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Los diputados aprobaron en primer debate, este lunes, el proyecto de ley para crear una nueva institución pública, cuyo objetivo será fomentar la eficiencia del sector público a través de la tecnología.
Se trata de la Agencia Nacional de Gobierno Digital, propuesta del congresista Wagner Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), cuya intención es promover transparencia, competitividad y participación ciudadana en los trámites estatales.
Tal como lo avalaron de forma unánime 40 legisladores, la Agencia estará encargada de implementar y ejecutar servicios tecnológicos y proyectos para la administración pública que permitan consolidar el Gobierno Digital.
Jiménez explicó que la idea es proveer a los costarricenses de accesos simples, ágiles, seguros y transparentes a todos los servicios públicos, por vías tecnológicas.
Antes del primer debate, el liberacionista dijo que es fundamental que el Estado pueda llegar y facilitar sus servicios a todas las personas a través de computadoras, tabletas y teléfonos celulares.
También afirmó que la Agencia de Gobierno Digital tendrá que funcionar como una herramienta de acceso a servicios 24 horas al día, los siete días de la semana, sin la necesidad de que las personas se tengan de desplazar a las ventanillas de las instituciones públicas con tanta frecuencia.
Igualmente, la nueva institución tendrá que velar por la confidencialidad y seguridad de la información de los ciudadanos, además de buscar la mejora de la calidad de vida de los costarricenses y propiciar un clima de negocios favorable y competitivo.
Específicamente, el proyecto crea dicha institución como un órgano adscrito al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y bajo su rectoría, pero con independencia operativa.
Su personal deberá ser profesional y técnico, para dar acompañamiento y asesoría técnica a las instituciones públicas para su transformación digital, en cuanto al planteamiento y desarrollo de planes estratégicos de digitalización.
En el proyecto aprobado, se establece que la Agencia se financiará con los servicios y proyectos que realice, cooperación internacional para actividades de Gobierno Digital, un 10% de todas las subejecuciones de instituciones públicas y el 20% del ahorro que tengan las instituciones al utilizar los servicios digitales provistos por la Agencia.
También se le permite acceder a donaciones, transferencias y contribuciones de personas físicas y entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Si tuviese excedentes, la mitad serán para pagar deuda pública y el resto para invertir en proyectos tecnológicos.
En la junta directiva de la nueva institución estarán representados el jerarca del Micitt, un representante de Hacienda, uno del Ministerio de Economía, uno del Mideplán y uno de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), sin derecho a dietas.
Además, como jerarca a cargo, la Agencia de Gobierno Digital tendrá un gerente nombrado por la junta directiva, con facultades de apoderado general, representación judicial y extrajudicial.
Para reglamentar la ley, el proyecto le da seis meses al Poder Ejecutivo a partir de su vigencia.
