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Los diputados disidentes de sus partidos cobraron un importante protagonismo esta semana.
Gloria Navas se independizó del Partido Nueva República (PRN) el lunes 29 de abril. Una vez separada del fabricismo, afirmó que ahora puede actuar libre de cálculos electorales. Solo cuatro días después, el viernes 3 de mayo, envió un mensaje al chat en el que están los 57 diputados, incluidos los oficialistas, llamando a desarrollar acuerdos ciudadanos para proteger al país del mandatario Rodrigo Chaves, a quien calificó como un “peligro” para la democracia.
Con su disidencia, Navas perdió la oportunidad de seguir en la vicepresidencia de la Asamblea Legislativo. El gobierno la quiere fuera de la Comisión de Seguridad y, ahora, no solo tiene en contra al Poder Ejecutivo, sino también al fabricismo.
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Por su parte, la diputada Luz Mary Alpízar votó en contraposición a sus ocho compañeros del Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Ella votó por el liberacionista Rodrigo Arias para la presidencia legislativa y luego se autopostuló para la primera prosecretaría, obteniendo 40 votos a favor, una de las votaciones más altas de la elección del miércoles 1.° de mayo, pero ninguno de sus compañeros votó por ella.
La situación de Luz Mary Alpízar es particular, porque ella es la presidenta del PPSD, partido que trató de expulsar a los ocho diputados de gobierno dirigidos por Pilar Cisneros. Sin embargo, una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) los mantuvo en la bancada de Progreso. Alpízar diside del resto, pero en la práctica, Cisneros es la vocera de la fracción de gobierno.
María Marta Padilla sí optó por declararse independiente de Progreso y, junto a Luz Mary Alpízar, se convirtió en uno de los primeros votos que acercaron a Arias a la presidencia del Congreso.
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Los otros dos diputados disidentes son Vanessa Castro y Carlos Felipe García, de la Unidad Social Cristiana (PUSC). Ambos se separaron de la línea de fracción del PUSC, que buscaba colocar al socialcristiano Horacio Alvarado como presidente legislativo.
Pareciera que, para Castro y García, resultó inaceptable que el PUSC hubiese pedido el apoyo del presidente Rodrigo Chaves para ganar el Directorio. Ambos dijeron que optaron por apoyar al liberacionista Rodrigo Arias para proteger la división de poderes y la democracia.
Si bien se declaran orgullosos socialcristianos y miembros de la bancada del PUSC, el 1.° de mayo exhibieron una separación de hecho: desayunaron separados del resto de legisladores rojiazules, se fotografiaron separados y votaron de forma distinta.
García obtuvo la primera secretaría del Directorio sin el apoyo de los otros siete de los diputados del PUSC; de la Unidad, solo recibió el voto de Castro. El resto del PUSC salió con las manos vacías de la elección interna, al igual que la bancada de gobierno.
Esta fotografía del fotoperiodista Rafael Pacheco Granados nos permite hacer una transición hacia el siguiente tema:
El jueves 2 de mayo, al día siguiente de la elección interna de la Asamblea, el presidente Rodrigo Chaves pronunció su segundo discurso anual ante la Asamblea Legislativa, el cual cerró anunciando un posible referendo para someter a votación varios proyectos de ley.
Mencionó, por ejemplo, la venta del Banco Costa Rica (BCR), el plan de jornadas laborales 4/3 y una reforma a la Ley de Contratación Pública con la que el gobierno busca adjudicar el desarrollo de Ciudad Gobierno de forma directa al Banco Centroamericano de Integración (BCIE).
Según la Contraloría General, este último plan es inconstitucional porque permitiría al gobierno hacer contrataciones a dedo. Para aclarar dudas, la ley de referendo permite al TSE consultar a la Sala IV la constitucionalidad de los textos antes de proceder con una consulta popular.
Otro proyecto mencionado por Chaves es una reforma que ha sido criticada por ambientalistas y bombardeada por Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA) con mociones. Se trata de un plan que permitiría al ministro de Ambiente tener la última palabra en cuanto al otorgamiento de la viabilidad ambiental a proyectos de construcción, labor que hoy recae en la Setena (Secretaría Técnica Nacional Ambiental).
Además, el gobernante propuso llevar a referendo el plan para eliminar las tarifas mínimas fijadas por ley para colegios profesionales como el de Médicos.
De los proyectos planteados, ninguno es una reforma de gran calado, con excepción de la venta del BCR. No se asemejan a lo sucedido con el tratado de libre comercio con Estados Unidos, por ejemplo.
Muchos de estos textos se pueden tramitar por la vía ordinaria, aunque ello no garantiza su aprobación, sobre todo porque el gobierno no ha tenido el músculo necesario de negociación en el Congreso.
El miércoles 1.° de mayo, el gobierno convocó su agenda de proyectos para sesiones extraordinarias, incluyendo estos y otros proyectos, como el de reforma al impuesto de renta, un tema que no se puede someter a referendo debido a las limitaciones fijadas por la ley. Esta sí es una reforma de peso.
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Chaves dijo que la posibilidad de referendo dependerá de una negociación con el nuevo Directorio legislativo y se quejó de que el Congreso ha aprobado pocos proyectos del Poder Ejecutivo.
Después del discurso presidencial, llegó la réplica del jerarca legislativo, Rodrigo Arias, quien advirtió a Chaves de que está llevando la democracia de Costa Rica hacia el despeñadero, con un “innecesario discurso confrontativo”.
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Le citó que Costa Rica es hoy el país con mayor pobreza y desigualdad entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y señaló que la idea de usar el referendo es “caprichosa y vengativa”.
“Este parlamento no permitirá que nadie socave nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia. Por eso le digo, señor presidente: rectifique. Tener diferencias de visiones es solo natural, pero lo que no es costarricense es dejar que nuestras diferencias nos impidan acercarnos a una ruta de entendimiento”, dijo el jerarca del Congreso.
Le saluda Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación.
