EscucharLos diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos rechazaron cobrar impuesto de renta al salario escolar de los empleados del sector público.
Una moción presentada por la diputada Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), pretendía revertir la votación de la semana pasada que excluyó ese gravamen del proyecto de reducciones de exoneraciones fiscales.
No obstante, la propuesta fue rechazada con seis votos en contra y solo tres a favor.
Votaron en contra de equiparar los impuestos entre trabajadores públicos y privados los diputados José María Villalta, del Frente Amplio; Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Franggi Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN); Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN); Mileidy Alvarado, de Restauración Nacional; y la independiente Paola Vega.
Además de la diputada Hidalgo, votaron a favor de gravar el salario escolar los liberacionistas Wagner Jiménez y Jorge Luis Fonseca.
La decisión de los congresistas recorta en ¢43.000 millones anuales la recaudación que el Gobierno pretendía alcanzar con la propuesta de ley. Dicha iniciativa forma parte de la agenda pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un financiamiento en tractos por $1.778 millones.
“Teníamos la intención de revertir la moción que mantiene exonerado el salario escolar del impuesto sobre la renta, pero fue rechazada. Es decir, por ahora el salario escolar seguirá exonerado”, afirmó Hidalgo.
Los legisladores decidieron mantener libre de impuesto el salario escolar, pese a que la Contraloría General de la República (CGR) emitió un criterio técnico mediante el cual afirmó que la medida generaba equidad tributaria entre trabajadores públicos y privados.
El salario escolar que los funcionarios públicos reciben en enero no es un ahorro ni es fruto de deducciones que se acumulan a lo largo del año. De acuerdo con sentencias de la Sala Constitucional, el salario escolar es parte del salario ordinario que reciben los funcionarios.
Este se originó por un aumento salarial que el gobierno de José María Figueres Olsen (1994-1998) no pudo pagar en cierto momento y que, entonces, decidió compensarlo como un décimo tercer salario en enero.
En el sector privado, este beneficio es prácticamente inexistente.
Los congresistas aún tienen la posibilidad de presentar una moción, vía el artículo 137 del reglamento legislativo, para incorporar el cobro del impuesto al salario escolar en el plenario legislativo.
