EscucharCon siete votos a favor y dos en contra, los diputados de la Comisión de Económicos dictaminaron un proyecto de ley que fijaría precios de referencia en la importación de medicamentos.
La propuesta crearía un índice de precios denominado Precio de Referencia Internacional (PRI), el cual se elaboraría con base en metodología de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La metodología tomaría en cuenta factores como precios en el mercado local de los últimos 12 meses (que serán actualizados cada tres meses) y promedios de múltiples países con indicadores similares.
El objetivo es que el los precios del índice sean inferiores a los precios en el mercado nacional, de acuerdo con la diputada proponente del texto, María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Según su compañera Melina Ajoy, la idea de crear un índice referencial de importación de medicinas es incentivar a que no se incorporen sobrecostos en exceso con la nacionalización.
“Al ser de referencia, el mercado va a tender a ese precio; sin embargo, hay prácticas reguladas en la ley de competencia como prácticas anticompetitivas (como precio muy alto o precio muy bajo), que vienen en detrimento del mercado. Esas prácticas, son sancionadas por la ley 7472″, declaró.
Para implementar estos cambios, la iniciativa propone la creación de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, que pedirá la colaboración de OCDE para llevar a cabo estudios y revisar la metodología cada tres años.
Además, tendrá la tarea de establecer directrices para la formulación y regulación de la política de precios de los medicamentos, así como de supervisar los precios a nivel nacional e internacional.
La Comisión se encargará de mantener actualizadas las listas de precios y coordinar con entidades públicas la regulación de políticas de precios, tanto para compras directas como para ventas en el sector privado, según el texto.
En caso de que estas medidas no logren reducir los precios, según la iniciativa, la Comisión podrá intervenir con regulaciones temporales a la cadena de valor (distribución), aunque esta posibilidad ya está prevista en la Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.
La Comisión estará compuesta por representantes de diversas instituciones, incluyendo la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), el Ministerio de Salud, el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y el sector privado de farmacias y laboratorios.
Votaron a favor Waldo Agüero y María Marta Carballo, diputados de Gobierno; Vanessa Castro, del PUSC; Katherine Moreira, Kattia Rivera y Montserrat Ruiz, de Liberación Nacional (PLN); y Olga Morera, de Nueva Rpública (PNR).
En contra, se pronunciaron Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLN(; y Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA).
Importación paralela y homologación
En cuanto a las importaciones paralelas, el plan permite a las droguerías nacionales y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) realizar importaciones directas de medicamentos, a través de importadores o droguerías ubicados en cualquier país que esté respaldado por una autoridad reguladora reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), obviando así a los laboratorios.
Entre estas autoridades se incluyen la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), así como otras autoridades sanitarias enumeradas en la Lista de Autoridades Reconocidas por la OMS (WLAs, por sus siglas en inglés).
“Estarán sujetos a la importación paralela, cualquier medicamento que cuente con registro sanitario en el país, excepto los medicamentos estupefacientes con alto poder adictivo, y biológicos de cadena de frío o congelamiento”, dice el texto.
Por otra parte, el Ministerio de Salud llevará a cabo la inscripción homóloga e inmediata de los registros sanitarios de medicamentos que ya estén debidamente registrados ante la FDA, EMA la WLAs, lo que facilitaría la inscripción de nuevos fármacos, al igual que lo determinó un decreto del actual gobierno publicado en junio del 2022.
Sin embargo, los medicamentos clasificados como productos multiorigen o innovadores (nuevos) de origen alterno, que sean considerados de riesgo sanitario según los estándares sanitarios y estén incluidos en la lista de prioridades establecida por el Ministerio de Salud, deben demostrar su equivalencia terapéutica para su registro mediante documentación que respalde estudios.
La realización de estos estudios debe ajustarse con criterios fisicoquímicos, biofarmacéuticos, farmacoepidemiológicos y clínicos.
La redacción del proyecto presentada por la subcomisión, conformada por Carballo y la legisladora liberacionista Kattia Rivera, eliminó la prohibición de que personas y empresas con vínculos comerciales e incluso de parentesco, participaran en varios segmentos de la cadena de valor (distribución).
Esta restricción se habría aplicado a la propiedad simultánea de laboratorios, droguerías y farmacias, con el objetivo de prevenir influencias indebidas en las decisiones de las demás partes.
Además, la nueva redacción también excluyó la propuesta de eliminar contratos, cláusulas o prácticas que promuevan la exclusividad en la distribución y venta de medicamentos.
