En el caso de Limón, la zona especial se ubicaría en puerto Moín y se denominaría Depósito Libre Comercial del Caribe. En la provincia de Puntarenas, se establecerían dos zonas libres: una en el muelle del cantón central y otra en puerto Caldera, en Esparza.

En el régimen de puerto libre, los productos estarían exentos de todos los tributos y recargos aplicables a la importación. Quienes deseen realizar compras deberán obtener un permiso presentando su respectiva identificación en el depósito correspondiente.

Los bienes adquiridos en estas zonas serán únicamente para uso personal. El monto máximo autorizado para compras en Moín será el equivalente a cuatro salarios base del Poder Judicial: ¢1,8 millones; la suma será la misma para nacionales y extranjeros. El proyecto no especifica la suma autorizada para los muelles de Puntarenas.

De hecho, el texto está ayuno de otras especificaciones para las zonas libres del Pacífico, las cuales sí están claras para la del Caribe.

El propósito del plan es incentivar la economía de las zonas de Limón y Puntarenas. La propuesta es del diputado Geison Valverde Méndez, del Partido Liberación Nacional (PLN) y cuenta con el apoyo de Nueva República (PNR) y la Unidad Social Cristiana (PUSC).

El plan fue dictaminado positivamente en la Comisión Especial de Limón, el 21 de marzo. Ahora, pasará a discusión y revisión del plenario legislativo.

El proyecto designa a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incoop) como las administradoras de los recintos. Estas entidades deberán buscar alianzas público-privadas para financiar la construcción de cada puerto libre.

Japdeva podrá utilizar recursos del canon de explotación y desarrollo de la Terminal de Contenedores de Moín.

Depósito del Caribe

Para la zona libre de Limón, el plan propone un impuesto único del 10% sobre la venta de las mercaderías almacenadas en las bodegas del Depósito Libre Comercial del Caribe. Este gravamen se aplicaría sobre la carga tributaria total correspondiente a una importación ordinaria. Los recursos recaudados entrarían a Japdeva.

Sin embargo, el proyecto establece que el porcentaje de impuesto será del 3% para productos de perfumería, tocador, cosméticos, lavadoras, secadoras de ropa, máquinas de coser para uso doméstico, planchas eléctricas y microondas.

Para las mercaderías de producción nacional que se comercialicen en la zona libre, se aplicará un impuesto único del 3% sobre la base imponible.

El Ministerio de Hacienda será el encargado de fiscalizar este depósito, instalando puestos de control de aduanas y fiscalización dentro de las instalaciones del recinto.

En cuanto a los negocios, las concesiones se otorgarán por un plazo de diez años y solo se entregarán a personas que tengan su domicilio registrado en la provincia de Limón con una antigüedad de al menos tres años previos. La pertenencia a la zona se comprobará mediante los datos del Registro Civil o el Registro Nacional.

Japdeva deberá invertir el 75% de los ingresos netos de la operación de la zona libre del Caribe en proyectos suscritos con municipalidades del Atlántico. Los recursos se distribuirán en un porcentaje equivalente a la población que representa cada uno de los cantones en el total poblacional de la provincia limonense.

El plan no establece regulaciones adicionales de tributos ni otorgamiento de concesiones para las zonas libres del Pacífico.

Tren llegaría a puertos libres

La propuesta de ley encarga al Poder Ejecutivo declarar como iniciativa de interés público la creación de un ferrocarril que llegue a los puertos libres del Caribe y el Pacífico.

Los trámites para el ferrocarril estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (Mopt) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), quienes deberán entregar los estudios de factibilidad y evaluaciones del proyecto.

Para el trazado de las vías ferroviarias, el MOPT trabajará en coordinación con el Registro Nacional para identificar y obtener los derechos de vía necesarios para el proyecto.

La construcción de esta ruta busca mejorar el servicio de transporte público y facilitar la movilización a las zonas especiales para los costarricenses que deseen realizar compras.

Posible afectación a Golfito

Para Fréiner Lara, alcalde de de Golfito, el proyecto es un riesgo para la economía de su cantón, que depende en parte de su depósito libre.

“Impactaría, sin duda alguna, de forma negativa al Depósito Libre de Golfito, por la lejanía que existe entre la capital y Golfito, en comparación a Caldera o Limón. Por ello, se han tenido que implementar nuevas medidas, cuyo objetivo es que se promueva más la visitación de las personas a Golfito. Tal es el caso del cambio para poder hacer las compras el mismo día”, declaró.

Lara considera que, en vez de crear nuevos depósitos que “vendrían a matarse unos a otros”, el gobierno y los diputados deberían pensar en cómo fortalecer y hacer más competitivo el de Golfito y cómo reconstruir los locales quemados hace varios años.

El depósito libre de Golfito se creó en 1985 con el fin de proveer empleo e ingresos a los vecinos de Golfito, Corredores y Osa.