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Este jueves, en el cuarto día de discusión en el plenario de la Asamblea Legislativa, los diputados aprobaron en primer debate un proyecto de ley que eliminará el pago de las anualidades de los próximos dos años a los funcionarios públicos.
La iniciativa respeta las anualidades acumuladas de cada servidor, así como su sueldo completo, pero impedirá que se les sumen al salario los pluses correspondientes a los años 2021 y 2022.
En el sector público, una anualidad consiste en un pago extra sobre el salario base por cada año laborado. Este es el incentivo que más recursos consume en el Gobierno, pues tiene un efecto acumulativo que crece conforme pasa el tiempo.
Solo el próximo año, las anualidades les demandarán a los contribuyentes un monto de ¢316.320 millones, mucho más de los ¢277.000 millones que generaría, en cuatro años, el aumento al impuesto de renta a los salarios que la administración de Carlos Alvarado propone en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
De hecho, en esa misma propuesta de estabilidad económica para el FMI, el Gobierno planteó eliminar las anualidades por un plazo de cuatro años, para lo cual estimó un ahorro de ¢219.000 millones.
Después de las anualidades, el segundo incentivo de mayor costo es la dedicación exclusiva, que requiere de ¢155.000 millones en el Presupuesto Nacional del 2021.
En la reforma fiscal del 2018, las anualidades fueron convertidas en montos nominales, es decir, montos fijos, con la intención de atenuar el crecimiento, pues antes eran porcentajes del salario. Eso provocaba que, cada vez que subían los salarios, subían las anualidades.
Enrique Sánchez, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), informó de que, ahora, con la propuesta al FMI, la intención del Gobierno es que el Congreso apruebe otro proyecto para eliminar dos anualidades adicionales, las del 2023 y 2024.
La iniciativa para eliminar las dos próximas anualidades tuvo el voto favorable de 32 legisladores, mientras que ocho se manifestaron fuertemente en contra.
El plan impulsado por el Poder Ejecutivo pretende ahorrar cerca de ¢67.000 millones: ¢44.000 millones en el Gobierno Central y ¢23.000 millones en las instituciones autónomas.
Ahora, el trámite que sigue es el segundo y último debate, que estaría previsto para el martes 6 de octubre.
El proyecto introduce, básicamente, un transitorio a la ley 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública, donde se establece la autorización al Estado para que no se les gire a los servidores públicos el “pago por concepto del monto incremental de las anualidades, correspondiente a los periodos 2020-2021 y 2021-2022”.
Justo después de la votación, la diputada liberacionista, Silvia Hernández, le envió una carta al ministro de Hacienda, Elian Villegas, para pedirle, con urgencia, reportar oficialmente el monto de ahorro que este proyecto tendrá en el Presupuesto Nacional del 2021, a fin de incorporarlo de inmediato, ahora que el Congreso discute el plan de gastos de casi ¢11,5 billones (millones de millones).
Luis Ramón Carranza, de Acción Ciudadana (PAC), dijo que, si se aprobó la eliminación de las anualidades, también urge sacar adelante el proyecto de Hacienda Digital para atacar la evasión fiscal: “Apurémosle, carajo, porque aquí está el proyecto para modernizar Hacienda y nosotros salimos de aquí a vociferar por la evasión, pero a eso no le damos vía rápida para que salga”.
Por su parte, la subjefa de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Shirley Díaz, justificó su voto en contra con el siguiente argumento: “Disminuir los ingresos de los funcionarios públicos que, en este momento, son parte del pobre motor económico que mantiene el consumo y nuestra decadente economía atenta contra uno de los principios más sagrados del socialcristismo: gestionar para los costarricenses un empleo digno, un trabajo decente y bien remunerado, que permita la interacción correcta entre patrono y trabajador”.
Votaron en contra Franggi Nicolás y David Gourzong, del PLN; Shirley Díaz del PUSC; Wálter Muñoz y Patricia Villegas, del PIN; José María Villalta, del Frente Amplio; Otto Roberto Vargas, del Republicano; y el independiente Dragos Dolanescu.
Esta es la lista de diputados que se pronunciaron a favor de suprimir las dos anualidades:
PLN
Luis Fernando Chacón
Ana Lucía Delgado
Paola Valladares
Wagner Jiménez
Luis Antonio Aiza
Gustavo Viales
Aida Montiel
Carlos Ricardo Benavides
PAC
Catalina Montero
Víctor Morales Mora
Mario Castillo
Enrique Sánchez
Nielsen Pérez
Paola Vega
Luis Ramón Carranza
Laura Guido
Welmer Ramos
PUSC
Pedro Muñoz
María Inés Solís
Pablo Heriberto Abarca
María Vita Monge
Rodolfo Peña
PRN
Eduardo Cruickshank
Xiomara Rodríguez
Mileidy Alvarado
Floria Segreda
Independientes
Zoila Rosa Volio
Ignacio Alpízar
Harllan Hoepelman
Carmen Chan
Jonathan Prendas
Marulin Azofeifa
