicos cocinan una nueva propuesta de ley para aumentar la antigüedad de los buses cuyo plazo de operación venció desde diciembre del 2020.
El planteamiento consiste en que puedan mantenerse en circulación hasta diciembre del 2024. De esta manera, se permitiría la operación de unidades de hasta 19 años, mientras que actualmente el máximo permitido es de 15 años.
Así lo propone una moción que será presentada por la diputada del Partido Nueva República, Olga Morera, y que es respaldada por los diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP) y el gobernante Progreso Social Democrático (PPSD). Solo el Frente Amplio no le ha dado el visto bueno.
Además, se establecería que el beneficio de ampliación sería para micro, pequeñas y medianas empresas, así como cooperativas. Quedarían por fuera las autobuseras grandes, las cuales sí estaban incluidas en la propuesta original.
El proyecto en discusión pretende que la flotilla de autobuses “vencida” se mantenga en operación, ante la imposibilidad económica de reemplazarla, según argumentan sus defensores. El plan original extendía la antigüedad de 15 a 20 años y, luego, fue modificado a 18 años.
La iniciativa, que data de junio del 2021, se encuentra entrabada en la comisión por mociones de la diputada frenteamplista Sofía Guillén y sus compañeros de fracción.
Vicios de inconstitucionalidad
El martes, se presentó ante los diputados de la comisión, un grupo de personas que defienden a personas con discapacidad, pero su participación no fue en representación de todo el colectivo, según dijeron.
La activista Nicole Mesén, quien participó de esta audiencia, advirtió a los diputados de que la propuesta, de ser aprobada, podría ser inconstitucional por no haberse consultado a los movimientos de personas con discapacidad, pese a que se trata de una reforma a la Ley 7.600, exclusiva para proteger a esta población.
Mesén aclaró que su participación en la audiencia no representaba una consulta formal a este grupo.
Ella leyó una nota firmada por 70 personas con discapacidad que rechaza la moción de Morera y propone que a las pequeñas empresas se les extienda el plazo de prevención para renovar su flotilla de tres a seis meses, que en este caso se sumarían a los tres meses que ya les concedió el Consejo de Transporte Público.
A más tardar, el 19 de abril, todas las empresas que incumplen con la antigüedad de flotilla de 15 años, deben haber presentado las solicitudes de renovación de flotilla.
Los diputados María Marta Carballo de la Unidad, Gilberto Campos del Liberal Progresista y Pablo Sibaja de Nueva República, defendieron el proyecto de ley argumentando que se pretende legislar para “todos”, en palabras de Carballo, y bajo los principios de “universalidad”, según dijo Campos.
Sibaja sostuvo que el proyecto debe mantenerse para no afectar a otra parte de la población que está sin servicio.
Kattia Rivera, de Liberación, pidió que se construya una propuesta, pero sin “bloqueos”.
Sofía Guillén, del Frente Amplio, recordó a los diputados que desde el inicio de la discusión, su fracción propuso beneficiar a los pequeños empresarios y cooperativas, pero esa posibilidad fue desechada por la mayoría.
