Del cúmulo de observaciones y dudas que le surgió a la alianza opositora sobre el proyecto de ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, luego de varias semanas de audiencias a empresarios y órganos gubernamentales, salieron 18 mociones a la iniciativa de ley.
La presidenta de la Comisión de Hacendarios, la socialcristiana Rosibel Ramos, aseguró que esas propuestas de modificación al expediente legislativo ya están en manos del Ejecutivo.
Entre los cambios, está la incorporación de una definición de beneficiario final, según lo establece el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, ente normalizador en materia de lucha contra la legitimación de capitales y contra el dinero del terrorismo).
El liberacionista Rolando González considera que esa es una definición más clara y de una mayor solidez técnica, a diferencia de la doméstica.
“Mantendríamos el registro establecido en el Banco Central de Costa Rica (BCCR), se incorporan los beneficiarios dentro del país y, para los de fuera, solo los que tengan intervención directa en la capacidad resolutiva de la sociedad o en los que tengan un margen del 15% al 25% del capital accionario”, dijo el verdiblanco anoche.
Según los opositores, esperan la reacción del Ministerio de Hacienda, a cuyo viceministro Fernando Rodríguez le dieron las mociones, para luego ir a consulta con el Partido Acción Ciudadana y el Frente Amplio.
“El registro (de accionistas) se mantiene incólume, pero le damos más seguridad jurídica”, prometió González.
Las negociaciones internas de la alianza opositora no han caído bien en el Frente Amplio, cuyos diputados sospechan que hay intenciones de, incluso, de quitarle dientes al proyecto en esa mejoría que se intenta de la lucha contra el fraude fiscal.
Entre esos cambios que temen es el de quitar los beneficiarios finales del registro de accionistas que se crearía con la entrada en vigencia de la iniciativa legal.