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Los diputados de la Comisión Investigadora de las Finanzas Electorales externaron su preocupación sobre el origen de los fondos con los que se paga a troles de redes sociales para que ataquen a la prensa y a críticos del Gobierno.
La inquietud se fortaleció con las recientes revelaciones hechas por Alberto Vargas, administrador del personaje ficticio Piero Calandrelli, quien reveló que la ministra de Salud, Joselyn Chacón, le pagó para atacar a reporteros y a quienes la criticaran en general. Asimismo, aseveró que una funcionaria de Casa Presidencial le dio dinero para hablar bien del presidente Rodrigo Chaves y arremeter contra el oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Esa funcionaria, Mayuli Ortega, trabaja en la creación de un nuevo partido político, llamado Pueblo Soberano, que alega representar el verdadero “rodriguismo”.
La ministra Chacón admitió haber hecho pagos de su bolsillo a Vargas, para una campaña de salud, versión que es desmentida por él. El administrador del perfil mostró dos depósitos de ¢100.000 hechos en setiembre y octubre.
El diputado liberacionista Francisco Nicolás, miembro de dicha comisión, resaltó que este no es un hecho aislado, pues sostiene que Calandrelli es apenas uno de los troles que formó parte de todo un cuerpo organizado que se inició desde la campaña presidencial y sigue operando actualmente.
“Esta es una de las turbinas de popularidad que utiliza el Gobierno para inflarse ellos y amedrentar a todo aquel que opine diferente. Y como toda organización, requiere financiamiento, por eso vamos a llamar a Vargas a la comisión”, señaló Nicolás.
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“Para mí no hay almuerzo gratis en esto. Quieren que la popularidad del Gobierno se mantenga hacia donde ellos la llevan, quieren masacrar a quienes se les opongan, quieren acallar a la prensa. Hay que buscar a esos financistas”, añadió Nicolás.
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El diputado del Frente Amplio (FA), Ariel Robles, también cuestionó de dónde proviene el dinero para pago de troles, cómo se realizan los pagos y quién los administra.
“Nos debe preocupar porque tiene una afectación directa a la democracia costarricense, y tiene una relación directa con un Gobierno financiando desinformación o información que les favorezca. Esto puede estar sucediendo con Calandrelli, pero también con cuatro o cinco medios que yo no creo que de forma gratuita estén todo el tiempo difundiendo información de este tipo”, declaró Robles a La Nación.
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El legislador del Partido Liberal Progresista (PLP), Jorge Eduardo Dengo, resaltó la necesidad de analizar si otras agrupaciones políticas, además del PPSD, han utilizado troles para difundir mensajes de odio en redes sociales, pues esto “empaña el juego democrático que tiene que tener una contienda electoral”.
Dengo consideró importante que las autoridades de Gobierno, incluyendo a la jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, den explicaciones sobre su papel en esta polémica.
“Esto es importante para que se preserve una relación de confianza y trabajo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El oficialismo ha manifestado desde el inicio una actitud ética y moral que está quedando en deuda, no están siendo consistentes”, subrayó Dengo.
Finalmente, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, Vanessa Castro, externó su preocupación debido a la gravedad de las denuncias.
“Si las revelaciones son verdaderas, tendríamos hechos sumamente graves que trascienden las normas y tocan el tema ético y moral. Temas como estos afectan nuestra democracia, si se logra comprobar algo así, deberíamos llegar hasta las últimas consecuencias”, declaró Castro.
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Los cuatro diputados entrevistados por La Nación, Nicolás, Robles, Dengo y Castro, coincidieron en que la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, se encuentra ante una situación incómoda, como integrante de la Comisión Investigadora de las Finanzas Electorales.
En ese foro, tendrá la oportunidad de entrevistar a Alberto Vargas cuando este acuda a comparecer ante los diputados.
Cisneros fue señalada por Vargas como una de las representantes del Gobierno con las que mantenía contacto. Ella le habría pedido ayuda para “levantar la imagen de Joselyn (Chacón), porque estaba muy, muy, muy dañada, debido al montón de errores que ella estaba cometiendo en el Ministerio de Salud”.
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El frenteamplista Ariel Robles reiteró que Cisneros se encuentra en un conflicto de interés debido a que formó parte de la campaña del PPSD e incluso fue denunciada por una agencia de publicidad que brindó servicios a su partido.
“Ha quedado en evidencia cómo una diputada y jefa de fracción ha tenido un vínculo directo con este señor que maneja un perfil de Facebook en el que se han difundido ataques, no solo a figuras políticas, sino también a medios de comunicación y a todo el que critique al Gobierno de la República”, aseveró Robles.
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“Dice que no conoce a Piero Calandrelli, pero hay audios donde habla con el señor por su nombre, le dice ‘pongámonos de acuerdo para conversar’, le hizo videos en campaña para que los reproduzca en su plataforma”, añadió el frenteamplista.
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El congresista Francisco Nicolás expresó que, aunque existe un conflicto para la diputada Cisneros, considera que los diputados deben actuar con cautela, y recibir primero a Alberto Vargas en comparecencia.
“No quiero que se interprete que queremos invalidar la gestión legislativa de Cisneros. Al contrario, queremos que esté dentro para que sienta directamente si cometió algún error, y que asuma la responsabilidad”, exclamó el verdiblanco.
“Nunca como ahora se golpeó tanto a la prensa, nunca como ahora en este país en donde nos decimos democráticos y tolerantes, se ha perseguido periodistas, nunca como ahora”, dijo Nicolás.
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La diputada Vanessa Castro consideró que “los compañeros que estén relacionados con las investigaciones tendrían que separarse”.
“Si hay figuras de orden político como ministras y diputadas involucradas en hechos de esta magnitud, es sumamente grave”, sumó Castro.