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Mediante una interpretación auténtica aprobada este jueves, la Asamblea Legislativa confirmó que las empresas instaladas en zonas francas gozan de la exoneración del pago del impuesto sobre bienes inmuebles durante diez años a partir del inicio de operaciones.
La interpretación, que recibió 43 votos a favor y uno en contra, aclaró el inciso D del artículo 20 de la Ley de régimen de zonas francas (7210).
Este inciso fijó, desde 1990, la exoneración del impuesto territorial por un periodo de diez años, desde el inicio de operaciones, para las compañías instaladas en el régimen de atracción de inversiones nuevas.
Sin embargo, en 1995, el Congreso aprobó una reforma al impuesto territorial mediante la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
El diputado liberacionista Luis Fernando Chacón, proponente de la interpretación auténtica, explicó que la reforma de 1995 generó confusión entre algunas municipalidades.
Algunas creyeron que el impuesto territorial no es lo mismo que el tributo sobre bienes inmuebles, lo cual provocó que algunas empresas, bajo el régimen de zona franca, no recibieran el beneficio.
“Esto ocasionó algún conflicto de algunas empresas de zonas francas y algunas municipalidades que estaban cobrando ese impuesto”, afirmó Chacón.
Como ejemplo, el legislador citó que la Municipalidad de Heredia no está aplicando la exoneración, aunque dijo que la mayoría de gobiernos locales sí lo hacen.
La diferencia de interpretación generó conflictos administrativos y judiciales entre municipalidades e inversionistas en ese tipo de regímenes, lo que devino en inseguridad jurídica, dijo el liberacionista.
“Estas interpretaciones de asesores de gobiernos locales, que son operadores de la ley, confabulan, precisamente, para afectar el clima de inversión en el país y en nuestras localidades”, añadió.
La interpretación auténtica, entonces, deja claro que, cuando la ley de zonas francas habla de exoneración del impuesto territorial, se refiere al “impuesto sobre bienes inmuebles”.
Asimismo, hace una aclaración sobre la fijación del tiempo de inicio a partir del cual entra a regir el periodo de 10 años de la exención.
En ese sentido, la iniciativa dice que, cuando se habla de “inicio de operaciones”, debe entenderse “fecha de inicio de operaciones que establezca el Acuerdo Ejecutivo para cada solicitud” de una empresa instalada en zona franca.
El texto fue aprobado con el voto de 16 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), nueve del Partido Acción Ciudadana (PAC), seis del Partido Restauración Nacional (PRN) y tres del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
También, votaron a favor tres congresistas del bloque Nueva República, dos del Partido Integración Nacional (PIN), uno del Republicano Social Cristiano (PRSC) y tres independientes. En contra votó José María Villalta, del Frente Amplio.
El texto será sometido a votación de segundo debate el próximo martes 26 de mayo.
Durante la discusión, el Plenario Legislativo rechazó dos mociones de Villalta que procuraban evitar el carácter retroactivo que, por medio de la Constitución, tienen las interpretaciones auténticas de ley.
Lo que el frenteamplista pretendía, según sus declaraciones en el plenario, era evitar que las empresas que no han sido exoneradas de dicho impuestos, recuperen ese dinero a través de procesos judiciales. El legislados supone que si esta acción ocurre, las municipalidades podrían debilitarse.
Villalta citó que la Municipalidad de Heredia expuso la misma preocupación durante la discusión del texto en comisión, sin que a la fecha se haya contestado.
De acuerdo con el legislador, dicha iniciativa se votó sin tener información sobre los efectos económicos en las municipalidades, ni de los litigios judiciales derivados de la interpretación del inciso que se reforma.
Luis Ramón Carranza y Welmer Ramos, ambos legisladores del PAC, pusieron a discusión el tema de las exoneraciones de las empresas de zonas francas. No obstante, los dos diputados rojiamarillos votaron a favor del proyecto.
“Yo creo que las zonas francas han venido a dar un gran aporte al desarrollo del país y a la generación de empleos. Sin embargo, es importante que comencemos a revisar esta ley, porque ha habido en los territorios que operaban antes pagando los impuestos y de la noche a la mañana aparecen como zonas francas, Esto va en detrimento de las municipalidades y los recursos para el Estado”, afirmó Carranza.
En términos similares se manifestó Ramos, pero este aclaró que no se opone al impulso de las zonas francas, sino que no se debe de abusar de las exenciones. “Yo estoy de acuerdo con incentivos fiscales, pero se aceptan si hay normas de desempeño en cuanto a calcular el valor agregado nacional que están generando”, indicó Ramos.
Al respecto, Luis Fernando Chacón indicó que las zonas francas demuestra que son socialmente rentables. “Por cada dólar recibido en (exención) de impuestos se generan $2,5 en beneficios sociales para la comunidad costarricense”, indicó el verdiblanco.
Mencionó que los empleos en zonas francas crecen en promedio un 10% anual, durante los últimos cuatro años, fuera de la Gran Área Metropolitana. En la actualidad ese régimen genera 115.000 trabajos, indicó.
