Diputados dictaminan plan para eliminar anualidades de 2021 y 2022

Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos dictaminaron afirmativamente este miércoles, de forma unánime, un proyecto de ley que eliminaría el pago de las anualidades de los funcionarios públicos correspondientes a los años 2021 y 2022.

De acuerdo con cálculos del Gobierno, el plan generaría un ahorro de ¢44.000 millones para Gobierno Central y de ¢23.000 millones para las instituciones autónomas.

Las anualidades consisten en un pago extra que se le adiciona a los salarios de los servidores públicos por cada año laborado.

El Poder Ejecutivo solicitó al Congreso esta medida para contener el deterioro de las finanzas públicas, el cual se vio acrecentado por la crisis económica de la pandemia.

El dictamen afirmado en la Comisión de Económicos se produjo después de que los diputados modificaron el proyecto con una moción de la liberacionista Silvia Hernández,

y otra del frenteamplista José María Villalta.

El objetivo original del Gobierno era frenar el pago de la anualidad del 2020, correspondiente al periodo 2019-2020; sin embargo, una serie de trabas legales y de tiempo frenaron esa intención.

Entonces, las ministras de Planificación, Pilar Garrido, y de Trabajo, Geannina Dinarte, plantearon que la suspensión del pago de la anualidad se hiciera para los periodos siguientes.

La Comisión decidió, también, que la medida aplicará para los funcionarios del Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios y órganos desconcentrados, así como los poderes Legislativo y Judicial, sus órganos auxiliares y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Además, el plan cubrirá a las entidades autónomas, las empresas públicas del Estado y las municipalidades.

La moción de Silvia Hernández establecía que las instituciones tendrían que pasar a Hacienda el dinero ahorrado con la eliminación de estas anualidades, para el pago de la deuda.

No obstante, este miércoles, mediante una moción del frenteamplista José María Villalta, se eliminó esa obligación, de manera que el ahorro le quedará a cada entidad pública.

El plan añade que, si bien no se pagará el incentivo, los funcionarios sí se sometarán a la evaluación del desempeño anual para todos los efectos, “excepto el pecuniario”.

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Esas evaluaciones se contabilizarán para efectos de referencia del rendimiento de las personas funcionarias, la determinación de años de servicio, el cálculo del pago de la cesantía y todos los demás extremos laborales para efectos de la finalización del servicio.

El proyecto también ordena que las instituciones no incluyan en sus presupuestos para los dos años siguientes los recursos para sumar estas anualidades, además de hacer los ajustes presupuestarios para que ese rebajo se refleje en sus planes de gastos.

La intención del Poder Ejecutivo era establecer, en el expediente 21.917, que el ahorro se destinara a la atención de la pandemia del coronavirus y sus efectos en el país, al asignarle el dinero al Fondo Nacional de Emergencias, administrado por la Comisión Nacional para la Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).

Sin embargo, en la moción de Silvia Hernández acogida por los legisladores, esa intención se eliminó, con lo que la reforma constituiría un ahorro.

Según Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), las modificaciones aprobadas a la iniciativa legal la hicieron realmente potable.

“Ahora sí, el proyecto es viable y tiene los efectos correctos para los tiempos que vivimos, es importante recalcar que es un texto distinto al planteado a la carrera por el Ejecutivo y que, con voluntad, los diputados hemos puesto empeño en que sea efectivo”, dijo el legislador.

El diputado del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), Luis Ramón Carranza, agregó: “La moción de Silvia Hernández fue la que tuvo consenso, básicamente se debió a eso y se quitó la coletilla de que los recursos fueran al Fondo de Emergencia. Yo no lo veo mal. Las comisiones no dependen de lo que uno quiera, sino de los consensos”.