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Los diputados aprobaron, este jueves, un proyecto de ley para eliminar dos de los tres castigos que ellos mismos impusieron, en abril pasado, por violaciones a la restricción vehicular sanitaria.
Específicamente, aprobaron un proyecto de ley del socialcristiano Pablo Abarca, apoyado por casi 30 legisladores más, para eliminar el castigo de seis puntos menos a la licencia y el retiro de las placas para los vehículos que incumplan con esa restricción.
Aunque originalmente el plan proponía reducir las multas de ¢107.000 a ¢23.000, finalmente un acuerdo político entre las bancadas legislativas mantuvo la sanción pecuniaria.
Diputados y diputadas consideran que esa multa debe ser suficientemente disuasoria para que los conductores respeten la medida adoptada por el Gobierno en el contexto de la emergencia nacional por la pandemia.
La modificación de las sanciones se aprobó por unanimidad, con 44 votos a favor.
Una moción aprobada a último minuto también estableció que los dineros recaudados por esas multas se trasladen a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La reducción de las multas fue eliminada mediante una moción apoyada principalmente por Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional (PLN) y Restauración Nacional (PRN).
El proponente del texto, Pablo Heriberto Abarca, afirmó que la Unidad Social Cristiana (PUSC) se mantuvo hasta el final a favor de bajar la sanción, pero, aun así, consideró que el resultado fue un éxito, pues se eliminaron los otros dos castigos.
En su criterio, imponer tres castigos era abusivo y, ahora, se liberó a los conductores de una parte de la burocracia estatal.
Hasta principios de setiembre, los infractores de la restricción vehicular sanitaria habían dejado más de ¢1.065 millones para la atención de la pandemia.
De acuerdo con datos del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), para esa fecha se han realizado casi 28.000 boletas por violar la medida.
El Gobierno se había opuesto a la disminución de las multas al argumentar que una penalización más baja podría motivar a muchas personas a incumplir la disposición y así aumentar los contagios de covid-19.
El Ejecutivo argumentó que, con la restricción vehicular sanitaria, implementada desde abril, se ha identificado una disminución en las atenciones por accidentes de tránsito que llegan al servicio de emergencia de los centros médicos, permitiendo mayor disponibilidad hospitalaria para abordar la emergencia sanitaria.
Enrique Sánchez, jefe de fracción del PAC, expresó en el plenario que los ministerios de Salud y Transportes, así como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), expresaron su preocupación por intentar eliminar esta mediada disuasiva.
“Yo hubiera optado por mantener la restricción completa, pero entiendo, en el ánimo de la construcción de un acuerdo mayoritario, la necesidad de corregir algunos aspectos que parece que no estaban funcionando bien, como el retiro de las placas, debido a la capacidad del mismo Cosevi (Consejo de Seguridad Vial)”, dijo.
