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En reunión de trabajo con la ministra de Planificación, Pilar Garrido, diputados de la Comisión de Gobierno y Administración acordaron este martes no excluir a más instituciones de la reforma al empleo público.
La idea de los legisladores es mantener dentro de la iniciativa a las universidades públicas y, también, a las municipalidades.
Sin embargo, esas instituciones autónomas participarían en la definición del futuro salario global en conjunto con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), el Servicio Civil y la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, en lo que corresponda según la legalidad.
Lo mismo harían el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). En todos esos casos, la participación se haría efectiva a través de las oficinas de recursos humanos de las instituciones.
Así lo explicó la jerarca de Planificación, Pilar Garrido, al salir de una sesión de trabajo conjunta que se extendió por alrededor de hora y media en el edificio legislativo.
“El sentir de la comisión en estos momentos es que no habrá ninguna otra excepción adicional a la que están contempladas ahí, como son las empresas públicas en competencia y los entes públicos no estatales y aquellas instituciones que tiene fines públicos, pero su régimen es privado”, explicó la jerarca.
El acuerdo sobre este tema lo confirmaron el jefe de fracción liberacionista, Luis Fernando Chacón, y la independiente Zoila Rosa Volio.
“En el tema de las universidades estamos construyendo la moción para que no sean de ninguna manera excluidas”, añadió Chacón.
A tono con lo dicho por Garrido, el verdiblanco explicó que los diputados decidieron presentar mociones para que, a través de la rectoría, se articule la elaboración de las categorías de salario global con las instituciones autónomas, con el fin de proteger, precisamente, la autonomía.
“Lo mismo se aplica para las municipalidades, las universidades que son instituciones autónomas, pero que podemos cubrirlas con el artículo 191 (de la Constitución) y que, en todo lo que es materia de política salarial, haya una coordinación con la rectoría con cada una de ellas”, agregó Chacón.
Sobre las empresas públicas en competencia, las cuales fueron sacadas del texto, se construye una propuesta para establecer alguna fiscalización que reconozca los regímenes de empleo público y privado que existe en ellas, explicó Garrido.
Tanto Chacón como Garrido explicaron que, en materia de rectoría, se decidió que el Mideplán tendrá a su cargo la rectoría política y el Servicio Civil la rectoría técnica.
“La rectoría política son lineamientos generales en la lógica de la conducción política que ya prevé nuestra Constitución. El ámbito de la rectoría técnica será para las instituciones de la cobertura del Servicio Civil que son ministerios y órganos desconcentrados”.
“Ellos seguirán teniendo la responsabilidad que tienen hasta ahora en aspectos de naturaleza operativa en gestión de recursos humanos. En el caso de la rectoría política, en las instituciones de autonomía grados 2 y 3, estarían bajo Mideplán.
“Es un lineamiento general que aplicaría según el bloque de constitucionalidad. En algunos casos, se aplicará únicamente lo que conste en la ley y, en algunas otras que tengan autonomía grados 2 y 3, los lineamientos generales no les alcanzan de por sí por el diseño constitucional”, explicó la titular de Mideplán.
Por autonomía grados 2 y 3, Garrido se refiere a los poderes Judicial y Legislativo, así como a municipalidades y a instituciones autónomas como las universidades públicas.
Chacón y Garrido también manifestaron que, en convenciones colectivas en el sector público, se avanzó en la línea de resguardar el derecho constitucional de negociar temas de salud ocupacional y otros derechos laborales.
Sin embargo, se establecerían limitaciones sobre incrementos salariales, pluses o nuevas contrataciones.
Sobre la elección del director general del Servicio Civil, que los diputados habían decidido trasladarla a la Asamblea Legislativa en lugar de la Presidencia, no se avanzó mucho.
Sin embargo, Garrido explicó que ya hay iniciativas presentadas al proyecto que permitirían al Gobierno presentar una terna, la cual deberá ser ratificada por el Congreso.
En materia de salario global, el cual sería de un monto único, sin pluses, para cada escala salarial, la visión de los diputados es mantener lo incluido en el proyecto hasta el momento.
Esa redacción obligaría a implementar ese esquema a las nuevas contrataciones y congelaría el sueldo a quienes ganen por encima del nuevo sistema hasta que les alcance el global. Una vez que esto ocurra, migrarían automáticamente al nuevo esquema.
En cuanto a quienes hoy ganen menos del futuro salario global, mantendría su actual sistema de salario base más pluses hasta que alcancen al nuevo y, en ese momento, cambian de sistema.
Chacón y Garrido dijeron que se mantenía la idea de quemar el segundo día de mociones de ajuste al proyecto dictaminado este miércoles. Sin embargo, esa posibilidad fue descartada en la tarde de este mismo martes.
Con la apertura del segundo y último día de presentación de mociones, el plenario abre un espacio para que los diputados presenten sus propuestas de ajuste al proyecto.
“Viene el segundo día de mociones según lo conversado. Nada está en firme hasta que no haya ocurrido, como es natural. Pero hay un camino y una construcción en los puntos señalados”, concluyó Garrido,
De parte de los diputados asistieron a la reunión Luis Fernando Chacón y Jorge Fonseca, por el Partido Liberación Nacional (PLN); el presidente de la comisión, Víctor Morales, del Partido Acción Ciudadana (PAC); y la independiente Zoila Rosa Volio.
También asistieron Jonathan Prendas, del bloque fabricista; y los socialcristianos Aracelly Salas y Pablo Heriberto Abarca.
