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Siete años después de haber llegado la propuesta a la Asamblea Legislativa, 51 diputados aprobaron en primer debate, este lunes, un proyecto de ley que exige al Gobierno una revisión profunda de todas las exoneraciones vigentes.
Dicha revisión la debe hacer el Ministerio de Hacienda en un plazo de dos años, para determinar la eficacia, pertinencia y validez de todas las exoneraciones vigentes.
A partir de ese análisis se determinará la necesidad de mantener, modificar, reducir o eliminar, parcial o totalmente, las exenciones fiscales que existen en la actualidad.
Se trata del expediente 19.531, originalmente presentado en el 2015 por la administración de Luis Guillermo Solís Rivera, cuyo planteamiento es generar normativa y reglas claras para el otorgamiento de las exenciones fiscales, así como la exigencia de derogar todas aquellas que no tengan sentido.
Luego de permanecer cinco años engavetado, el plan avanzó en el 2020, en momentos en que las exoneraciones fiscales significan un 4,5% del producto interno bruto (PIB). Ese año, el país concedió beneficios por ¢1,5 billones con base en diversos mecanismos legales.
Según publicaciones de El Financiero de abril pasado, las exoneraciones a las empresas en régimen de zona franca, aguinaldos y la tarifa reducida del impuesto sobre el valor agregado (IVA) a la canasta básica suman la mitad de los beneficios tributarios del país.
El proyecto revivió en las etapas finales de la anterior Asamblea y fue impulsado por el gobierno de Rodrigo Chaves, cuando lo puso en agenda del Congreso, el 16 de mayo. Al día siguiente, la iniciativa recibió el primer debate positivo en el plenario.
No obstante, a instancias del Partido Liberal Progresista (PLP) se devolvió al trámite anterior al primer debate, para ajustar varios artículos del proyecto, en específico los plazos a la normativa existente en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
Aparte de que la iniciativa fija un plazo de dos años para la revisión inicial, también le exige al Gobierno hacer una revisión periódica de las exoneraciones, cada cuatro años.
La ley contiene 45 artículos con regulaciones generales sobre el otorgamiento de exenciones tributarias de varios tipos, así como los procedimientos para revocarlas y sancionar el incumplimiento de las normas que las autorizan.
Las anomalías descritas en el proyecto son hacer mal uso o distinto del previsto por la ley a los bienes exonerados, así como omitir la presentación de los informes periódicos a la Dirección General de Hacienda, o bien, que no se cancele la obligación tributaria. En este último caso, tendrá que pagar una multa del 50% de lo que debía pagar originalmente.
Elimina leyes obsoletas
Además de crear un régimen específico sobre evaluación de exenciones, el proyecto específicamente elimina 138 leyes que establecieron exoneraciones entre 1959 y el 2001, todas ellas obsoletas.
La mayoría son exoneraciones de bienes para instituciones públicas y municipalidades, para la Cruz Roja, y otras entidades; o bien, tributos sobre vehículos para rifar.
Incluso, se derogan leyes relacionadas con la donación de los automóviles que recibieron los mundialistas de Italia 90, regalados por el entonces presidente de la República, Rafael Ángel Calderón Fournier.
Se incluye también, entre las normas legales eliminadas, una sobre el reconocimiento por méritos a los nadadores Claudia Poll, Francisco Rivas y Monserrat Hidalgo, y la exoneración de impuestos por la compra e inscripción de un vehículo para Poll, por haber ganado dos medallas en las Olimpiadas de Sidney 2000.
La votación en segundo debate del proyecto quedó fijada para el próximo jueves 16 de junio. Después de esa aprobación definitiva, la iniciativa pasará al Poder Ejecutivo, para que lo firme y se publique en La Gaceta.
