EscucharLa fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) anunció, este lunes por la tarde, su absoluta oposición a la venta del conglomerado financiero Banco de Costa Rica (BCR), propuesta planteada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, para atenuar la deuda pública.
La jefa de bancada del PUSC, la diputada Daniela Rojas, explicó que la postura de los socialcristianos obedece a varios aspectos, entre ellos el tamaño de la deuda pública, pues consideran que la venta del BCR no aportaría nada significativo para reducirla.
Rojas también detalló que no consideran adecuada la venta del conglomerado por pedazos y que tienen muchas dudas sobre cómo se van a reponer las cargas parafiscales que el BCR aporta hoy a programas como las pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Asimismo, tanto Daniela Rojas como Vanessa Castro, presidenta de la Comisión de Económicos, cuestionaron que el proyecto de Chaves otorgue muchas decisiones relacionadas con la venta del banco a un órgano tan político como el Consejo de Gobierno.
Según el plan, el Consejo de Gobierno se encargaría de la venta y un comité de ministros seleccionaría, mediante entrevistas, a la persona o empresa asesora de la subasta, la cual ganaría una comisión.
“No tenemos certeza de cuánto cuesta y así no tenemos certeza de la rentabilidad, ni de que eso realmente vaya a impactar el tamaño de la deuda pública”, dijo Castro.
Rojas enfatizó que la exposición de motivos de un proyecto de ley no se puede cambiar y que el monto establecido para la eventual venta del BCR no proviene de un estudio técnico.
“La conclusión es que esto no es lo más conveniente para el país”, aseveró la jefa la bancada.
Vanessa Castro aseguró que el trámite seguirá su curso en la comisión que ella preside, con las decenas de consultas enviadas, además de que se debe respetar el criterio de las demás fracciones políticos.
Chaves había estimado la venta en ¢1,2 billones y la deuda pública estaba en ¢28,7 billones el pasado 30 de abril.
Por su parte, el ministro de Hacienda sostuvo que un abono de ese tamaño permitiría liberar ¢94.000 millones anuales en el pago de intereses de la deuda, de los cuales una tercera parte se usaría para reponer las cargas parafiscales.
Duro golpe en los números
Sin los nueve votos del PUSC, el plan de venta del BCR se pone cuesta arriba. Aunque el presidente Chaves insiste en que el plan se puede aprobar con 29 votos, el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativo sostiene que se requiere de 38, porque se estaría deshaciendo una institución autónoma.
El Frente Amplio ya se había opuesto a la operación y ahora lo hace el PUSC, lo que resta 15 votos.
Solo quedan 42 votos posibles, pero muchos legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN) ya han expresado su oposición.
Críticas a transparencia
La semana pasada, la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, declaró que el proyecto de ley de venta del BCR “contraviene la transparencia que requiere”.
Mencionó que el texto contempla una “huida de los controles” legales establecidos para asegurar la transparencia en los procesos de contratación pública. Además, cuestionó que no existan parámetros para definir el porcentaje de comisión que recibiría la persona encargada de la asesoría.
Las nueve razones del PUSC
La bancada del PUSC también cuestiona que se ponga en peligro la situación laboral de los 4.300 funcionarios del BCR, la estabilidad económica de las instituciones públicas y la posible pérdida de un valioso activo del Estado por un valor menor a la realidad del mercado.
Estos son los argumentos de los socialcristianos en detalle:
-Valor: Falta de un estudio técnico apropiado y una metodología adecuada que determine el valor real del banco.
-Fuerza laboral: No se contempla qué sucederá con los 4.300 funcionarios de la institución, lo que provocaría graves afectaciones económicas para las familias y aumentaría los índices de desempleo; el pago de prestaciones sería de ¢20.000 millones.
-Aportes a instituciones públicas: Entre el 2019 y el 2020, se aportaron más de ¢123.237 millones a varias instituciones, por cargas parafiscales, pero el proyecto no establece qué pasará con esas fuentes de recursos.
-Subasta: El proyecto convierte al Consejo de Gobierno en accionista de la sociedad anónima, pero es un órgano político integrado del presidente y sus ministros, no habilitado como órgano de administración activa, sin esquemas de control y supervisión.
-Incertidumbre: No se preparó al BCR para la venta ni se tomó en cuenta el contexto actual, de contracción económica y tasas de interés altas.
-Servicios: No se tiene claro qué pasará con los 11 servicios de carácter público que ofrece el banco, lo que incluye la emisión de licencias de conducir y pasaportes.
-Fiscalización: No se toma en cuenta autoridades de la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), ni de las superintendencias, además de que la Contraloría señaló la ausencia de controles legales.
-Fideicomisos: ¿Qué pasará con la administración de miles de millones de colones en fideicomisos de obra pública que tiene el BCR en ejecución y desarrollo? El plan no lo dice.
-Transparencia: Venta se daría fuera de los principios de contratación pública, sin uso de normas que contempla la Ley de Contratación Administrativa, sin parámetros para definir el porcentaje de comisión por la venta.
