Hubo discusión fuerte, pero al final, los diputados confirmaron que la reforma fiscal gravará con un impuesto al valor agregado (IVA) de un 2% las compras de bienes y servicios que hagan las universidades públicas, tributo que al final el Ministerio de Hacienda deberá devolverles en 12 giros anuales.

Esta decisión de los congresitas se ajusta a lo acordado por la comisión especial que dictaminó la reforma y con el compromiso que el Gobierno adquirió con los rectores mediante una adenda al convenio de Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el 3 de setiembre.

Actualmente, las universidades públicas están exoneradas del tributo, pero con la reforma fiscal tendrían que pagar el IVA de tarifa reducia por un asunto de control impositivo, con el fin de que el fisco pueda dar trazabilidad a quienes venden contratos a las universidades públicas con el fin de cobrar los impuestos.

La decisión se tomó este martes en plenario en la ronda finalísima del trámite del proyecto. Este miércoles será la sexta y última sesión para discutir y votar las 228 mociones de reiteración pendientes.

Al final de la sesión, las mociones que aún queden por tramitar se votarán en las sesiones plenarias subsiguientes, pero sin discusión, solo automáticamente.

Según el jefe de la fracción del PAC, Víctor Morales Mora, todavía el jueves se llevarán las sesiones de mañana y tarde para votar esas mociones pendientes. Una vez que concluyan con las 368 propuestas de modificación al plan fiscal, los diputados podrán hablar durante diez minutos cada uno sobre el fondo de la iniciativa.

El vocero oficialista prevé que eso suceda entre lunes y martes de la próxima semana, cuando, según él, quedaría para primer debate.

“Creo que esto va a buen ritmo. Nos queda la sesión del miércoles, por Reglamento en la tarde no se conocería el 20.580. Tendremos todo el jueves, mañana y tarde, para seguir votando solo, sin discusión. Una posibilidad, según cuántas mociones veamos el miércoles, es ver si se agota la votación el jueves”, dijo.

Morales añadió que la votación electrónica los atrasa un poco, pues cada votación se toma hasta dos minutos. También valorarán el fin de semana, en la fracción oficialista, si utilizarán todos los minutos que tienen a disposición para hablar sobre la reforma fiscal.

En la discusión por el fondo, cada congresista puede hablar hasta por diez minutos, lo que significaría casi cuatro horas solo de discursos.

Acalorada discusión por el IVA a 'U' públicas

Durante dos horas, este martes, los diputados se enfrascaron en una polémica por una moción que habría elevado la tarifa propuesta para el IVA que paguen las universidades en la compra de bienes y servicios, una vez vigente la reforma fiscal.

La chispa que encendió la mecha apareció cuando los diputados aprobaron una moción de Pedro Muñoz, del PUSC, que los habilitó para abrir el plenario en comisión y poner sobre la lupa un cambio de fondo que el socialcristiano proponía para, supuestamente, solucionar un error en el plan fiscal.

El error que hay en el proyecto es que los servicios privados de educación están, a la vez, gravados con un 2% del IVA y exentos de pagar ese mismo tributo.

El problema se dio cuando, en la Comisión Especial de Reforma Fiscal, se aprobó una moción del diputado Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), la cual exoneró la educación privada, pero no eliminó el inciso que definía la tarifa reducida para ese mismo servicio.

Muñoz presentó su moción como una alternativa para resolver ese problema, pero José María Villalta, del Frente Amplio, advirtió que la propuesta del socialcristiano no eliminaba la tarifa del IVA para educación privada, sino la tarifa reducida del 2% pactada entre el Gobierno y los rectores universitarios para esos centros de enseñanza superior.

Es más, esa moción de reiteración, la número 45 (moción de fondo 300) habría establecido la exoneración del IVA para los servicios prestados por las universidades, tanto privadas como públicas, aparte de los créditos y la matrícula que ya estaban exentos en la reforma fiscal.

Aunque al principio el diputado del PUSC logró persuadir a una mayoría de legisladores para que se votara la propuesta, finalmente Liberación Nacional (PLN) y Acción Ciudadana (PAC) lograron convencer a los demás congresistas para que no se diera la modificación en el proyecto, por el riesgo que representaba para las universidades.

Pedro Muñoz alegó que su espíritu original era el de confirmar la exención de la educación privada, pero que por haber construido su moción con base en un borrador del texto sustitutivo que finalmente no se llegó a aprobar, tenía una mala referencia.

No obstante, alegó que bien se podría aprobar la moción para cambiar el artículo de marras en la reforma fiscal, puesto que quedaba claro que el espíritu de la moción era solucionar el problema de la contradicción entre exoneración y gravamen.

“No tiene lógica que se le dé un beneficio a un tipo de educación por encima de otra. Esta moción se refiere a los servicios privados y públicos, viene a defender la educación de todo tipo. Les reitero que mi intención era la exención completa, lo que hoy dice ‘inciso d’ era lo que decía originalmente en el texto de Hacienda y hoy debe entenderse como inciso b”, explicó Muñoz.

Ese argumento tuvo el apoyo de Pablo Heriberto Abarca, también de la Unidad, y de los diputados del Partido Integración Nacional (PIN).

Ante ello, Enrique Sánchez, del PAC, y Carlos Ricardo Benavides, del PLN, enfatizaron que no se podía aprobar una moción a pura intención del legislador, pues se generaba el riesgo de que se introdujera en el plan fiscal una moción que incrementara el gravamen a las universidades.

Incluso José María Villalta, quien originalmente estaba a favor de la moción de Pedro Muñoz, aseguró que se debía sopesar el costo frente al beneficio de la moción y explicó que, debido a que la educación privada ya está exenta en el plan fiscal, el riesgo era mayor, pese a la intención del socialcristiano.

Además, Muñoz le respondió a Benavides que él no se inventaba la intención de la exoneración, sino que ha apoyado todas las propuestas para no cobrarle impuestos a la educación privada, pero finalmente aceptó que se debía pedir criterio al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea.