EscucharUna mayoría de diputados de la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios evitó que el Gobierno tomara ¢1.900 millones del presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) para transporte estudiantil, y los trasladara al Ministerio de Seguridad Pública.
La decisión la tomaron ocho legisladores de cuatro partidos en la discusión de un presupuesto extraordinario para reforzar las labores de seguridad ciudadana.
El grupo votó a favor una moción que excluye ese recorte al MEP. En contra se manifestaron las diputadas oficialistas Pilar Cisneros y Ada Acuña, así como el legislador liberacionista Gilberth Jiménez.
Dicho monto, según la moción impulsada por los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP), Nueva República (PNR) y el Frente Amplio (FA), será transferido a las juntas de educación para que otorguen el subsidio de transporte a los estudiantes.
Luego, la comisión dictaminó afirmativamente el presupuesto extraordinario para Seguridad con ¢4.100 millones, en vez de los ¢6.000 millones solicitados por el Gobierno.
El plan busca abrir 300 plazas y financiar insumos básicos de policías, así como pasar ¢35,6 millones al Ministerio de Justicia y Paz para el pago de pólizas de responsabilidad civil de sus policías.
La partida que se pretendía recortar al subsidio del transporte estudiantil fue el punto del presupuesto más cuestionado por legisladores de oposición.
Antes del ajuste, el ministro de seguridad Pública, Mario Zamora, pidió mantener el presupuesto con el traslado de recursos del MEP. Añadió que ¢1.000 millones del total solicitado son para crear las nuevas plazas de policías.
De acuerdo con el jerarca, lo que ahora ocurre es una situación en la que la vida de personas y policías está en riesgo.
Los ¢4.100 millones que sí fueron aprobados provienen de partidas que estaban destinadas al Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes), con ¢700 millones; varios subprogramas del MEP como el de Hablemos Portugués, con ¢400 millones; expropiaciones del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), con ¢1.500 millones); y un cableado de telecomunicaciones para el aeropuerto de Limón, con ¢250 millones.
Además, se restan ¢650 millones al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) que estaban destinados a rubros como alquiler de equipos de cómputos, gastos de transporte, maquinaria, equipo y mobiliario, combustibles, materiales de limpieza y otros.
A ello se suman ¢200 millones del Consejo Técnico de Aviación Civil (CATC) y ¢200 millones del programa de Edificaciones Nacionales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), entre otros rubros.
