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Cinco diputados de la fracción de Progreso Social Democrático (PPSD) votaron negativamente el proyecto de Ley para la prevención de la violencia contra personas menores de edad y personas jóvenes. Pese a ello, el plan fue aprobado en segundo debate, este lunes, por otros 41 legisladores.
Se trata del expediente 23.642, el cual ordena a las instituciones públicas crear una estrategia de prevención en favor de los jóvenes, mediante la articulación y coordinación. El plan fue presentado por la subjefa del Partido Liberación Nacional (PLN), Alejandra Larios. Para ello, el plan ordena integrar la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia y la Promoción de la Paz Social la cual deberá diseñar, impulsar y evaluar las acciones contenidas en el Plan Nacional para el Tratamiento de la Violencia y la Criminalidad.
De acuerdo con Pilar Cisneros, jefa del PPSD, los oficialistas están de acuerdo con el fondo de la propuesta, pero no con la reducción que se aplicaría a los recursos que deben trasladar las municipalidades a la Junta Administrativa del Registro Nacional para el Catastro Nacional.
“Hay mucho fraude registral y robo de propiedades registrales en el país, y esta reforma deja al Registro con menos recursos para combatirlo. La fracción oficialista no puede apoyar un proyecto que disminuye los recursos de la entidad responsable de garantizar la seguridad jurídica sobre las propiedades de los costarricenses”, argumentó Cisneros.
Actualmente, las municipalidades le transfieren un 2% de lo recaudado anualmente por impuesto de bienes inmuebles al Registro Nacional. Con esta ley, esa transferencia bajará a un 1%.
Del 1% restante, un 0,6% se trasferirá al Ministerio de Justicia y Paz para cumplir con la prevención de la violencia y el 0,4% se queda en los ayuntamientos, con ese mismo fin.
Aunque la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social ya existe por decreto, el proyecto aprobado eleva ese órgano al rango de ley y establece los integrantes.
El foro tendría representantes de los ministerios de Justicia y Paz, quien presidirá el órgano; Seguridad Pública y Gobernación, Educación Pública, Salud, Cultura y Juventud, así como del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Asamblea Nacional de la Red Consultiva de la Persona Joven, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (Icoder).
Entre las obligaciones de esa comisión, están las de diseñar, impulsar y evaluar el Plan Nacional para el Tratamiento de la Violencia y la Criminalidad, así como velar por el adecuado desarrollo y funcionamiento del Sistema de Información sobre Violencia y Delito.
Ese órgano también debe coordinar procedimientos, métodos y técnicas en proyectos conjuntos, así como promover convenios con organismos nacionales o internacionales que apoyen en la materia, entre otras funciones.
Por otra parte, también se crea el Índice de Seguridad Ciudadana, una herramienta con información por provincia, cantón y distrito, para generar un indicador relacionado con las actividades y los programas de prevención de las instituciones públicas. La idea es ayudar en la toma de decisiones que mejoren el entorno de seguridad de la ciudadanía.
Diputados como Gloria Navas, de Nueva República; Ariel Robles, del Frente Amplio, y Montserrat Ruiz, de Liberación Nacional (PLN), destacaron la aprobación de una iniciativa centrada en el combate a la inseguridad ciudadana, pero con un enfoque preventivo, en lugar de represivo.
