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Siete diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Liberal Progresista (PLP) denunciaron al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, por un aparente recorte de ¢62.000 millones en los recursos que, por ley, el gobierno debe trasladar al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) para financiar las ayudas sociales.
En la denuncia planteada ante la Contraloría General de la República (CGR), los legisladores señalaron que hay un “desmantelamiento de la inversión social”.
El documento lo firmaron Montserrat Ruiz, Óscar Izquierdo, Alejandra Larios, José Francisco Nicolás y Gilberth Jiménez Siles, del Liberación, junto con Kattia Cambronero Aguiluz y Jorge Dengo Rosabal, del PLP.
Ellos argumentan que una reforma a la ley del Fodesaf, introducida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del 2018, estableció que la transferencia anual para ese fondo no puede ser inferior a la cantidad fijada en el presupuesto nacional del 2019.
La obligación se estableció después de que los diputados de ese entonces eliminaron el destino específico del impuesto sobre las ventas, reemplazado por el impuesto al valor agregado (IVA), que estaba destinado al Fodesaf y equivalía a 593.000 salarios base.
Según los legisladores, el aporte del 2024 es de ¢193.452 millones, por debajo de los ¢255.583 millones del 2019. Es importante señalar que el aporte estatal es adicional al 5% proveniente del pago de planilla recaudado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS
Por ello, lo congresistas solicitan a la Contraloría investigar las acciones del Ministerio de Hacienda y su titular, Nogui Acosta, para determinar si hay responsabilidades administrativas o penales.
Alegan que al recortar el presupuesto del Fodesaf, el ministro Acosta viola el principio de legalidad y, por ende, sus obligaciones como funcionario público.
Asimismo, los legisladores solicitan que, con base en esa investigación, la CGR determine si existen posibles responsabilidades administrativas y penales por parte de los funcionarios del Ministerio de Hacienda y de Nogui Acosta.
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Jorge Luis Araya Alpízar, director general de Presupuesto Nacional, confirmó por escrito a la diputada Ruiz que “la situación fiscal insostenible” de las finanzas públicas, debido al déficit, así como el tiempo requerido para la recuperación económica, fueron factores determinantes para la contención del gasto por parte del gobierno.
“La atención de los múltiples gastos prioritarios que demanda el país se ha venido enfrentando en un contexto fiscal y económico bastante adverso y complejo. Se espera que, conforme la situación fiscal mejore y la economía continúe por la senda de crecimiento prevista para este 2024, se esté en mayor capacidad para poder atender diversas necesidades que tiene el país”, comunicó Araya.
