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Diputados de varias fracciones legislativas plantearon una serie de dudas y preocupaciones sobre el proyecto para reducir por un año, en un 15%, las jornadas y los salarios de los funcionarios públicos que ganan más de ¢1,5 millones.
El plan fue planteado por el Gobierno con el fin de atenuar el gasto público durante la crisis económica.
Los cuestionamientos van desde el eventual impacto a los ingresos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hasta la afectación a los salarios de los empleados de las instituciones públicas, o si podrían comprar más comida y llevar su carro al taller.
Luis Fernando Chacón, jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), manifestó que les preocupa la posible afectación que tenga el sector público en los ingresos por el impuesto sobre la renta y las cuotas obrero patronales a la CCSS pues, al reducirse los salarios en un 15%, se reducen esos aportes.
“Hay que hacer toda una valoración, revisar si la medicina no es peor que el mal. Liberación Nacional estará revisando esto con mucho detalle, porque me parece que el Gobierno sigue improvisando en las propuestas macroeconómicas”, alegó.
La propuesta plantea una excepción: no tocaría a los funcionarios de las instituciones directamente relacionadas con la primera línea de combate a la pandemia del covid-19, como los de la CCSS y del Ministerio de Salud.
La jefa del Partido Restauración Nacional (PRN), Xiomara Rodríguez, aseguró que las dudas que ellos tienen son las que les han enviado muchos funcionarios públicos a sus redes sociales.
Adujo que a una persona que tenga de salario ¢1,5 millones, ya le “rebajan casi ¢300.000 en cargas sociales, más los compromisos de préstamos de casa, gastos, deudas de tarjetas, le queda básicamente para servicios públicos y alimentación”.
“No vemos que golpear los salarios de las personas sea la solución, porque vamos a contraer la economía, la persona no va a tener para comprar un poco más de comida ni llevar el carro al taller, para sustentarse un poco más”, dijo Rodríguez.
Añadió que al recortar los salarios públicos de funcionarios mejor pagados, por un año, están “golpeando lo que el ciudadano pueda hacer o en lo que pueda invertir en estos momentos”.
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Según Pilar Garrido, ministra de Planificación y Política Económica, la medida de recorte cubriría a unos 30.000 funcionarios públicos, el 10% de toda la burocracia y generaría un ahorro aproximado de ¢130.000 millones aun descontando la rebaja en la recaudación del impuesto de renta a los salarios.
Las normas del proyecto alcanzan a los trabajadores de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), órganos desconcentrados adscritos a los ministerios, instituciones autonómas y semiautonómas, empresas públicas del Estado y las municipalidades.
Ese recorte también les aplicaría a los diputados y a las superintendencias. Las instituciones que están fuera de la esfera del Gobierno tendrían que pasar los recursos ahorrados al Ministerio de Hacienda, para ayudar a paliar el déficit financiero.
La subjefa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Shirley Díaz, adujo que el tema aún no se discute dentro de la fracción rojiazul.
A título personal, María Inés Solís dijo que el proyecto le parece un “mamarracho” y dijo que está muy mal hecho.
“Ese proyecto no es el correcto. Solo de entrada, con las excepciones, es totalmente discriminatorio e inconstitucional, eso no dura en la Sala Constitucional ni cinco minutos”, afirmó.
Solís añadió que, a su juicio, el plan no toca salarios de diputados ni ministros, por lo que cree que debería haber una cláusula para un recorte parejo. “El sector privado la ha visto feísima y el sector público también tiene que aportar”, dijo.
Ella alegó que hay una propuesta del jefe de la Unidad, Rodolfo Peña, en el Congreso desde abril, que es “el adecuado”.
Esa iniciativa parte también de la base de ¢1,5 millones, pero cobrando un impuesto del 25% sobre el exceso de ese monto. De esa forma, un salario de ¢2 millones pagaría el 25% de ¢500.000 y un salario de ¢3 millones pagaría esa tasa sobre ¢1,5 millones.
“Para mí es pura hipocresía del Gobierno, que dice ‘ya presenté eso y que los diputados lo archiven, yo cumplí‘. Si quieren presentar un proyecto, que hagan el trabajo bien y no presentar este ridículo para culpar a los diputados”, acusó.
Por su parte, el expresidente legislativo, el liberacionista Carlos Ricardo Benavides, cuestionó que no se hubiera hablado el proyecto con las diferentes tiendas políticas antes de llevarlo a la corriente legislativa.
“No sabemos cómo lo armaron, ni las implicaciones de su aplicación. No entiendo bien por qué el Gobierno escogió la vía del recorte al tiempo laborado, en lugar de un impuesto solidario”, acotó Benavides.
Aunque el liberacionista afirma que está convencido de que todos los sectores tienen que aportar, incluyendo “los funcionarios públicos, comenzando por los diputados”, acotó que la forma es algo que se debe revisar mucho.
Este martes, durante una comparecencia en la Comisión de Hacendarios, la independiente Ivonne Acuña y el frenteamplista José María Villalta también cuestionaron a Garrido por la propuesta.
El del Frente Amplio la criticó, sobre todo, por el impacto a las finanzas de la CCSS.
