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Los jefes de fracción de cinco partidos políticos coinciden en que el ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta, debe renunciar al cargo, por consignar datos falsos en el contrato para la construcción de la ruta de acceso a la Terminal de Contenedores del Moín (TCM), en Limón.
La Nación denunció ayer que, de manera premeditada, el MOPT incluyó un desfase de 80 metros en las coordenadas que estableció para prediseñar esa carretera de poco más de 2 kilómetros de longitud y que de antemano sabía que la vía trazada no conectaba con la entrada al megapuerto.
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Ese 'fallo' que se produjo en la ruta 257 para esquivar los controles de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (Setena) le costará $14 millones más (casi ¢8.000 millones) a los contribuyentes.
Los jefes de bancada que piden que se sienten responsabilidades y se oponen a la continuidad de Villalta son Maureen Clarke, de Liberación Nacional (PLN); Edgardo Araya, del Frente Amplio; Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana; Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense; y Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional.
"Si hubiera sido un ministro de Liberación Nacional hace rato tuvieron que quitarlo, pero hace rato, porque este tipo de cosas no se pueden pasar por alto y mucho menos con tantos millones de por medio, esto es una incapacidad total, no solo del Conavi (Consejo Nacional de Vialidad), que yo exijo que se cierre, sino también del ministro, yo pido que se vaya", expresó Clarke.
Mientras Araya agregó: "Si efectivamente hay un acto premeditado de engañar a la Setena, me parece que si la situación es así, no debería continuar, ¿con qué confianza va a continuar un ministro así?".
Con él coincide su compañero de bancada Gerardo Vargas Varela, quien asegura que esa concesión "está rodeada de elementos que a todas luces son irregulares".
"Después de que don Carlos Villalta estuvo en la comisión y ahí quedó clarísimo que él sabía de esa pifia y que no hizo nada para corregirlo, que es una pifia de $14 millones que ahora tenemos que pagar los costarricenses, no se vale que un ministro se escude en decir que esto era un asunto del gobierno anterior.
"Tanto el ministro con el director del Conavi están debiendo. No es justo que los costarricenses tengamos que pagar una pifia de $14 millones y que las personas responsables de eso, sigan en sus puestos como si nada estuviera pasando", dijo Vargas Varela.
Ellos califican esa 'pifia' premeditada como un hecho "muy grave", "imperdonable" y hasta como "un acto de corrupción".
Consideran que se podría estar frente a un presunto delito de falsedad ideológica en documento público y ante eventuales incumplimientos al deber de probidad.
Por eso, con excepción de Mario Redondo, piden al Ministerio Público investigar, de oficio, ese proceso licitatorio que arrancó en marzo del 2016.
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"En este tipo de casos, donde se encuentra la mínima duda de que los recursos públicos están mal utilizados, yo creo que deben ser investigados por el Ministerio Público. Aquí está muy claro lo que sucedió, a confesión de partes, relevo de pruebas", dijo Gonzalo Ramírez.
Fabricio Alvarado añadió: "Eso no fue una pifia, eso fue corrupción y como un caso de corrupción deben ser sancionados quienes estén detrás de ello, llámense responsables políticos como don Carlos Villalta o mandos medios que hayan estado detrás de ese lamentable acto".
Desde el 4 de abril, este medio solicitó una entrevista con el jerarca del MOPT; sin embargo, no ha sido concedida a la fecha.
Hecho grave, sin pedir salida. Otto Guevara y Gerardo Vargas Rojas, jefes de fracción del Movimiento Libertario y de la Unidad Social Cristiana (PUSC), respectivamente, censuraron lo acontecido, mas no, abogaron por la salida de Villalta del MOPT.
Guevara asegura que primero quiere que el jerarca comparezca en la Comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público para aclarar algunas dudas, como por ejemplo, el hecho de que el Conavi rechazara una propuesta que resolvía el desfase de 80 metros y que resultaba $12 millones más barata que la oferta que al final se contrató.
La obra se le adjudicó, el 30 de junio del 2016, al Consorcio del Atlántico por $72 millones, esa fue la oferta más alta de las tres que se presentaron. La que se rechazó fue presentada por el Consorcio H Solís-Estrella y costaba $60 millones.
"Me parece muy serio lo que se señala ahí, que se desecha una opción que entroncaba la carretera con el acceso de la TCM, faltan explicaciones a la ciudadana de por qué se desecha una opción que era más barata", declaró Guevara.
Vargas Rojas, por su parte, pide al presidente Luis Guillermo Solís tomar acciones y sentar responsabilidades.
"No quisiera pedir la renuncia de don Carlos, ni tampoco apoyarlo, pero sí me parece que el Presidente de la República debe estudiar el caso a fondo y deben explicaciones al pueblo de Costa Rica por los hechos que se denuncian, porque son gravísimos.
"Con base a las declaraciones de los propios funcionarios públicos se podría haber cometido algunos delitos, hablo de falsedad ideológica y falta al deber de probidad, al menos. Esta información debería motivar a la Fiscalía para que actúe de oficio, porque hay evidencia suficiente para sustentar la investigación", afirmó el coordinador del PUSC.
Oficialismo pide explicaciones. El subjefe de la bancada del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), Franklin Corella, pide al ministro Villalta que dé explicaciones y esclarezca lo que sucedió. Él asegura que es necesario que señale a los responsables.
"Mi lectura es que el ministro tiene la responsabilidad de aclararle a la opinión pública lo que verdaderamente sucedió y transparentar todo el proceso de discusión (...). El deber de él es esclarecer y denunciar aquellos funcionarios que, posiblemente, hicieron algún acto de corrupción, siguiendo el debido proceso. Al existir dudas, lo más sano es iniciar las investigaciones que correspondan. De lo contrario, estaría cometiendo un error y tendría que asumir responsabilidades", manifestó Corella.
Colaboró el periodista Aarón Sequeira.
