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Luego de aprobar el proyecto de ley para sancionar a las personas jurídicas por el delito de soborno transnacional, el lunes en primer debate, los legisladores corren para hacerle cambios de fondo a la iniciativa legal.
La idea es utilizar un mecanismo reglamentario llamado retrotracción, para devolver el proyecto de ley a antes del primer debate, hacerle una cirugía al proyecto en plenario, a vista de los diputados, cerrarlo y volver a votar en primer debate.
La intención es bajar el piso de las multas que se le aplicarían a las empresas que sobornen a funcionarios públicos, pues tal como quedaron esas sanciones económicas, una empresa que incurra en sobornos tendría que pagar entre ¢446 millones y ¢4.462 millones.
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Ahora, la idea es que las multas vayan de forma escalonada, según el delito cometido y el tamaño de la empresa, desde los ¢100 millones hasta los ¢4.462 millones.
El lunes, 43 legisladores aprobaron el proyecto de ley 21.248, en su primer debate. Unos días antes, el jueves 30 de mayo, el expediente se había frenado, por dudas que lanzaron Pedro Muñoz y María Inés Solís, de la Unidad Social Cristiana.
Este miércoles, por la mañana, jefes de varias fracciones parlamentarias estuvieron reunidos por casi dos horas, tratando de acordar un mecanismo que permita devolver el plan al trámite anterior al primer debate y cambiar el piso de las multas.
El presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, explicó que surgieron dudas en varias fracciones políticas, específicamente porque consideran que pagar ¢446 millones podría ser una sanción desproporcionada, cuando se trate de pequeñas y medianas empresas que paguen sobornos.
“Efectivamente, la legislación, si bien está pensada en principio para el soborno internacional, al final de cuentas sería aplicable para todas las empresas nacionales. El piso de las multas, para efectos de una empresa costarricense mediana significaría, básicamente, la extinción”, adujo Benavides.
Según el liberacionista, se trata de un asunto de proporcionalidad. Consultado sobre la posibilidad de que, a estas alturas del trámite del proyecto, las dudas vengan de fuera, Benavides dijo que así lo supone, pero que no tiene idea de quiénes se han comunicado con los congresistas que lanzaron dudas sobre esas multas.
El proyecto para endurecer la legislación anticorrupción y elevar las penas por dar o recibir sobornos, sean domésticos o transnacionales, es uno de los requisitos exigidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para que Costa Rica ingrese entre sus miembros.
Según Benavides, la preocupación por multas desproporcionadas sí caló en las fracciones, a diferencia de otras preocupaciones de los socialcristianos, como la de juzgar por vía penal a las personas jurídicas o la manifestada por la Defensa Pública, de asignarles a ellos la representación de las empresas rebeldes.
El jefe del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Mora, dijo que el acuerdo llevó varias horas y que la premura se debe a que el plazo máximo para aprobar el proyecto y reportar el avance en la materia es el próximo lunes.
“El tema se ha discutido por todos lados, pero hay gente que no está de acuerdo con esto y anda buscando pelos en la sopa. La idea es buscar un mecanismo y que las cosas sigan funcionando”, informó el vocero oficialista.
Pedro Muñoz, del PUSC, dijo que sus dudas sobre la iniciativa legal son más “conceptuales” y que él no se ha metido tanto en la discusión sobre las multas.
